Cesan a tres funcionarios en Guanajuato por encubrir abusos sexuales contra estudiantes

viernes, 23 de mayo de 2014
GUANAJUATO, Gto., 23 de mayo (apro).- La Secretaría de Educación del estado (SEG) cesó a tres de sus directivos por omisión y negligencia en el caso de dos alumnas que fueron abusadas sexualmente por profesores. Y es que cuando las adolescentes presentaron sus respectivas denuncias, las autoridades de los centros educativos donde se perpetraron las violaciones las tacharon de mentirosas y las obligaron a guardar silencio y a desdecirse. Además, los padres de las víctimas señalaron que cuando acudieron con los delegados de la SEG en León y esta ciudad, ninguno les proporcionó la atención debida. En conferencia de prensa, el titular de la SEG, Eusebio Vega Pérez, informó este viernes que quedaron separados del servicio público de manera definitiva el delegado de la dependencia en León, Francisco Javier Zavala; la jefa de enseñanza de la Secretaría de Educación, Laura Aranda Moreno, y el director de la secundaria Centro Educacional Piloto, Néstor Antonio Saucedo Valtierra. El primer caso ocurrió en la escuela Centro Educacional Piloto, en esta capital. El profesor Víctor Manuel Anguiano Hernández fue destituido y posteriormente detenido por elementos de la Policía Ministerial, acusado de violar a una alumna de 13 años de edad. El segundo caso se registró en la escuela secundaria General Insurgentes número 8 de León. El profesor Antonio de Jesús Aguirre Zúñiga fue despedido por cometer abuso sexual contra una alumna, y pese a la denuncia penal sigue libre. El secretario de Educación del estado anunció que se difundirán ampliamente los protocolos que deben seguirse, pero que no fueron acatados en los casos mencionados, y pidió a alumnos y maestros que si hay algunos otros "los denuncien y no se queden callados". El pasado martes 20, el Centro de Derechos Humanos “Victoria Díez” acusó de negligencia a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y a la SEG por desentenderse del caso en la Secundaria General Insurgente 8. El organismo denunció que a pesar de que existía una denuncia formal en contra de Aguirre Zúñiga, el Ministerio Público revictimizó a la afectada y, peor aún, alteró su declaración, lo que benefició al indiciado al ser acusado de estupro y no de violación. En el caso de la otra menor, el Centro Las Libres respaldó a los padres en la denuncia penal que presentaron el pasado 28 de abril contra Víctor Manuel Anguiano, y en el reclamo que hicieron a las autoridades de la SEG porque el director de la secundaria acosó a la menor para que se desdijera de sus señalamientos en contra del maestro de Educación Física. El centro “Victoria Díez” expuso que a pesar de los casos de violaciones sexuales a niñas cometidas por sus profesores, a la fecha las autoridades educativas y de procuración de justicia no han dado una respuesta contundente ante esta grave problemática “que implique un mensaje claro de rechazo y atención a estas conductas que atentan contra la integridad y el desarrollo de las niñas en el estado de Guanajuato”. Añadió: “Las niñas que acuden a escuelas de educación básica en Guanajuato están siendo abusadas y acosadas sexualmente por parte de sus profesores, a pesar de que existen lineamientos normativos estatales, nacionales e internacionales que protegen los derechos de las mujeres y las niñas en contra de la violencia sexual”. Y refirió que en el caso de la alumna de la Secundaria General Insurgente número 8, fue violada en octubre pasado por el profesor Antonio de Jesús Aguirre Zúñiga “y más de seis meses después de la denuncia no se le ha hecho justicia”. En principio, la directora Laura Aranda Moreno conoció desde por lo menos un año atrás el hostigamiento del profesor hacia la alumna y las amenazas de éste, hasta el momento en que Aguirre consumó la violación. En varias ocasiones los propios padres de la menor tuvieron diálogos con la directora en los que ella culpó a la menor de "mentirosa y fantasiosa". Cuando la alumna informó a los profesores del plantel que su colega la había violado, éstos la encerraron, la sometieron a un interrogatorio y la obligaron a firmar un papel aceptando que había tenido relaciones sexuales con aquel de manera voluntaria, postura que ratificó la misma directora Laura Aranda. Encima de todo, cuando acudió con sus padres a la agencia 40 del Ministerio Público, a cargo de Blanca Isabel Gasca Curiel, ésta tomó la declaración de la menor de 13 años sin permitir la presencia de sus padres y, según la denuncia, alteró el dicho de la alumna para que quedara asentado que ella había accedido a los deseos de Antonio Aguirre. Peritos médicos y psicológicos de la propia Procuraduría de Justicia dieron un trato indigno a la menor al practicarle los exámenes respectivos, señalaron los padres. Incluso, el subprocurador de Justicia Manuel Ángel Hernández, en una reunión con la víctima y su madre, les advirtió que la declaración ya no se podía cambiar y que el profesor no sería consignado más que por estupro. “Nunca se citó a declarar al profesor responsable, mismo que actualmente tiene una orden de aprehensión que no se ha podido cumplimentar debido a que las autoridades de la PGJE ignoran su paradero”, indicó el centro de derechos humanos en su denuncia pública.

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