Guanajuato: Exoneran a gobernador por proyecto de Seguridad Escudo

viernes, 11 de abril de 2014
GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) exoneró al gobernador Miguel Márquez y a los titulares de las secretarías de Finanzas y Seguridad Pública, Ignacio Martín Solís y Álvar Cabeza de vaca, respectivamente, de cualquier responsabilidad legal, administrativa y operativa del proyecto de Seguridad Escudo, en el que se invirtieron casi 3 mil millones de pesos. En un comunicado, la STRC dictaminó que las observaciones hechas por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) DEL Congreso local “no implican daño al erario, toda vez que se cumplieron las disposiciones legales correspondientes”. Dicho dictamen contrasta con el informe final de la auditoría que realizó el OSF al proceso de asignación del millonario contrato otorgado a la empresa Securitch y del cual se desprendían presuntas responsabilidades administrativas y violaciones a la normatividad. Una de las observaciones apuntaba directamente al gobernador Miguel Márquez, a quien acusaban de violar la Constitución local por asignar a la empresa Securitech el proyecto de innovación tecnológica en seguridad sin la autorización del Congreso. También se hicieron observaciones a los titulares de las secretarías de Finanzas y Seguridad Pública, Ignacio Martín Solís y Álvar Cabeza de Vaca, respectivamente. A ambos se les responsabilizó de no justificar debidamente las condiciones por las cuales se eligió a Seguritech, además de que tampoco establecieron con claridad las cláusulas de garantía en caso de que esa empresa no cumpla con todo lo contenido en el contrato. En abril pasado, a raíz de que el OSF emitió tales observaciones, la titular de la STRC, Isabel Tinoco Torres, anunció que revisaría el informe final de la auditoría “para determinar si corresponde fincar responsabilidades administrativas” a funcionarios por ese caso, aun cuando se trató de un informe del OFS aprobado por el Congreso y turnado para su cumplimiento al Ejecutivo. Hace un par de semanas Tinoco dijo a los diputados –durante la glosa del segundo informe de gobierno– que la dependencia a su cargo ni siquiera intervino en el proceso de contratación del proyecto Escudo porque “no fue convocada”, lo que fue duramente criticado por legisladores del PRI y el PVEM. Luego de esas revelaciones, la STRC emitió anoche un comunicado para informar que las observaciones del OSF “no implican daño al erario, toda vez que se cumplieron las disposiciones legales correspondientes”. Contrario a lo que dictaminó el Órgano Superior de Fiscalización, la dependencia concluyó que la contratación “se realizó en total apego a la Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el estado y los municipios de Guanajuato”, debido a que en casos “excepcionales y debidamente justificados”, sólo por acuerdo expreso del titular del Poder Ejecutivo de la entidad podrá autorizarse la celebración de contratos de obras públicas, adquisiciones o de otra índole que rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas para el año fiscal, en este caso el 2012. Además, detalló que la prestación del servicio es integral, por lo que no era obligado que en el contrato se establecieran los precios unitarios de los elementos involucrados (como cámaras de video, equipo de radiocomunicación o arcos carreteros), aunque la auditoría del Congreso local determinó que debían haberse precisado. Finalmente, para la dependencia las garantías de cumplimiento de un contrato por casi 3 mil millones de pesos son suficientes “y aseguran su adecuado funcionamiento”, aunque nunca se precisa cuáles son las referidas garantías establecidas entre el gobierno del estado y Seguritech. Por todo ello, la Secretaría de la Transparencia “no encontró elementos que ameriten instaurar procedimientos de responsabilidad” contra un solo funcionario, según el comunicado. El próximo martes 15, en la sede central ubicada en el Puerto Interior de Silao, el gobernador hará el arranque oficial del proyecto, que involucra tecnología de punta y la modernización de los centros de comunicación de emergencias del estado y varios municipios. El portal Zonafranca publicó ayer que el edificio del C4 en la ciudad de Celaya –previsto en el proyecto Escudo– quedó terminado, pero faltan 22 millones de pesos para su equipamiento, mientras que en Irapuato no se concluido la instalación de las cámaras de video en varias avenidas, mismas que forman parte de las adquisiciones incluidas en el contrato y cuya colocación corre a cargo de la empresa favorecida.

Comentarios