PRI de Quintana Roo da marcha atrás a ley que limita la protesta social

jueves, 24 de abril de 2014
CANCUN, Q. Roo (apro).- La fracción del PRI dio marcha atrás a su propuesta de “Ley de ordenamiento social”, con la que se buscaba restringir las manifestaciones y que fue repudiada tanto en la entidad como en foros de la capital del país e internacionales; en su lugar, diputados de diversos partidos presentaron esta tarde la iniciativa “Ley de ordenamiento cívico”. La anterior ley, aprobada el 25 de marzo y promovida por el diputado priista Juan Carrillo Soberanis, uno de los legisladores más cercanos al gobernador Roberto Borge, prohibía realizar protestas en zonas históricas o turísticas y marchar en vías primarias. Incluso obligaba a quienes pretendían manifestarse a pedir permiso con una anticipación de 48 horas. Y, en caso de obtener el aval de la autoridad, los inconformes no podrían “proferir injurias” en las protestas y mucho menos realizar bloqueos en avenidas o carreteras. Aunque la ley fue aprobada por mayoría, con votos del PRI y PVEM, Borge Angulo no la publicó en el Periódico Oficial e incluso ofreció someterla a revisión. Sin embargo, la ley polémica no fue devuelta al Congreso y, en cambio, se presentó otra, denominada “Ley de ordenamiento cívico del estado de Quintana Roo”. La nueva iniciativa fue presentada por los diputados Pedro José Flota Alcocer, Sergio Bolio Rosado, Remberto Estrada Barba, Emilio Jiménez Ancona y Luis Fernando Roldan Carrillo, coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza (Panal) y Movimiento Ciudadano (MC), así como por Carrillo Soberanis, en su calidad de presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. En su exposición de motivos, la nueva ley ofrece “brindar medidas de prevención y protección” a los manifestantes y asegura que se busca evitar la “criminalización” de las protestas. También asegura que la “administración pública garantizará el orden, la paz y la tranquilidad pública y protegerá a las personas que realicen manifestaciones, marchas y plantones en espacios públicos”. De igual forma, ofrece que quienes “realicen manifestaciones o marchas, podrán hacer uso de las vías públicas”. No obstante, en la propuesta se advierte que la administración pública “tomara las medidas necesarias” si durante las manifestaciones, marchas o plantones “se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculiza la prestación de un servicio público o se produjeran actos de violencia”. Y mantiene la prohibición a los bloqueos “Artículo 21.- Queda prohibido llevar a cabo bloqueos en la vía pública. La administración pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizará el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los habitantes de Quintana Roo”. En contraste, otorga al ombudsman estatal facultades para vigilar “el respeto de los derechos humanos de las personas que participen en manifestaciones, marchas, plantones o bloqueos”. Por otra parte, establece que “quienes participen en una manifestación tienen derecho a dar aviso a la autoridad por escrito”. Así, la nueva ley otorga facultades al gobierno estatal y los municipales que, tras un aviso de una protesta, “podrán invitar a los manifestantes a participar en mesas de atención o negociación”. El diputado perredista Jorge Carlos Aguilar Osorio, que votó en contra de la primera ley, señaló que la iniciativa es una nueva propuesta. “Se cambió completita. Sólo quedó la aprobación de los bloqueos”, aseguró en entrevista. También manifestó que la nueva iniciativa es en respuesta al rechazo que hubo a la anterior “Ley de ordenamiento social”; además, señaló que ésta “terminaría siendo liquidada en los tribunales”. El PRI y aliados “prefirieron enmendar la plana, casi de manera completa, y presentaron una nueva iniciativa”, reveló.

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