PUEBLA, Pue. (apro).- El Movimiento por la Alternativa Social (MAS) informó que interpuso un juicio de amparo en contra de la ley de expropiación, la cual permite al Ejecutivo estatal apropiarse de manera “exprés” de terrenos que necesite para ejecutar obras públicas. Ricardo Jiménez Ávila, integrante del MAS, dijo que la reforma a esta ley, aprobada el 11 de marzo por el Congreso local, permitiría al gobierno de Rafael Moreno Valle abrir paso a los llamados “proyectos de muerte”, pese a la resistencia que han mantenido hasta ahora las comunidades de la entidad. También señaló que la demanda de amparo fue presentada por el MAS, con el respaldo de organizaciones como el Frente Nacional Los de Abajo y la Unión de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre. Luego mencionó que la ley aprobada por el mandatario estatal contiene disposiciones que son inconstitucionales y violatorias a los derechos humanos, pues dejan a las personas en estado de indefensión ante las determinaciones gubernamentales. La reforma a la ley de expropiaciones facultó al Estado para tomar posesión de bienes inmuebles y predios particulares de manera inmediata, con el fin de sacar adelante proyectos de infraestructura pública que se determinen como “urgentes”, los cuales podrían ser desde un servicio público hasta calles, puentes y carreteras, o la preservación y protección del equilibrio ecológico y el aprovechamiento de recursos naturales, entre otros. Como quedó la ley, los propietarios de los bienes expropiados sólo tendrán derecho de audiencia después de emitido el decreto, mientras tanto el gobierno estatal podrá ejecutar el proyecto de obra que corresponda. Jiménez Ávila dijo que esta ley puede considerarse como regresiva, por lo cual no tienen duda de que el amparo proceda y que sea declarada por el Poder Judicial como anticonstitucional. El representante del MAS añadió que esta organización, que agrupa a distintos sindicatos independientes, se sumará a la solicitud que hicieron el fin de semana agrupaciones civiles para pedir la abrogación de la llamada “ley bala”, tras considerar que sólo busca inhibir la movilización ciudadana. Asimismo, mencionó que habría que investigar las irregularidades que presuntamente cometió Moreno Valle al modificar, por cuenta propia, el decreto que fue aprobado por los diputados locales en la sesión extraordinaria del 19 de mayo. Ricardo Jiménez señaló que el mandatario poblano incluso se podría hacer acreedor hasta siete años de prisión por haber modificado el dictamen de los diputados de manera “anómala”, sin seguir el procedimiento legislativo correspondiente. En cuanto a los cambios que se hicieron a la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, comentó que se mantiene la posibilidad de que los elementos policiacos utilicen armas en contra de manifestaciones sociales. Si bien, anotó, en el artículo 46 quedó asentado que se prohíbe el uso de armas para dispersar protestas sociales, en los artículos 7 y 9 se mantiene la posibilidad de que los agentes usen armas de fuego “en caso de legítima defensa, propia o de terceros, por peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida”.