TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presume el combate de los delitos contra las mujeres en Chiapas, al menos dos feminicidas quedaron libres en las últimas horas, uno de ellos exdiputado federal del PRI. El exlegislador federal Elmer Darinel Díaz Solórzano fue puesto en libertad cuatro años después de permanecer recluido en el penal El Amate, por asesinar en el 2010 a su esposa Tatiana Trujillo Rodríguez. El feminicidio ocurrió el 19 de abril de ese año en su domicilio del barrio Bugamblias de Ocosingo. Con una pistola, Díaz Solórzano le disparó a su esposa en la cabeza. Después de los hechos, el exlegislador permaneció prófugo de la justicia durante varios meses, hasta que fue arrestado en la ciudad de México, el 16 de julio del 2010. El pasado martes 1 de abril, un juez penal decretó auto de libertad incondicional en su favor. Cuando ocurrió el feminicidio, Trujillo Rodríguez buscaba la candidatura a una diputación local por el PRI, luego de haber sido diputada federal. El segundo caso es el de Romeo Poumián Flores, detenido el 7 de julio del 2013 como probable responsable del feminicidio de Citlali de Lourdes Molina Aguilar de 26 años de edad, encontrada la tarde del lunes 1 de julio en el interior de su domicilio en la delegación Terán de Tuxtla Gutiérrez. Tras su captura, la PGJE dijo que la necropsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento y que la víctima tenía alrededor de dos días de haber muerto, es decir, el asesinato fue el sábado 29 de junio. Al aplicar el Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Feminicidio, la Fiscalía Especial ordenó la práctica de las pruebas periciales en criminalística y genética forense, barrido de uñas, fotografía, búsqueda de huellas, identificación de líquido seminal, pericial químico, proctológico y búsqueda de células epiteliales. El fiscal que llevó el caso escuchó en declaración ministerial a diversos amigos, compañeros y vecinos de la víctima, quienes coincidieron en que Romeo Poumián Flores tenía una relación con la víctima y que en varias ocasiones la agredió físicamente, sin que ella lo denunciara ante las autoridades. Otro testigo, encargado de la vigilancia del Fraccionamiento Infonavit Solidaridad, afirmó que la noche del viernes 28 de junio vio entrar a Romeo Poumián al departamento 202, donde horas más tarde Citlali fue privada de la vida. Derivado de las investigaciones, la Policía Especializada detuvo Romeo Poumián y lo puso a disposición del ministerio público investigador. Al rendir su declaración ministerial, afirmó que a partir de noviembre de 2012 tenía una relación con la víctima. Agregó que desde esa fecha vivían en unión libre en el domicilio ubicado en el andador Yaxilan, edificio 3, departamento 202, manzana 28, del mencionado fraccionamiento. Durante su testimonio cayó en contradicciones. Por ejemplo, afirmó que se enteró del homicidio de su pareja el domingo 30 de junio, sin embargo, el cuerpo de la joven fue encontrado por sus familiares y reportado a las autoridades hasta la tarde del lunes 1 de julio, un día después. Red contra violencia a mujeres demanda justicia La red civil Alerta Popular Permanente Contra la Violencia Hacia las Mujeres en Chiapas --que integra a más de 20 agrupaciones defensoras de derechos humanos--, demandó reponer el proceso penal en contra de Romeo Poumian Flores. En su momento, agregó que un juez federal otorgó la libertad del inculpado, al considerar que no había elementos suficientes para procesarlo por el delito de feminicidio, lo cual, denunció Alerta Popular, evidencia “la incapacidad de las autoridades correspondientes para integrar debidamente el caso”. La organización también condenó la liberación del exdiputado federal del PRI, Elmer Darinel Díaz Solórzano, pues dijo que contrasta con las acciones de la PGJE y el Poder Judicial del Estado en favor de los derechos de las mujeres en Chiapas. El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y luego de la puesta en marcha del Plan de Acciones Emergentes para la Prevención y Atención de los Feminicidios y de la Violencia de Género, la PGJE dijo que logró disminuir 78% el número de feminicidios registrados entre enero a marzo, en comparación con el año anterior. En ese mismo lapso, agregó que hubo una disminución de 58% en el número de delitos cometidos en contra de las mujeres. De acuerdo con cifras oficiales, la PGJE tiene registrados dos casos de feminicidio en lo que va del 2014, contra nueve registrados en el mismo periodo de enero a marzo del 2013. La dependencia estatal informó que el Plan de Acciones Emergentes es resultado de la conjugación de estrategias coordinadas a las que se han sumado organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, instituciones educativas y la sociedad civil en general. Dicha estrategia es coordinada por la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres y la Procuraduría General de Justicia del Estado. Cifras oficiales reportan que en 2013 hubo 51 víctimas de feminicidio en todo el estado. Ello significó 89% de efectividad en el esclarecimiento de los casos y permitió que los presuntos responsables fueran detenidos y estén bajo proceso en diferentes penales del estado. Los datos revelan que 61% de los feminicidios se cometieron con arma blanca; 19% por golpes contusos; 14% por asfixia; 4% con arma de fuego y 2% por quemaduras. En 47% de los casos, los cuerpos fueron encontrados en una casa habitación. Además, en 86% del total, existía una relación entre la víctima y el victimario (familiar, expareja, pareja sentimental, concubino, esposo, exesposo); lo que refleja que en mayor proporción la violencia en contra de las mujeres se registra en los propios hogares. Ante esta situación, el gobierno de Chiapas desarrolló el Plan de Acciones Emergentes, presentado el pasado 27 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez. En Chiapas, la PGJE ha difundido una campaña donde dice que los feminicidas pasarán 60 años en prisión como dispone el Código Penal. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los procesados o sentenciados ha sido condenado a la pena máxima estipulada por la ley estatal.