Chihuahua: buscan descarrilar a Vivebús

viernes, 30 de mayo de 2014
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- A menos de nueve meses de adjudicarle a la empresa Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC) la concesión de la ruta troncal del ViveBús, el gobierno de César Duarte Jáquez decidió “quebrarla”. “No ha cumplido con los mínimos requisitos para brindar un servicio eficiente y eficaz”, argumentó el mandatario estatal. La medida obligó a los concesionarios a ampararse, y el pasado miércoles 28 el Juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, les otorgó la suspensión definitiva contra la requisa decretada por el gobierno de Chihuahua, el viernes 16. “El mismo gobierno hizo quebrar a la empresa y cometió una serie de irregularidades al ordenar la requisa del servicio troncal, violaron el derecho de audiencia de los concesionarios, su debido proceso y no fundaron ni motivaron su decisión”, dice el abogado de los transportistas, Maclovio Murillo Chávez, quien también defendió a los tres jueces del caso Rubí-Marisela Escobedo. La mala planeación del ViveBús quedó en evidencia desde el mismo día en que arrancó: el 26 de agosto de 2013. En diferentes partes de la ciudad, los pasajeros obligaron a los conductores a bajarlos de los camiones y cientos de ciudadanos inconformes se dirigieron al Palacio de Gobierno para protestar por el mal servicio. En aquella ocasión, decenas de granaderos contuvieron la manifestación con gases lacrimógenos y detuvieron a quienes tomaban fotografías para documentar los hechos. Dos días antes los mismos choferes de los autobuses ya se habían manifestado y pararon los camiones en calles aledañas a Palacio de Gobierno. A su protesta se unió un grupo de ciudadanos inconformes con una obra que se realizaba en ese momento en la capital. Al lugar arribaron varias corporaciones policiacas para inhibir la manifestación. Lanzaron disparos con balas de salva y gas lacrimógeno, y también detuvieron a varios de los choferes y algunos jóvenes que apoyaban sus demandas. Luego de casi nueve meses, Duarte Jáquez anunció que la CTC estaba “quebrada” al arrastrar un déficit de 100 millones de pesos. El gobernador acusó a la empresa de dar un servicio deficiente y de malos manejos administrativos. Los panistas abrieron entonces fuego contra el ViveBús y solicitaron al Congreso local una auditoría a CTC. El auditor y el mismo Ejecutivo estatal indicaron que no podía realizarse porque se trata de una empresa particular. El sábado 17 el gobernador hizo pública en el Periódico Oficial del Estado la requisa de la ruta troncal del ViveBús. Argumentó que en el Plan de Desarrollo de su sexenio incluyeron la consolidación del transporte urbano en un modelo de eficiencia y modernidad con nuevas tecnologías y desarrollo de infraestructura adecuada, y se conformó la CTC con 506 concesionarios del servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros. La inversión fue de aproximadamente mil 200 millones de pesos en infraestructura y autobuses nuevos. Sin embargo, apuntó, la administración y explotación del servicio de transporte público de pasajeros por parte de la CTC “no se ha desarrollado de una manera eficiente, a pesar de los esfuerzos que ha realizado dicha empresa, lo que ha generado insatisfacción en la prestación del servicio, aunado al creciente déficit en las finanzas, que provoca la imposibilidad de cumplir con las disposiciones previstas en la ley”. Con esa requisa el gobierno estatal se adjudicó por 90 días la administración y explotación de la ruta troncal y dejó a los concesionarios las rutas alimentadoras, es decir, las de mayor problema para los usuarios. La decisión provocó cuestionamientos públicos hacia el gobierno, porque asumió la responsabilidad de las rutas que funcionan bien y se hizo omiso para atender el problema real, es decir, las alimentadoras. Según los concesionarios, la intención de las autoridades es crear una empresa paraestatal para operar el sistema de transporte. La madrugada del sábado 17, el director de Transportes, Gustavo Morales, se presentó armado, junto con un grupo de ministeriales, a las instalaciones de la CTC para asumir la administración. Los concesionarios no se lo permitieron y denunciaron el hecho. Morales aseguró que sólo intentaba hacer una revisión de rutina. Y desde ese día los transportistas no dejaron solas las instalaciones, hasta conocer el fallo del juez, que ayer finalmente les concedió la suspensión definitiva. De acuerdo con Maclovio Murillo, el sistema de transporte ya estaba quebrado, pero aun así “obligaron a los concesionarios a entrar a un nuevo sistema con la misma tarifa y mayor inversión por parte de ellos, sin apoyo económico de las autoridades”. Con la suspensión definitiva en mano, los concesionarios irán a una audiencia constitucional el próximo 19 de junio, pero el juicio podría durar un año y medio aproximadamente, según el abogado. Y si no ganan el amparo, dijo, promoverán el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tomando en cuenta que el artículo 43 de la Ley de Transporte y Vías de Comunicación es inconstitucional y también el acuerdo de requisa. La negociación es otra de las opciones, “siempre y cuando (el gobierno) reconozca las verdaderas causas que ocasionaron los números rojos de la CTC, porque el Vive Bus operó dos meses de manera gratuita por exigencia del gobierno y éste se comprometió a otorgar un subsidio para no subir las tarifas de seis pesos que tienen desde hace seis años, y no lo cumplió”, señaló Murillo. Asimismo, mencionó que hasta ahora los concesionarios no han obtenido ninguna ganancia, a pesar de que varios de ellos invirtieron todo su patrimonio y el de su familia. “Son negocios familiares heredados y la mayoría de ellos no saben hacer otra cosa”, sostuvo. En la CTC hay varias agrupaciones que se unieron para formar la empresa, entre las cuales se encuentran dos asociadas con el PRI, pero hay varios independientes o que no están relacionados con ese partido y cuyo negocio ha sido familiar desde hace décadas. Guillermo Favela Solorio, uno de los concesionarios que invirtió todo su patrimonio, explica que a ellos les prometieron un negocio de “ganar y ganar”, pero realmente nunca existió. “Yo considero que la planeación estuvo hecha para tronarnos. Ahora resulta que nos auditan cada mes y ahora no se acuerdan cuáles son sus números, no se acuerdan de sus resultados. Diario pasamos un reporte de números al gobierno, el sistema de recaudo está digitalizado, hay información que corre directamente tanto por los depósitos como por la compra de tarjetas. Todos los días hablan de la dirección de Desarrollo Urbano y de la Dirección de Transportes, y todo lo que piden les damos”, dice. Otro de los concesionarios explica que la responsabilidad de la quiebra la tiene el Estado, y para evadirla les dicen que hay 850 quejas de diversos usuarios, “cuando en realidad movemos diariamente 140 mil personas. Esas quejas las saca la policía municipal en 15 días y no les hacen nada”, subrayó. Uno más menciona que cuando planeaban la ruta del nuevo sistema de transporte, ellos presentaron una propuesta, pero las autoridades la cambiaron sin consultarles. “Decíamos que las rutas alimentadoras no cambiaran, sino que se entroncaran con la troncal, pero la ingeniería de la dirección de Transporte hizo una serie de modificaciones que los obligó a tener muchas rutas y llegar a la terminal, lo que generó más tiempo para el usuario”. Favela Osorio refiere que los concesionarios no participaron en la planeación ni en la decisión de los centros de compra de las tarjetas para el ViveBús. “Estábamos de acuerdo en todo, menos en las tarifas, y el gobierno dijo que se subsidiaría”, dice. Asimismo, explica que de las unidades que tienen trabajando, la más barata es de 170 mil pesos y la más cara de 800 mil pesos, depende del modelo que cada quien puso, y la inversión fue de todo su patrimonio. “Era muy buen proyecto, sólo que no sé a quién se le despertaría la ambición o la irresponsabilidad, ahora se han gastado mil 400 millones. Muchos negocios quebraron cuando construyeron las estaciones, el costo fue alto, se compraron unidades y sólo nos dieron un abono, por mucho de 20 mil pesos. Les deben a muchos dos o tres camiones, se les debe todo, como quien dice”. Los concesionarios indicaron que la ruta troncal es una parte del sistema, y registrar cien validaciones diarias representa un ingreso de 33% de lo que se recaba, de manera que si al mes sacan 37 millones, alrededor de 12 millones y medio son de la troncal. “Ahora no falta ni la primera ni la última vuelta. Antes viajaba menos gente el domingo que cualquier día de la semana, quiere decir que el servicio funcionó. Nos han medido de todas partes. Por ejemplo, para Diana Lobo, CTS, teníamos una calificación de 3.7 y ahora nos dieron 7.6, cuando la más alta es de 8.6. Esas situaciones no las quiere ver gobierno, alega las 850 quejas, pero si miden la policía municipal habría más de esas 850 quejas en un mes. Hay más de un muerto diario, y si a esas vamos tendríamos que quitar al gobierno por ineficaz”, subraya. Y no duda en señalar que se trata de una cuestión política para beneficiar a alguien. “Se escuchan varios nombres, pero ya lo veremos en su momento, cuanto otorguen la concesión”. Según el PAN, el ViveBús es un “monumento a la corrupción de Duarte, porque es la más opaca y la que se anunció como la obra de este sexenio”. Además, el presidente de la fracción panista en el Congreso local, César Jáuregui Moreno, criticó los gastos millonarios que hizo el gobierno estatal sólo para conocer el proyecto Transmilenio en Colombia, que finalmente no copiaran, en el sentido democrático con el que funciona en aquel país, por la corrupción que existe en el estado.

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