Implican a yerno de Arturo Núñez en corrupción en DIF-Tabasco

martes, 29 de abril de 2014
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El abogado priista Mario Rafael Llergo Latournerie implicó a un yerno del gobernador Arturo Núñez Jiménez en la denuncia que hizo contra funcionarios del DIF-Tabasco por presunta corrupción. En rueda de prensa, Llergo Latournerie exhibió un ejemplar del suplemento de sociales “Quinta Avenida” del diario Olmeca-Tabasco, publicado el 29 de octubre de 2013, en el que festejan en un bautizo, acusó, “todos los implicados” en la corrupción del DIF-Tabasco. En marzo pasado, el priista denunció que en octubre pasado el DIF compró más de 20 millones de pesos de alimentos a la Empacadora Brissa, S.A. de C.V., de la que es propietario Juan Antonio Herrero Pérez Rioja, concuño de Sergio Eduardo Pulido Pérez, director de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del DIF-Tabasco, además de segundo vocal del Comité de Compras de la institución. Además, Consuelo María Caraveo Pacheco, suegra de Pulido Pérez y de Herrero Pérez a la vez, figura como una de las tres personas con poderes amplios en la Empacadora Brissa, según el acta constitutiva de la empresa. Llergo Latourniere –uno de los coordinadores de campaña del excandidato priista a la gubernatura, Jesús Alí de la Torre– mostró el acta constitutiva 1899 protocolizada por el notario público número 11, Carlos Camelo Cano, donde se menciona que el 30 de agosto del año pasado se creó la empresa Empacadora Brissa, S.A. Ese mismo día se inscribió en el Instituto Registral del Estado de Tabasco y se dio de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Mes y medio después, el 22 de octubre, obtuvo dos contratos: el CVDI-71/13 por 11 millones 918 mil pesos, y el CVDI-72/13 por 8 millones 512 mil pesos para la adquisición de alimentos para niños menores de cinco años. El domicilio fiscal que registró la empresa es el departamento 2-A, ubicado en la calle Miguel Hidalgo 309 de la colonia Rovirosa de Villahermosa, en una modesta zona habitacional. En la rueda de prensa de hoy, Llergo Latourniere informó que el pasado 2 de abril presentó denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública y que, desde el miércoles 9, la SFP le notificó que el expediente fue remitido a la Secretaría de la Contraloría de Tabasco. Sin embargo, se quejó que desde entonces la Contraloría estatal no lo ha citado a declarar ni ha hecho nada respecto de su denuncia de corrupción en el DIF-Tabasco. Lo anterior, dijo, tiene explicación por “los vínculos” afectivos que tiene el director jurídico del DIF, Sergio Eduardo Pulido Pérez, y su concuño, Juan Antonio Herrero Pérez Rioja, dueño de la empresa Brissa, con Munir Chalela, esposo de Martha Núñez, hija del gobernador Arturo Núñez. “Estos vínculos cercanos al gobernador Arturo Núñez muestran por sí solos el porqué el gobierno de Tabasco no ha hecho nada respecto de la denuncia pública de corrupción en el DIF estatal”, expuso. Enseguida mostró el suplemento de sociales “Quinta Avenida”, en el que celebran el bautizo de la niña Luciana Pulido Mendoza –hija del director jurídico del DIF– la señora Martha Núñez y su esposo Munir Chalela, yerno del actual mandatario estatal. También festejan el notario público Carlos Camelo Cano, que dio fe “de la creación de la empresa hecha al vapor”, acompañado de su esposa Pachela Gaudiano, funcionaria del Instituto Estatal de la Mujer (IEM) y hermana del diputado federal del PRD, Gerardo Gaudiano Rovirosa. Al acto también acudió Consuelo María Caraveo Pacheco, quien cuenta con poderes amplios en la Empacadora Brissa y suegra por partida doble de Pulido Pérez y de Herrero Pérez, director jurídico del DIF-Tabasco y propietario de la empresa, respectivamente. Mario Rafael Llergo resaltó que el festejo familiar se realizó el 29 de octubre de 2013, una semana después de haberse asignado los dos contratos a la Empacadora Brissa por 20 millones 411 mil pesos. Postura del gobierno Por la noche, el gobierno del estado difundió un comunicado en el que destaca que la Secretaría de la Contraloría se avocó a la revisión del procedimiento de licitación mediante el cual se adquirieron despensas para el programa de desayunos escolares en octubre pasado, y ahí se concluyó “que las etapas que lo integraron se encontraron debidamente apegadas a derecho, sin que exista quebranto o daño alguno al patrimonio estatal”. No obstante, “se advirtió que existe una responsabilidad administrativa atribuible de manera personal al director de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del Sistema Integral de la Familia (DIF Tabasco), Sergio Eduardo Pulido Pérez, por lo que en consecuencia se procedió a sancionarlo con una suspensión por 30 días sin goce de sueldo, a partir del próximo 2 de mayo del presente año”. También advierte que el gobierno estatal “refrenda su obligación de transparentar el ejercicio de los recursos públicos en estricta observancia de los procedimientos administrativos y legales”.  

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