PUEBLA, Pue. (apro).- Más de diez organizaciones, movimientos sociales y sindicatos anunciaron que la conformación del Frente Poblano contra el Autoritarismo con el objetivo de contrarrestar las políticas del gobierno de Rafael Moreno Valle, entre ellas la ley bala que, acusaron, atenta contra los derechos ciudadanos. El nuevo frente --integrado entre otros por el Movimiento Nacional Los de Abajo, Liga 28 de Octubre, Movimiento Magisterial Democrático, Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Barra Libre de Abogados Democráticos-- anunció una marcha para el martes 10 de junio con el fin de protestar contra las políticas represivas del gobierno estatal. Esta será la primera marcha multitudinaria que se lleve a cabo en Puebla después de que se aprobó la “Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado” que, aunque fue modificada en algunos artículos, aún es calificada como represiva por defensores de derechos humanos. Hilario Alonso, integrante de la agrupación Los de Abajo, señaló que las ONG’s han decidido unificarse para hacer frente a la embestida del gobierno estatal, tanto por la aprobación de leyes que atentan contra los derechos constitucionales como por las acciones represivas contra los movimientos sociales. Entre las modificaciones legislativas, refirió que además de la ley bala está la aprobación de la ley de expropiaciones, también conocida como ley despojo, debido a que permite al gobierno estatal adueñarse de terrenos que requiera para obras. Entre las acciones represivas en que ha incurrido el gobierno estatal, hizo mención a la incursión de elementos de la policía estatal y del Ejército Mexicano para iniciar la construcción del Gasoducto Morelos, pese a la oposición que han mantenido habitantes de la zona del volcán Popocatépetl. Las agrupaciones prevén que estas dos leyes igual serán utilizadas por el gobierno de Moreno Valle para sacar adelante los demás “proyectos de muerte” –minas a cielo abierto, hidroeléctricas y gasoductos-- que hasta ahora se mantienen varados por la resistencia que han mostrado las comunidades indígenas para otorgar los permisos para el uso de sus tierras. Pero igual, señaló Alonso, el gobierno estatal ha cometido otros actos represivos en el caso de los operadores de mototaxis, a los que impide seguir prestando servicios; contra maestros que se manifiestan contra las políticas educativas y contra los movimientos sindicales independientes. Aparte, agregó que el gobierno ha desatendido la demanda de políticas sociales y de apoyo a la producción, tanto en la ciudad como en el campo. A pesar de los intentos de establecer una mesa de diálogo con todos estos movimientos y para plantear demandas de grupos sociales, señaló que hasta ahora el gobierno de Puebla no ha cumplido con acuerdos y, por el contrario, ha aumentado sus acciones represivas, por lo se unirán en este frente para cerrar filas y doptar medidas conjuntas.