PUEBLA, Pue. (apro).- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusó al gobernador Rafael Moreno Valle de encabezar un gobierno antidemocrático, que acapara las funciones ejecutivas y legislativas, por lo que anunció que iniciará un proceso ante el Senado para exigir la desaparición de poderes en Puebla. En rueda de prensa, René Sánchez Galindo, abogado e integrante del Consejo Nacional del partido de Andrés Manuel López Obrador, puso como ejemplo las recientes reformas legislativas en materia de agua y de expropiaciones que se presentaron, discutieron y aprobaron en el Congreso local en cuestión de horas. “Se aprueban “fast track”, son albazos legislativos, sin discusión, sin reuniones, sin consultarlo con expertos, a espaldas de la ciudadanía. No hay debate, no hay democracia, no hay división de poderes. El Ejecutivo es un Virrey y el Legislativo es una oficina de correspondencia”, expuso. En la conferencia también estuvo presente la secretaria de la Defensa de la Soberanía, el Medio Ambiente y Patrimonio Nacional de Morena, Teresa Guadalupe Reyes, quien dijo acusó al mandatario poblano de “privatizar” del servicio de agua potable en la entidad. Los integrantes de Morena refirieron que en los últimos siete meses la ley de Agua del Estado ha sido reformada tres veces, como parte del procedimiento para concesionar el servicio de agua potable y alcantarillado a una empresa privada, la cual, adujeron, podrá realizar embargos de propiedades a los morosos, pues los adeudos serán considerados créditos fiscales. Según la información con la que contamos, mencionó Sánchez Galindo, las iniciativas entraron por parte del gobernador Rafael Moreno Valle. La primera se aprobó en septiembre de 2013, la segunda en noviembre del mismo año y, la más reciente, a principios de mes, ya con la nueva Legislatura. Esta última reforma permite aumentar las tarifas mensualmente a los usuarios y los obliga a adquirir un medidor del servicio. Otra de las reformas que mencionaron fue la aprobada el 13 de marzo – apenas unas horas después de que fue presentada- en relación a la Ley de Expropiaciones del Estado, para permitir al ejecutivo estatal decretar expropiaciones “exprés” por utilidad pública y que el derecho de audiencia se otorgue ya sobre el acto ejecutado. Igual ha ocurrido con otras modificaciones legislativas como la de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) para concesionar el servicio de alumbrado público en distintos municipios. “Resulta que el gobernador está acaparando en su persona varias de las facultades que no le competen, porque en este estado se han aprobado leyes en horas y otras en días, violentando los procedimientos legislativos”, advirtió Reyes. Agregó que empezarán a reunir las pruebas que requieren para llevar el caso al Senado, porque de verificarse esta situación, el Ejecutivo estatal estaría adoptando una forma de gobierno no republicana, no democrática y sin división de poderes. En términos de la fracción V del artículo 76 de la Constitución, expuso, Morena solicitaría declarar desaparición de poderes, para convocar a elecciones extraordinarias. Sánchez Galindo mencionó que la forma en que se demostraría que en Puebla no se respeta el proceso legislativo y que se impone la voluntad del gobernador, es con oficios donde se especifica la fecha en la que fueron recibidas las iniciativas y el acta de la sesión del Congreso en las que fueron aprobadas. A la par, añadió, Morena emprenderá estrategias de movilización ciudadana y jurídicas contra las reformas tanto en lo que se refiere a la privatización del agua, como por la ley de expropiaciones. En lo que se refiere a los aumentos mensuales del agua, el abogado mencionó que la iniciativa adolece de determinar a qué estrato pertenece cada colonia de los municipios afectados, con lo que podría ser rebatible con amparos. En cuanto al proceso de licitación para entregar el servicio a una empresa particular, hasta ahora se conoce que se encuentra detenido por los amparos que presentaron agrupaciones civiles, sin embargo, han corrido versiones de que el gobierno del Estado ya entregó el contrato a una empresa entre las que se mencionan Agua de México y Agua de Barcelona. En el caso de la Ley de Expropiación, el abogado indicó que Morena apoyará con amparos a las personas que resulten afectadas con los decretos expropiatorios que se emitan bajo esta reforma. “Esta ley es violatoria de la Constitución porque es regresiva, ya existía el derecho de previa audiencia y ahora vamos para atrás, y la constitución ordena que los derechos humanos deben ser progresivos”, expuso Sánchez Galindo.