COLIMA, Col. (apro).- Comuneros del pueblo indígena de Zacualpan se instalaron esta tarde en plantón frente al Palacio de Gobierno de esta capital, para exigir que se reconozca su rechazo a la explotación de una mina de oro en su territorio, y para exigir la destitución de la directiva de Bienes Comunales que encabeza Carlos Guzmán Teodoro. Por la mañana, integrantes del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), acudieron a las oficinas de la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN), donde entregaron toda la documentación requerida para la inscripción del acta de la asamblea del pasado 23 de febrero, pero después de varios aplazamientos, una empleada les dio un nuevo plazo de 20 días hábiles para darles una respuesta. “Se están burlando de nosotros”, declaró Jesús Santos Quirino, miembro del CIDTZ, quien advirtió que después de cuatro meses de movilizaciones contra el proyecto minero las autoridades no le han hecho caso en sus demandas, a pesar de una serie de marchas y del reciente cierre del sistema de bombeo que abastece de agua potable a la capital del estado. Al mediodía, una comisión de manifestantes se entrevistó con el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, quien les ofreció apoyo del Departamento Jurídico del gobierno estatal para gestionar una entrevista con el delegado del RAN, Miguel Barragán Ornelas, con el propósito de lograr la agilización del trámite. Acompañados por dirigentes del grupo ambientalista Bios Iguana y del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental, los comuneros solicitaron al funcionario estatal retirar los constantes patrullajes de la policía estatal en la comunidad de Zacualpan, pues su presencia ha sido interpretada como un hostigamiento constante contra los lugareños que se han movilizado contra el proyecto minero. Sin comprometerse a gestionar una medida de ese tipo, Rueda Sánchez sólo dijo que hablará con los titulares de las corporaciones policíacas para que los rondines sean realizados de otra manera, y aseguró a los integrantes del CIDTZ que no existe ninguna orden de proceder en contra de quienes tomaron el sistema de bombeo del manantial ubicado en Zacualpan. Por separado, Gabriel Martínez Campos y Esperanza Salazar Zenil, dirigentes de Bios Iguana, enviaron un oficio al gobernador, Mario Anguiano Moreno, en el que le reclaman por una declaración pública en la que, sin mencionarlos por sus nombres, veladamente los acusó de generar conflictos en Zacualpan para obtener beneficios particulares. Señalaron que el mandatario “de manera muy sugerente nos acusa de estar provocando los actuales sucesos, tratando de criminalizar nuestra actuación de asesoría técnica y jurídica en este conflicto, ya que no existe otra agrupación directamente involucrada en este proceso y ha generado una ‘cacería de brujas’ a través de quienes sí lo pueden decir directamente de manera pública en relación con nuestras personas en los medios de comunicación”. Salazar y Martínez estimaron que con las declaraciones del gobernador “se busca intimidar nuestra actuación con acusaciones poco estables, dolosas y que sólo facilitan mayor erosión y credibilidad en las instituciones”. Esta tarde, entre mantas y carteles con leyendas de rechazo a la mina y la exigencia de respeto a su autonomía, los comuneros de Zacualpan, plantados en el Jardín Principal de esta capital, realizaron un acto público en el que informaron a la población las razones de su movimiento, repartieron volantes entre los transeúntes y recibieron el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil.