GUANAJUATO, Gto., (apro).- En febrero de 2012, la Procuraduría General de Justicia del estado dio a conocer la detención de Armando Soto González, El Triste, a quien presentó como un “peligroso” líder de La Familia Michoacana en el sur de la entidad. En ese entonces, el procurador Carlos Zamarripa Aguirre detalló que el presunto sicario era jefe de plaza en los municipios de Acámbaro, Jerécuaro, Coroneo y Tarandacuao. Además dijo que era el principal distribuidor de droga y que la dependencia a su cargo tenía en ese momento varias órdenes de aprehensión por secuestro agravado, homicidio calificado y extorsión. Más: Reveló que El Triste tenía un bar con la razón social “El Golpe” que utilizaba como centro de distribución de estupefacientes, actividad que desarrollaba en el sur del estado por lo menos desde 2009, con la complicidad de autoridades policiacas de los municipios en los que operaba. Y que en su declaración ministerial confesó que entregó sumas de dinero a comandantes policiacos a cambio de protección y de información. A pesar de todos esos elementos de prueba, la PGJE no pudo consignar en aquel entonces al presunto jefe de plaza de La Familia Michoacana porque el pasado miércoles 23 el subprocurador de la región de Celaya, Armando Amaro, anunció su recaptura, aunque ahora lo acusan únicamente del presunto delito de extorsión. En esta ocasión, Soto González fue detenido en Jerécuaro, en cumplimiento de un mandato judicial expedido por el juzgado penal de Acámbaro, donde se desahoga el proceso 21/2014 en su contra por extorsión. “Los hechos ocurrieron en junio de 2013, cuando el hoy detenido se acercó a los ofendidos, a quienes insistió en la entrega de dinero a cambio de no privarlos de su libertad. Se encuentra en el Cereso de Acámbaro, a disposición del juez”, dijo Amaro Vallejo. Al conocerse su recaptura, el procurador Zamarripa negó que su liberación anterior hubiera sido ordenada por las fallas en el trabajo de investigación y del Ministerio Público, y se dijo inconforme con la decisión del juez. “Respetamos la decisión del juez, pero no estamos conformes con ella”, declaró el funcionario al periódico AM. En respaldo a la posición del titular de la PGJE, el gobernador Miguel Márquez salió a pedir a los jueces locales “cuidar” sus criterios al liberar a los delincuentes ante el daño que puede sufrir la sociedad. De hecho, el gobernador panista dijo haber dado instrucciones al secretario de Gobierno para que éste se pusiera en contacto con el titular del Poder Judicial, Miguel Valadez, a fin de “revisar ese tipo de casos”. Este viernes, en un comunicado, el Poder Judicial del Estado aclaró que en los procesos que anteriormente se siguieron en contra de Armando Soto --y el que está vigente-- no se ha probado que pertenezca siquiera a un grupo del narcotráfico o de la delincuencia organizada, lo que correspondía hacer al MP. En respuesta a los señalamientos del gobernador Márquez, el Poder Judicial emitió este comunicado en el que precisó que Armando Soto fue absuelto de la acusación de secuestro agravado (expediente 20/2011) porque el juez determinó que no se presentaron suficientes pruebas para señalar su responsabilidad. Esa decisión fue impugnada por la Fiscalía, pero una sala penal del Supremo Tribunal confirmó la decisión del juez penal, por lo que el presunto líder de la Familia Michoacana obtuvo su libertad. “Hay una nueva imputación (desvinculada del asunto anterior) bajo expediente 21/2014, ahora por el delito de extorsión, respecto del cual el inculpado está recluido” y sujeto a proceso. “Tanto en el primer expediente, como en el que ahora se procesa, de las pruebas recabadas hasta ahora, no aparecen datos de que el inculpado haya tenido o tenga participación en algún grupo delictivo”, señaló el boletín. “El gobernador Miguel Márquez Márquez tiene razón cuando señala que los fallos de los jueces, relativos a personas acusadas por delitos, sobre todo cuando son graves, deben ser producto del análisis cuidadoso, meticuloso y profundo del caso que se les plantea, para que así se eviten liberaciones o absoluciones que no sean fundadas y se procure que no haya impunidad. Es jurídicamente dable que algunos planteamientos acusatorios no culminen con veredictos de condena”, indicó el Poder Judicial.