TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Elementos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) detuvieron a un asesor de Bienes Comunales de la Selva Lacandona con la intención de incriminarlo en el supuesto secuestro de la exsecretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias. Así lo afirmaron líderes de organizaciones sociales y campesinas de la entidad, quienes precisaron que el pasado jueves 15 el profesor Gabriel Montoya Oseguera fue aprehendido cuando se dirigía a la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo. En un comunicado, detallaron que después de hacer varios disparos los elementos de la PGJ sometieron al maestro rural, quien al día siguiente encabezaría una asamblea. El pasado 28 de abril se dio a conocer el presunto secuestro de Julia Carabias en la Selva Lacandona, en la región de Ixcan y Chajul, donde la exfuncionaria administra una estación de investigación de flora y fauna. El hecho nunca fue confirmado por las autoridades, y fue la misma exfuncionaria quien el sábado 10 detalló en un artículo publicado en el diario Reforma que efectivamente había sido privada de la libertad. “Fui privada de mi libertad durante dos días en la Selva Lacandona, lugar donde laboro desde hace 12 años”, apuntó en el texto titulado “Acoso en la selva”. Señaló que en un principio las personas que la secuestraron dijeron ser del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pero ella misma descartó que hubiera sido responsabilidad del grupo armado. De acuerdo con habitantes de la Lacandona, lo de Carabias Lillo fue un “secuestro simulado” para incidir en el proceso de elección del nuevo líder de la comunidad, pues es sabido que ella, dijeron, está en contra de que se regularicen los predios de indígenas tzeltales, choles y tzotziles que se han asentado en la Selva, pese a que ya tienen la anuencia de los verdaderos dueños. Entre otras organizaciones, la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones, Independiente y Democrática dio a conocer el reconocimiento que se hizo a tres poblados para regularizarse: Nuevo San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende, localizadas dentro del polígono de la Comunidad Zona Lacandona (CZL). No obstante, días después los gobiernos estatal y federal, en voz del secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, rechazaron aceptar esas regularizaciones y advirtieron que los pobladores serían desalojados. “El gobierno estatal lanzó una nueva ofensiva mediática para rechazar la regularización y amenazar con el desalojo de los poblados. Simultáneamente intenta romper la construcción de acuerdos entre pueblos y organizaciones alentando la división interna, fabricando delitos para criminalizar a dirigentes y asesores, haciendo un uso fáctico de las instituciones y los medios jurídicos”, puntualizó la organización. Asimismo, recordó que de 2002 a la fecha, los gobiernos federal y estatal han reubicado a unas 2 mil 500 familias en la CZL y Montes Azules. Añadió: “Los desalojos forzados han sido el mecanismo empleado por el Estado mexicano contra las comunidades indígenas que han rechazado la reubicación y apuestan a la defensa de sus tierras y territorios". Y aseguró que la captura del profesor Gabriel Montoya Oseguera fue con la intención de incidir en el proceso de selección del nuevo líder de la comunidad Lacandona, para que los gobiernos federal, estatal y el grupo de Julia Carabias Lillo puedan imponer a alguien incondicional, y también para impedir que se regularicen los tres predios. Los líderes campesinos exigieron al gobierno estatal y a la PGJ la liberación del maestro rural, o de lo contrario, advirtieron, protestarán con bloqueos de carreteras en toda la región de la Selva Lacandona.