En suspenso, proyecto de explotación de mina en Colima

lunes, 24 de marzo de 2014
COLIMA, Col. (apro).- El Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 38 dejó en suspenso la decisión sobre el rechazo o aceptación del proyecto de explotación de una mina en la comunidad indígena de Zacualpan, hasta en tanto no se resuelva el conflicto interno para integrar la mesa directiva de Bienes Comunales. El pasado 23 de febrero, un centenar de pobladores expresaron en una asamblea su rechazo a la instalación de cualquier empresa minera en las tierras de Zacualpan, y destituyeron a Carlos Guzmán Teodoro, Román Lorenzo Guzmán y Prisciliano Guzmán Quirino de sus puestos de presidente, secretario y tesorero de la comunidad, respectivamente, acusados de apoyar el proyecto de una mina de oro, plata cobre y manganeso, y de traicionar la voluntad del pueblo. En respuesta, los directivos depuestos interpusieron el pasado jueves 13 un juicio ante el TUA para exigir la nulidad del acta de la asamblea, y pidieron que mientras dura la controversia se les reconozca en los cargos que ostentaban. Al dar entrada al juicio, bajo el expediente 81/14, el magistrado Antonio Luis Betancourt Sánchez ordenó al Registro Agrario Nacional (RAN) detener los trámites de inscripción del acta de la asamblea impugnada, en la que consta la remoción de la directiva y el rechazo a la mina, pero determinó que mientras se desarrolla el juicio, la nueva directiva –encabezada por J. Guadalupe Carpio, Epitacia Zamora Teodoro y Olivia Teodoro Aranda– continúe trabajando hasta que concluya el periodo de los destituidos, en junio próximo. Los nuevos representantes de Bienes Comunales, dispuso el magistrado, “continuarán en los cargos que sustituyen, para así lograr el menor perjuicio en la comunidad indígena y preservar la materia del juicio, por lo que podrán representar legalmente a la aludida comunidad y desarrollar las actividades cotidianas para la vida interna del pueblo indígena, únicamente durante el periodo que falte para que concluyan las funciones de los miembros que fueron removidos”. Sin embargo, precisó que el presente caso “tiene connotaciones sociales por la explotación de una mina que puede provocar daños ecológicos irreparables materia de consulta previa, de acuerdo a los derechos humanos y colectivos del núcleo comunal”, por lo que ninguna de las partes podrá “elaborar, cumplir o modificar acuerdos, convenios o contratos de ninguna índole con terceros a nombre de la comunidad, ni disponer de los bienes de la misma hasta en tanto no se falle el presente asunto”. En tanto, el titular del TUA citó a las partes a la audiencia de ley que se realizará el próximo 2 de abril en las instalaciones del tribunal.

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