VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El gobernador Arturo Núñez se negó a comentar porqué promovió la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) que, según los opositores, podría terminar como un Fobaproa tabasqueño, si cuando fue senador de la República votó en contra de una ley similar. “No tengo nada que decir al respecto”, respondió el mandatario estatal ante la pregunta de los medios de comunicación. La Ley de APP fue aprobada la noche de ayer en un ríspido debate entre priistas y perredistas. Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Verde Ecologista de México (PVEM) sumaron 20 votos a favor. En contra sufragaron siete legisladores del PRI, uno del PT, una diputada independiente y la exsenadora perredista Rosalinda López Hernández, la más crítica y opositora a la APP. Los legisladores del PRD aclararon que el proyecto de la APP surgió en el marco del Acuerdo Político por Tabasco, suscrito por el gobernador Arturo Núñez y los dirigentes locales de todos los partidos políticos en febrero de 2013. Previo a su aprobación, la diputada López Hernández reveló en entrevista que hace cuatro años, como senadores del PRD, ella y Arturo Núñez votaron en contra de una ley federal similar, y pidió preguntar al gobernador porqué ahora promovía una para Tabasco. “Los dos senadores tabasqueños votamos en contra”, recordó. El secretario de Gobierno, César Ojeda Zubieta, justificó que la Ley de APP “es un acto de responsabilidad” del gobernador Arturo Núñez para responder a Tabasco ante la grave situación financiera que heredó del gobierno priista de Andrés Granier Melo. Y explicó así porqué el mandatario tabasqueño votó en contra de una ley similar cuando fue senador de la República: “Cuando tu asumes una responsabilidad tienes que actuar conforme a lo que en ese momento te dicte tu percepción. Si en un momento dado en una reflexión, en base a tu realidad, tú replanteas tu posición, en aras de alentar el crecimiento de tu estado, no está mal…en el pasado yo era priista y ahora soy perredista”. Ojeda Zubieta dijo que quienes gobernaron Tabasco “lo dejaron enterrado económicamente”, y el actual gobierno busca mecanismos para alentar la inversión. “Ni estamos privatizando, ni apostamos a endeudar más al estado”, puntualizó. Compuesta por cinco capítulos, 165 artículos y tres transitorios, la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Tabasco y sus Municipios incorpora un marco regulatorio mínimo para el otorgamiento de concesiones respecto del uso y explotación de los bienes públicos y la prestación de servicios, dando certeza jurídica a la participación privada. Así, los empresarios podrán asociarse con el gobierno estatal para la realización de proyectos de infraestructura y servicios generales hasta por 30 años. De acuerdo con el dictamen aprobado, la APP responde a la necesidad de obtener mayores ingresos y permitir el acceso a fuentes de financiamiento para impulsar el desarrollo y detonar la actividad productiva, luego de las precarias condiciones financieras del actual gobierno por la deuda de más de 20 mil millones de pesos heredada por el exgobernador Andrés Granier y la progresiva reducción de las participaciones federales. Esta ley permitirá la ejecución de obras en menor tiempo al incentivar el capital privado, generar empleos y dotar al estado de infraestructura, que al final del tiempo contratado pasará a formar parte del patrimonio público. Asimismo, permitirá acceder a fuentes alternas de financiamiento, sin que el poder público pierda el control y responsabilidad en la prestación de los servicios que tiene a su cargo o para la realización de obras de largo aliento y alto costo. Para los diputados priistas, con la APP se pretende entregar la obra pública a un selecto grupo de empresarios, además de que, aseguraron, es ilegal porque no se tomó en cuenta la iniciativa que ellos presentaron en tiempo y forma. Cuestionaron que no se hayan organizado foros de consulta para que expertos en la materia, académicos, empresarios, constructores o ayuntamientos presentaran observaciones o propuestas para enriquecer la APP. La vicecoordinadora de la bancada priista, Esther Alicia Dagdug Lutzow, anunció podrían acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo el nuevo ordenamiento legal. En entrevista radiofónica, la legisladora perredista Rosalinda López denunció que con la APP se endeudará más a Tabasco “de manera disfrazada”, y que tiene dedicatoria para los grandes negocios, “no para al empresario que se la juega, al comprometido”. Lamentó que la APP no tenga topes de montos de inversión, además de que faltan controles y no se transparenta la manera que se procesarán los acuerdos con los empresarios. “No hay definición de rentabilidad social ni de qué tipo de infraestructura y servicios estamos hablando. El gobierno siempre llevará la peor parte porque está endosándole al privado su responsabilidad y con esto se encuentra desmontando toda su estructura”, expuso. Alertó que, incluso con la APP, cualquier precandidato a cargo de elección popular podría “amarrar” financiamiento con empresarios, ofreciendo contratos y servicios, para “rematar todo desde la campaña al estilo del calderonismo”. Definió que la APP no es otra cosa que “hacer de los negocios públicos un negocio privado”, y que en caso de quiebra el gobierno “rescatará” al empresario, como en el Fobapra. “Si te asocias, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Esto es uno de los grandes cuestionamientos que se les ha hecho a los APP en todo el mundo”. Insistió: “Esto es un endeudamiento, pero disfrazado. Está escondido, agazapado, pero es deuda”. Y aseguró que es “mil veces mejor” que el gobierno de Arturo Núñez recurriera a un esquema de empréstitos, “porque es  más transparente a los ojos de los ciudadanos”. Fermín Pérez Montes, subcoordinador de Estudios y Proyectos de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado, señaló que la APP  “no es un proyecto construido al vapor”, ni mucho menos implicará “un endeudamiento disfrazado del estado”. Precisó que el modelo de APP permitirá financiar proyectos de dimensiones económicas que en este momento no están al alcance del gobierno estatal, sin comprometer capitales presupuestarios ni recurrir a más empréstitos. “Se trata de evitar endeudar al estado por la vía del crédito directo y sí de buscar alianzas productivas para todas las partes, en un esquema de ganar-ganar, en el marco de asociaciones exitosas con los privados”, subrayó. Pérez Montes destacó que la intención del gobernador Arturo Núñez de no contratar más endeudamiento es reconocida incluso por la agencia internacional Moody’s Investors Service, que en un reporte reciente reconoció la disciplina presupuestal y financiera recuperada en Tabasco. Sostuvo que la APP tiene sustento en la urgencia que tiene Tabasco por encontrar mecanismos que le ayuden a afrontar los requerimientos de inversión para la generación de infraestructura de gran envergadura, que de otra forma no sería posible por la escasez de recursos públicos.