LEÓN, Gto. (apro).- El Centro de Derechos Humanos “Victoria Díez” denunció la negligencia de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Educación del Estado (SEG) en otro caso de abuso sexual ocurrido en contra de una menor de 13 años en la Secundaria General 8, ubicada en la colonia Las Trojes de esta ciudad. El profesor señalado como responsable, Antonio de Jesús Aguirre Zúñiga, fue denunciado hace seis meses ante el Ministerio Público, pero personal de esa área revictimizó a la niña y alteró su declaración, con lo que el maestro fue acusado de estupro y no de violación. Pese a ello, el profesor no fue presentado a declarar, ni ha sido detenido. Tampoco se pudo hacer efectiva una orden de protección que fue solicitada para la menor, en virtud de que el maestro fue visto rondándola. Pero además, desde que el personal docente de la Secundaria 8, encabezado por la directora Laura Aranda Moreno, conoció primero del acoso del profesor y posteriormente del abuso sexual por voz de la menor, no sólo la tachó de mentirosa y de “tener mucha imaginación”, sino que se le pretendió obligar a que aceptara haber tenido relaciones sexuales consensuadas con Aguirre Zúñiga, para que éste no fuera sancionado más severamente. Este es el segundo caso que se denuncia públicamente en las últimas dos semanas. El 28 de abril en Guanajuato capital, el padre de otra menor alumna de la secundaria Piloto acusó penalmente de violación al profesor de Educación Física Víctor Manuel Anguiano, quien finalmente fue detenido el jueves, justo cuando asistía a la comida ofrecida por autoridades municipales con motivo del Día del Maestro. En este caso otra organización de defensa de las mujeres, el Centro Las Libres, respaldó a los padres en la denuncia penal, además del reclamo a las autoridades de la SEG porque el director de la secundaria acosó a la menor para que se desdijera de sus señalamientos en contra del maestro de Educación Física. El centro “Victoria Díez” expuso que a pesar de los varios casos de violaciones sexuales a niñas cometidas por sus profesores, a la fecha las autoridades educativas y de procuración de justicia no han dado una respuesta contundente ante esta grave problemática “que implique un mensaje claro de rechazo y atención a estas conductas que atentan contra la integridad y el desarrollo de las niñas en el Estado de Guanajuato”. “Las niñas que acuden a escuelas de educación básica en Guanajuato están siendo abusadas y acosadas sexualmente por parte de sus profesores, a pesar de que existen lineamientos normativos estatales, nacionales e internacionales que protegen los derechos de las mujeres y las niñas en contra de la violencia sexual”, resaltó el organismo defensor de los derechos humanos. Maestro de Español la violó y sigue libre. Enseguida, el CDHVD hace referencia al caso de una menor de 13 años, alumna de la Secundaria General Insurgentes número 8, que fue violada en octubre por el profesor Antonio de Jesús Aguirre Zúñiga “y más de seis meses después de la denuncia, no se le ha hecho justicia”. En principio, la directora Laura Aranda Moreno conoció desde por lo menos un año atrás, el hostigamiento del profesor hacia la alumna, y las amenazas de éste, hasta el momento en que Aguirre consumó la violación. “En varias ocasiones los propios padres de la menor tuvieron diálogos con la directora en los que ella culpó a la menor de "mentirosa y fantasiosa". Cuando la menor informó a los profesores del plantel que su colega la había violado, éstos la encerraron, la sometieron a un interrogatorio y la obligaron a firmar un papel aceptando que había tenido relaciones sexuales con el profesor de manera voluntaria, postura que ratificó la misma directora Laura Aranda. Encima de todo, cuando acudió con sus padres a la agencia 40 del Ministerio Público, a cargo de Blanca Isabel Gasca Curiel, ésta tomó la declaración de la menor de 13 años sin permitir la presencia de sus padres, y según la denuncia, alteró el dicho de la alumna para que quedara asentado que ella había accedido a los deseos de Antonio Aguirre. Peritos médicos y psicológicos de la propia Procuraduría de Justicia dieron un trato indigno a la menor al practicarle los exámenes respectivos, señalaron los padres. Incluso, el subprocurador de Justicia Manuel Ángel Hernández, en una reunión con la víctima y su madre, les advirtió que la declaración ya no se podía cambiar y que el profesor no sería consignado más que por estupro. “Nunca se citó a declarar al profesor responsable, mismo que actualmente tiene una orden de aprehensión que no se ha podido cumplimentar debido a que las autoridades de la PGJEG ignoran su paradero”, indicó el centro de derechos humanos en esta denuncia pública. Finalmente, el organismo exigió no sólo justicia para la menor al aprehender al responsable y sancionar al personal de la escuela, sino que requirió a la Procuraduría de Justicia aplicar sanciones por violencia de género institucional al personal del Ministerio Público y peritos a fin de que se evite la repetición de estas conductas violatorias de los derechos humanos. “Exigimos que la PGJE que diseñe y aplique protocolos de investigación y atención de casos de violencia sexual contra menores, a fin de evitar dilaciones y deficientes integraciones de las averiguaciones previas, y que se den a conocer a la sociedad” y a la Secretaría de Educación del estado a que implemente también protocolos para atender casos de violencia sexual con perspectiva de género, pues la mayoría se cometen en contra de niñas y adolescentes.