SILAO, Gto. (apro).- Con la falta de 20 mil botones de alerta, el gobernador Miguel Márquez puso en marcha hoy el polémico programa de seguridad “Escudo”, en el que invirtió casi 3 mil millones de pesos. Con este proyecto, dijo el funcionario panista, se está atendiendo el reclamo de seguridad de los guanajuatenses. Ante el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, entre otros invitados, Márquez presumió: “Hicimos de esto una prioridad, porque sabemos que las familias guanajuatenses merecen vivir en paz. Sabemos que en nuestro país vivimos un momento complejo en materia de seguridad, Guanajuato no está ajeno a ello”, dijo. El centro de mando fue construido y equipado en la zona del Puerto Interior, muy cerca del Aeropuerto Internacional del Bajío, y desde ahí se vinculará al Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i). El secretario de Seguridad estatal, Álvar Cabeza de Vaca, detalló que se trata de la modernización real de los sistemas de información con tecnología de punta para la atención de las emergencias o eventos de inseguridad “en tiempo real”. Para ello se instalaron 124 arcos carreteros en 92 posiciones a lo largo y ancho de la entidad; asimismo, más de 2 mil 700 dispositivos electrónicos, entre cámaras urbanas, cámaras urbanas locales y lectores para detectar placas robadas. También se colocaron más de 320 kilómetros de fibra óptica “para lograr una excelencia en las comunicaciones de seguridad pública”, además de que se remodelaron y tecnificaron los inmuebles de 23 centros de emergencia municipales en los mayores centros de población. El C5i buscará coordinarse con todas las corporaciones de seguridad y auxilio municipales, así como instancias federales como el Ejército y Policía Federal (PF). Este sistema también concentrará la atención en los tres números de emergencia: 066, 075 y 084. Sin embargo, ni uno solo de los 20 mil botones que servirán para activar una alerta o reportar una emergencia han sido entregados, ni se han definido los criterios bajo los cuales serán asignados a oficinas públicas, organismos empresariales u organizaciones civiles. Y tampoco se ha definido cómo se asignarán los botones de pánico en las comunidades rurales de todo el estado, admitió Cabeza de Vaca Appendini, titular de la SSP. Según el funcionario, este tema “se revisará con el señor gobernador y el secretario de Gobierno, tomando en cuenta primero donde haya concentración de personas, escuelas, hospitales… en el sector primado comenzaremos el acompañamiento con los municipios. Y estaremos hablando con sociedad civil organizada, cámaras, colegios para ver el número que les corresponde”. Este proceso se llevará, según estimaciones del funcionario, unos cuatro meses más. Al final del evento, la primera demostración de enlace inmediato desde el centro de mando estatal con un municipio –Acámbaro– tardó unos ocho minutos en lograr que se estableciera la comunicación. El anuncio del emblemático programa gubernamental se da luego de que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas –que depende del propio Ejecutivo estatal– exonerara al propio gobernador y a los titulares de Finanzas y Seguridad Pública de anomalías detectadas en la asignación y contratación del proyecto a la empresa Seguritech, según reveló una auditoría practicada por el Órgano de Fiscalización del Congreso (OFS). La Secretaría de la Transparencia prácticamente desechó los resultados de la auditoría del OFS, que encontró que el contrato se otorgó en condiciones irregulares y sin prever las suficientes garantías para su cumplimiento, entre otros puntos.