MÉRIDA, Yuc. (apro).- Organizaciones defensoras de derechos humanos interpusieron este día una demanda contra el Congreso estatal por discriminar a la población homosexual, al no legislar para permitir el matrimonio y el concubinato a parejas de un mismo género. La demanda, por omisión legislativa al incumplir y desacatar “las obligaciones de brindar protección legal a las parejas homosexuales en su carácter de familia”, es promovida por Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Oasis de San Juan de Dios y Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse). En improvisada rueda de prensa frente a las oficinas del Congreso, los activistas explicaron que de ganar este juicio, el Tribunal Constitucional de Yucatán ordenaría se reforme la legislación interna del estado para garantizar que las parejas homosexuales puedan acceder en condiciones de igualdad a la protección de las figuras de matrimonio y de concubinato. En esta demanda, presentada en vísperas del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, sus promotores alegaron el incumplimiento de “las obligaciones legislativas ordenadas en la Constitución de Yucatán, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Los activistas destacaron que a pesar de que ya son al menos diez las parejas homosexuales que han ganado juicios de amparo para poder contraer matrimonio en la entidad, “el Registro Civil ha demostrado constante reticencia en inscribir debidamente estas uniones”. Además, anunciaron que el Juzgado Cuarto de Distrito multó la semana pasada al Registro Civil con cien salarios mínimos por negarse nuevamente a inscribir en el libro de matrimonios a una pareja de mujeres. También recordaron que el Poder Judicial estatal ya había reconocido a finales del año pasado el carácter de concubinos a una pareja homosexual, estableciendo un precedente en el reconocimiento del derecho a la igualdad y no discriminación. “Este antecedente, basado en los principios constitucionales y en los parámetros internacionales en materia de derechos humanos, debe ser correspondido en la futura sentencia del Tribunal Constitucional”, advirtieron. Y lanzaron un llamado a las autoridades y a la sociedad en general “para proteger a la familia, toda vez que la actual legislación mantiene en estado de indefensión e incertidumbre jurídica a las familias compuestas por parejas homosexuales, negándoseles sistemáticamente los distintos derechos civiles y sociales”.