Denuncian presunta corrupción en el DIF Tabasco

miércoles, 19 de marzo de 2014
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Rogers Arias García, denunció que el año pasado el DIF estatal compró alimentos a una sola empresa, sin licitación de por medio, por más de 102 millones de pesos. Además, adelantó que acudirá al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) para solicitar documentos, y posteriormente presentará una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo “en contra de quienes resulten responsables, porque hay sospecha de que están implicados familiares y parientes de funcionarios del gobierno”. En rueda de prensa, el legislador petista exhibió copias del contrato CVDI-004/13 por 102 millones 766 mil 269 pesos con 75 centavos a favor de la empresa Grupo Hermanos Juárez, S.A. de C.V., sin que haya información sobre licitación previa. Explicó que desde el 23 de abril de 2013 aparece en el portal de Transparencia del DIF-Tabasco “una relación simple” de compras de la dependencia, no así el contenido de este contrato que, “según trascendidos”, dijo, se firmó el año pasado bajo la modalidad de invitación restringida “a tres proveedores amigos para beneficiar a uno de ellos”, no mediante licitación pública nacional o estatal. Informó que el contrato fue para comprar alimentos de desayunos escolares de mayo a diciembre de 2013, y que el tema no cobraría relevancia si se hubiese transparentado la asignación, pues el documento no aparece en el portal de Transparencia del DIF, ni en el de la Secretaría de Contraloría del estado. El diputado petista exigió al gobierno de Arturo Núñez Jiménez que aclare ante el pueblo de Tabasco “esta compra millonaria y dé a conocer el contenido del contrato, así como en la modalidad que se asignó”. El gobierno debe investigar estos dos casos de presunta corrupción y “cuidar la imagen” de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Martha Lilia López Aguilera, esposa del gobernador Arturo Núñez, dijo. De lo contrario, advirtió, la opinión pública creerá que “doña Martha Lilia López y sus funcionarios están actuando con dolo y mala fe”. Añadió: “El gobierno tiene la obligación de investigar a los funcionarios para que el DIF trabaje con transparencia y esto no se convierta en un asunto muy delicado que manche al gobierno del cambio”. Asimismo, recordó que la semana pasada el abogado Mario Llergo Latourniere, coordinador de campaña del excandidato a la gubernatura, Jesús Alí de la Torre, también denunció la compra de más de 20 millones de pesos de alimentos en 2013 a la Empacadora Brissa, SA de CV, de la que es propietario Juan Antonio Herrero Pérez Rioja, concuño de Sergio Eduardo Pulido Pérez, director de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del DIF-Tabasco, además de segundo vocal del Comité de Compras de la institución. Y su suegra, Consuelo María Caraveo Pacheco, figura como una de las tres personas con poderes amplios en la Empacadora Brissa, según el acta constitutiva de la empresa. El secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, informó que por instrucciones del gobernador Arturo Núñez se abrió una investigación sobre la denuncia del priista Mario Llergo Latourniere.  

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