TIJUANA, B.C. (apro).- El secretario general de Gobierno estatal, Guillermo Trejo Dozal, solicitó licencia temporal para enfrentar un litigio en su contra por actividades fiscales cuando se desempeñaba como secretario de la empresa Latino Servicios Médicos. El titular del Juzgado Sexto de Distrito libró una orden de aprehensión en contra de cuatro exdirectivos de esta empresa, entre quienes se encuentra Trejo Dozal, el número dos en la administración de Francisco Vega de Lamadrid y quien fuera hasta 2011 secretario del Consejo de Administración de esta empresa privada. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó que se realizaron operaciones activas de seguro a través de contratos de prestación de servicios médicos sin contar con autorización federal, toda vez que existe una cláusula donde se garantiza que, de presentarse “un acontecimiento futuro o incierto”, se obliga a resarcirlo de manera directa o indirecta. El gobernador Francisco Vega aceptó la licencia de Trejo Dozal, a quien le reconoció “congruencia y entereza” como servidor público, por lo que confió en que este asunto hacendario se resolverá conforme a derecho, y anunció que como encargado de despacho designó al subsecretario de Gobierno, Francisco Rueda Gómez. La CNSF dio a conocer que no hay antecedentes de autorización en favor de la empresa para operar como institución o sociedad mutualista de seguros que, “salvo error de apreciación, pudiera ser constitutivo de delito”, por lo que pidió a la SHCP encuadre el tipo de ilícito que cometieron los presidentes del consejo de administración de la empresa Raúl Garnier Capillo y Gilberto Sing Hurtado, así como el entonces secretario Guillermo Trejo, el vocal Carlos Humberto Bonfante Olache, aparte del apoderado legal José Fernando Moncada. Sin embargo, en el documento judicial que se difundió a través de un correo electrónico de una empresa no se incluye a Carlos Bonfante, secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal, a pesar de ser señalado por la CNSF. La SHCP investigó 13 contratos de prestación de servicios médicos a diferentes empresas y, aunque en la orden de aprehensión se señala que “no existen en el expediente constancias que acrediten la existencia de pagos por concepto de primas de seguros”, sí existen facturas por atención médica por 4 millones 679 mil pesos, además de que la empresa pagó 86 mil 319 pesos por concepto de servicios médicos y hospitalarios. Según la declaración ministerial de los representantes de las empresas, quien ofreció la modalidad de servicios es el apoderado legal José Fernando Moncada –exdirector médico de Promed Grupo Médico–, de acuerdo con la querella presentada por el director general de Delitos Financieros y Diversos de la SHCP, Flavio Carlos Valadez.