VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El gobierno estatal analiza la posibilidad de desalojar a los policías paristas que exigen la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Audomaro Martínez Zapata, y de sus principales colaboradores. Por lo pronto, advirtió que los uniformados no cobrarán esta quincena porque el personal administrativo no puede entrar a las oficinas de la corporación a procesar la nómina. A casi dos semanas del conflicto, las negociaciones continúan estancadas, y aunque ahora los inconformes exigen la renuncia de 50 mandos, en lugar de 70, el gobierno de Arturo Núñez asegura que no puede destituir a nadie si no hay pruebas de por medio y una investigación. El secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, no descartó la posibilidad de desalojar a los policías, ya que el gobierno, dijo, tiene el “el derecho y los márgenes que la ley le permite” para hacerlo. “El Estado tiene los recursos que la ley le permite y los utilizará cuantas veces sea necesario”, advirtió. Ojeda insistió en su llamado al diálogo para solucionar el conflicto, pero también “estamos atentos a cualquier posibilidad para rescatar y tener la oportunidad de darle servicio a la ciudadanía que no puede estar más sin la atención de los policías”, añadió. Sobre el pago de la quincena que exigen los uniformados en paro, el funcionario refirió que aun cuando hay voluntad del gobierno, están técnicamente imposibilitados porque en la SSP se procesa todo lo que administrativamente se tiene que hacer para dispensar el recurso. “Evidentemente, si no estamos adentro, no se va a pagar, no hay manera pues”, subrayó. En tanto, Isabelino León Miranda, líder de los inconformes, reconoció que familiares suyos se encuentran encarcelados por secuestro, pero se deslindó de ellos y anunció que presentará una demanda por “difamación” contra quienes pretenden implicarlo. “Si ellos cometieron algún delito, ya lo están pagando. Yo sólo velo por mi familia y mis hijos. No puedo andar vigilando lo que hace el resto de mi familia, cada quien sabe su responsabilidad. Yo hasta el momento no he tenido ninguna falta, he sido honesto y leal a la institución”. Añadió: “Es una manera cobarde de desprestigiar mi persona, ya que de otra manera no nos han podido doblegar”. Además retó al periódico Reforma a presentar pruebas de sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, pues de lo contrario, sostuvo, “estaría incurriendo en un delito”. El diario, que cita un informe elaborado por corporaciones policiacas federales y estatales, afirma que León Miranda comparte a la delincuencia organizada información clasificada sobre operativos que dirige la SSP. Y de ese modo, apunta, “encubre las actividades criminales de su familia, que estaría al servicio de organizaciones vinculadas con secuestros, venta de drogas y tráfico de armas, como los Zetas”. Según el documento al que tuvo acceso Reforma, “sin duda parte de la revuelta de los policías es costeada por este grupo criminal”. Cita que entre los operadores de la “Familia León”, como es identificado el grupo, sobresale Alan de Jesús León Pérez, El Bobo, quien sería uno de los principales distribuidores de droga en villa Playas del Rosario y villa Parrilla, además de que controla el delito de secuestro en esa zona. Y menciona que entre las personas que han sido detenidas se encuentra Daniel Alberto León Miranda, El Toro, identificado como primo de Isabelino, y es acusado de secuestro, de acuerdo con la averiguación previa FESC-139-2010 fechada el 17 de diciembre de 2012. También Raquel Miranda León, su sobrina, detenida en 2011 por el mismo delito. Esta última aclaró hoy que efectivamente fue detenida en un operativo policiaco, pero por confusión, y que luego de las investigaciones fue liberada y exonerada, y la prueba está, dijo, en que sigue laborando como policía en la SSP. El diario también cita a María de los Ángeles León Pérez, quien como integrante de la SSP fue detenida por avisar al El Bobo sobre operativos. Atentados contra militares Las revueltas policiacas y atentados contra militares que encabezan la SSP se remontan a mayo de 1995, cuando Roberto Madrazo –a cinco meses de asumir la gubernatura– enfrentó el primer motín. En ese entonces los policías tomaron lo que era la Dirección General de Seguridad Pública (DGSP) para exigir la destitución del titular y general en retiro, Arturo Zavala Medina. Los uniformados incluso irrumpieron en la casa de gobierno (Quinta Grijalva) e hicieron huir al gobernador Madrazo, quien no sólo cedió y cesó al general Zavala, sino que también fijó un horario de 24 horas de trabajo por 48 de descanso, y ahora los policías están renuentes a cambiar al de 24 por 24 que pretende aplicar Arturo Núñez. En marzo de 2007, a tres meses de que Andrés Granier Melo asumió el gobierno, un grupo armado atentó contra la vida del general en retiro Francisco Fernández Solís, entonces titular de la SSP. El militar salió herido y murió su chofer, José de la Luz Pérez Mayo. Fernández Solís dejó el cargo y fue relevado por Héctor Sánchez Gutiérrez, quien en enero de 2009 también renunció y lo sustituyó El Mayor Sergio López Uribe, que se desempeñaba como subsecretario de la SSP y ahora es acusado por el gobierno de Núñez de haber desviado 84 millones de pesos. Diez días después del atentado contra Fernández Solís, policías federales detuvieron a Juan Cano Torres, antecesor de aquel en la titularidad de la SSP, así como a tres de sus exmandos, todos ellos miembros de la “hermandad” policiaca que floreció en la SSP durante el gobierno de Manuel Andrade Díaz para controlar la corporación, hacer negocios y presuntamente proteger a la delincuencia. Cano Torres y el exsubsecretario de la corporación, René Castillo, así como José Fernando Santiago Rodríguez y David Sánchez Alejandro, fueron acusados de formar parte de la delincuencia organizada, participar y pagar dos millones de pesos a sicarios para asesinar al general Fernández Solís. Con excepción de Cano Torres, que aún purga condena en el penal de Puente Grande, Jalisco, los otros tres coacusados fueron puestos en libertad, debido a que se desvanecieron las pruebas en su contra. Ahora, siete años después, la rebelión es contra el general Audomaro Martínez Zapata.