VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Ante la denuncia de presunto tráfico de influencias y cohecho en la compra millonaria de alimentos para niños en el Sistema DIF Tabasco, la institución respondió que todas sus actuaciones “se encuentran apegadas a las disposiciones legales vigentes”. Y expresó que cualquier denuncia “sobre posibles actos que se aparten de la legalidad”, será atendida por las autoridades competentes “a fin de esclarecer los hechos y tomar las medidas pertinentes”. El jueves pasado el priista Mario Llergo Latourniere denunció tráfico de influencias y cohecho en la compra de más de 20 millones de pesos de alimentos para el DIF-Tabasco, en beneficio de familiares del director de Asuntos Jurídicos de la institución, Sergio Eduardo Pulido Pérez. A través de un comunicado el DIF estatal explicó que su propósito es procurar “el mayor bienestar de personas” que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, “más allá de descalificaciones sin fundamento”. Para ello, subrayó, se desarrollan programas dirigidos a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y en general toda aquella persona que requiera de la asistencia social. Además subrayó que el DIF desarrolla los procesos adquisitivos que establecen la Constitución Política del Estado, así como sus disposiciones legales y reglamentarias, “teniendo el pleno y absoluto compromiso de que en todos los actos relativos se aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad”. “El Sistema DIF Tabasco asume que el respeto a la Ley, es el respeto a la voluntad de la ciudadanía, por lo que todas sus actuaciones se encuentran apegadas a las disposiciones legales vigentes”, sostuvo la institución en su comunicado. Por su parte, Llergo Latourniere, quien denunció el presunto tráfico de influencias y cohecho, llamó a un noticiero de radio local para reclamar que el DIF-Tabasco no haya separado “de inmediato” al funcionario implicado, en tanto se investigan los hechos. El también exsecretario de Organización del PRI estatal y uno de los coordinadores de campaña del excandidato a la gubernatura, Jesús Alí de la Torre, anunció que está preparando la denuncia que interpondrá ante la secretaría de la Función Púbica, ya que los recursos que utilizó el DIF-Tabasco para la cuestionada compra de alimentos son recursos federales del Ramo 33. El jueves en una rueda de prensa, en la que denunció el presunto tráfico de influencias y cohecho en beneficio de familiares del director de Asuntos Jurídicos del DIF-Tabasco, Llergo Latourniere mostró el acta constitutiva 1899 protocolizada por el notario público número 11, Carlos Camelo Cano, donde se menciona que el 30 de agosto de 2013 se creó la empresa Empacadora Brissa SA de CV. Ese mismo día, la empresa se inscribió en el Instituto Registral del Estado de Tabasco y se dio de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Un mes y medio después, el 22 de octubre, obtuvo dos contratos: el CVDI-71/13 por 11 millones 918 mil pesos y el CVDI-72/13 por 8 millones 512 mil pesos para la adquisición de alimentos para niños menores de cinco años, “aún y cuando otras firmas presentaron mejores propuestas”, aseguró Llergo Latourniere. Según el priista el socio mayoritario y administrador único de la Empacadora Brissa es Juan Antonio Herrero Pérez Rioja, concuño de Sergio Eduardo Pulido Pérez, director de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del DIF-Tabasco, segundo vocal del Comité de Compras y encargado del portal de Transparencia de la institución. Además afirmó que el Comité de Compras el DIF fue el que hizo todo el procedimiento administrativo hasta declarar ganadora a la empresa Brissa y que Consuelo María Caraveo Pacheco, suegra de Pulido Pérez y de Juan Antonio Herrero, figura como una de las tres personas con poderes amplios en la empresa, según el acta constitutiva. El domicilio fiscal que registró la citada empresa, dijo, es el departamento 2-A, ubicado en la calle Miguel Hidalgo número 309 de la colonia Rovirosa de Villahermosa, en una modesta zona habitacional. Llergo Latourniere criticó que se estén creando empresas “al vapor” para realizar negocios al amparo del gobierno de la alternancia y cuestionó si el gobernador Arturo Núñez y su esposa Martha Lilia López, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, no estaban enterados de este caso.