TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció que el juez Mariano Domínguez Hernández y el agente del Ministerio Público Manuel de Jesús Cundapí Trejo “son cómplices de la impunidad” que permitió la liberación del exdiputado de Ocosingo, Elmar Díaz Solórzano, acusado de asesinar a su esposa Tatiana Trujillo. Luego de que familiares de la víctima acudieron a exponer sus pruebas ante el Frayba, esta noche la ONG afirmó que la sentencia con la que el feminicida obtuvo su libertad “tiene varias anomalías en la argumentación, además de que es carente de una debida fundamentación y motivación”. El exlegislador federal y excandidato a la diputación local por el PRI, señalado como “perpetrador directo del feminicidio” de Tatiana, madre de sus dos hijos, fue liberado el martes 1 por supuestas violaciones al debido proceso. Las maniobras legaloides, acusó el Frayba, fueron “realizadas de manera deliberada por Mariano Domínguez Hernández, titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocosingo, y por Manuel de Jesús Cundapí Trejo, ministerio público adscrito al juzgado de Ocosingo”. Los activistas aseguraron que no se estudió minuciosamente la totalidad de las pruebas existentes en el caso del feminicidio, ocurrido el 19 de abril de 2010, como son peritajes y testimoniales; además, se omitió en la sentencia la perspectiva de género y tampoco se valoró la violencia sistemática y pública a la que Tatiana estaba sometida por parte de Elmar. El Frayba agregó que con esa resolución se violan los derechos humanos de la familia de la víctima, a quienes se les negó información sobre la sentencia, dejándola en indefensión y falta de acceso a la justicia, siendo la más reciente la del jueves 3, cuando los parientes de Tatiana decidieron acudir con Cundapí Trejo para impugnar el fallo de la sentencia, pero al preguntarle si le habían notificado la sentencia, éste respondió: “De tantos expedientes que firmo no sé si eso ya lo firmé”. Ese mismo día, el juez negó a la familia, por segunda vez, el acceso al expediente. Al día siguiente, viernes 4, el secretario del juez dijo a los familiares “que ya tenían la sentencia y que no se les podía notificar ya que no estaba el actuario. Al cuestionarle que ya se estaban retrasando en la notificación, éste cambió su versión y dijo que la sentencia aún no estaba lista. Fue hasta el lunes 7, una semana después de dictada la sentencia, que se les notificó a los familiares”, puntualizó la ONG. Es por ello que el Frayba “lamenta que el caso no sea aislado, ya que recientemente fue liberado Romeo Poumian Flores, responsable del feminicido de Citlali de Lourdes Molina Aguilar”, situación que “denota la falta de interés del Estado en impulsar acciones efectivas en promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares”. El organismo que preside el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, manifestó “su indignación por la impunidad en el feminicidio de Tatiana y demás casos que configuran un patrón reiterado de las instancias de procuración, administración e impartición de justicia”. Asimismo, “consideramos que el sistema jurídico del estado de Chiapas es responsable en acción y omisión en el acceso a la justicia hacia las víctimas”.