OAXACA, Oax. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la suspensión de poderes que la LXII Legislatura decretó la media noche del pasado 14 de marzo en el municipio de San José Cosolapa, ubicado en el distrito de Tuxtepec. Tras su destitución, la presidenta municipal Carmina Álvarez García interpuso una controversia constitucional por considerar que se produjeron “graves anomalías e irregularidades”. Este jueves, al admitir la demanda, la SCJN determinó que Álvarez García regrese a sus funciones hasta que se resuelva el fondo del asunto, por lo que Bersahín Toledo López, nombrado administrador el pasado 29 de marzo, deberá abandonar la alcaldía. En entrevista telefónica, la alcaldesa tachó de misóginos a los diputados priistas Alejandro Avilés Álvarez y Gustavo Díaz Sánchez, quienes –dijo– pretenden imponer un administrador municipal para que cubra los millonarios desvíos de recursos. “Es increíble que 29 diputados, incluidas mujeres, quieran imponer leyes y acuerdos, e imponer a alguien por encima de las mayorías, porque temen que les hagan investigaciones por el mal manejo de los recursos”, dijo la primera mujer que llega a la presidencia municipal de Cosolapa. Añadió: “Estamos muy contentos porque al fin se hizo justicia. La decisión de la Corte significa mucho, y es importante porque no soy yo, es Cosolapa a la que lastimaron cuando se unificaron 29 diputados en contra de la voluntad de la gente”. Álvarez García recordó que a pesar de que los tres tribunales electorales la ratificaron en el puesto, “una horda de legisladores” decidió ir contra la voluntad popular para proteger al expresidente municipal Gustavo Díaz Sánchez, actual legislador del PRI, quien no solo dejó una deuda de ocho millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad CFE), sino que saqueó el palacio municipal, se negó a hacer la entrega-recepción y no comprobó las obras. “Una vez más se demuestra la legalidad teniendo que recurrir a tribunales. Nadie está por encima de la ley, ni los 29 diputados van a decidir por la población de Cosolapa”, abundó. Además, lamentó que algunos diputados del PRD y el PAN, y todos los del PRI, hayan votado a favor de los que “siempre han saqueado al pueblo”, es decir, los “caciques” Alejandro Avilés Álvarez y Gustavo Díaz Sánchez. En el Congreso, añadió, “no podían creer que una mujer les haya ganado a esos enfermos de poder y de dinero, y por ello desde el 27 de diciembre de 2013 armaron un show para generar ingobernabilidad y contrataron a gente de fuera”. De acuerdo con Álvarez García, el exalcalde Gustavo Díaz Sánchez, actualmente diputado y principal promotor de la desaparición de poderes, no comprobó al menos 60 millones de pesos y desapareció maquinaria propiedad del ayuntamiento. La noche del 13 de marzo, en sesión ordinaria, la LXII legislatura local aprobó con 29 votos a favor y nueve en contra el dictamen con proyecto de decreto por el que se declaró la suspensión provisional de poderes en el Ayuntamiento de San José Cosolapa, Tuxtepec. Los diputados Ericel Gómez Nucamendi, de Movimiento Ciudadano (MC); Juanita Arcelia Cruz Cruz, del PRD; Santiago García Sandoval, del Partido Unidad Popular (PUP); Rafael Armando Arellanes Caballero, del Partido del Trabajo (PT), y Alejandra García Morlan, del PAN, votaron en contra. En aquella ocasión, el legislador Gómez Nucamendi calificó de “ilegal e injusto” el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Gobernación, y dijo que se estaba cometiendo “un grave error porque se atenta contra la voluntad popular que eligió como presidenta municipal a Carmina Álvarez García”. En su turno, Arellanes Caballero señaló que no se acreditaron causales graves para determinar la suspensión provisional en esa población de la Cuenca del Papaloapan. De su lado, la panista Alejandra García Morlan manifestó que “como demócrata” respaldaba a la presidenta municipal y su cabildo, y demandó dejar a un lado intereses personales; además, pidió a sus compañeros de partido que reflexionaran su voto. Tras el triunfo de Álvarez García, sus opositores promovieron diversos recursos de impugnación, primero ante el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca (TEEPJO), después ante la Sala Regional de Xalapa, Veracruz, y por último en la sala superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Las tres instancias confirmaron la validez de las elecciones.