MÉRIDA, Yuc. (apro).- La agrupación civil Indignación denunció que la tortura sigue siendo una práctica “recurrente, sistemática y extendida” en la entidad. Al presentar este lunes su informe “La celda de la amargura”, que documenta tratos crueles, inhumanos y degradantes, los activistas sostuvieron que la tortura es cometida principalmente por los encargados de preservar el orden, con la complacencia de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codehy). La Fiscalía General del Estado Yucatán (FGEY) recibe detenidos sin cerciorarse si fueron torturados, debido a que “los exámenes médicos no son rigurosos y muchas veces se omiten, o simplemente hacen pruebas para detectar sustancias ilegales”. El informe incluye un apartado sobre tortura y otros tratos crueles contra periodistas y defensores de derechos humanos, donde se documenta, entre otros casos, la agresión cometida por el alcalde de Seyé, Ermilo Dzul Huchim, contra un corresponsal de Megamedia en ese municipio y la tortura perpetrada hace tres años contra un integrante de Repavih (Red de Personas Viviendo con VIH). “La celda de la amargura” también menciona el caso de Roberth Tzab, quien falleció en agosto de 2010 en una cárcel de la fiscalía en Tekax, “en condiciones que obligan a sospechar tortura y en un contexto de alarma por la cantidad de personas fallecidas en cárceles y centros de detención en ese año”. Añade: “El caso continúa impune hasta la fecha. Han sido necesarios dos amparos contra la inacción para que se haga alguna diligencia en ese expediente”. De acuerdo con los integrantes de Indignación, Yucatán fue uno de los últimos estados en tipificar el delito de tortura, con la reticencia y el desconocimiento de diputadas y diputados que ignoraban el concepto mismo de esa práctica. Señalan, asimismo, que la ley estatal contra la tortura se aprobó hace una década, y a la fecha “ningún funcionario, ningún agente ha sido sentenciado” por recurrir a esa práctica. Por ello, exigen al mandatario hacer efectiva en todo el estado la prohibición de la tortura y sancionar a quienes la cometen o encubren, además de “hacer explícita esa prohibición y exhortar a cualquier servidor público que haya tenido conocimiento de un acto de tortura o de cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante cometido por un servidor público, a denunciarlo de inmediato”. También lamentan “la actuación poco profesional, complaciente y tolerante” de la Codehy, y demandaron a Zapata Bello “ser intolerante frente a la tortura, crimen ignominioso e inaceptable que degrada a la sociedad”. El informe completo puede descargarse en el sitio www.indignacion.org.mx, donde los interesados también pueden adherirse a la petición que se hace al gobernador.