CANCUN, Q. Roo (apro).- La polémica Ley de Ordenamiento Cívico entró en vigor este martes al publicarse en el Periódico Oficial del gobierno estatal. La entidad gobernada por el priista Roberto Borge Angulo se convierte así en el primer estado en regular las marchas en el país. Desde ahora, sin embargo, las dirigencias estatales del PRD y del Movimiento de Regeneración Nacional anunciaron que impugnarán la nueva legislación aprobada el pasado 30 de abril por el Congreso local, con el voto mayoritario del PRI y de sus aliados. Julio César Lara Martínez, presidente estatal del PRD, dijo que, junto con Ricardo Velazco Rodríguez, dirigente del Consejo Estatal de Morena, solicitarán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que revise la nueva ley e interponga una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y que promoverán por su cuenta amparos contra ese ordenamiento. Lara Martínez refirió que la Ley de Ordenamiento Social no tiene sentido porque la libertad de manifestación está consagrada en la Constitución. Velazco Rodríguez indicó por su parte que la nueva ley sigue siendo restrictiva de los derechos y garantías individuales. “Lo que deja ver esta Ley es el temor a la organización de la sociedad civil y la incapacidad del gobierno de conciliar”, dijo. La Ley de Ordenamiento Cívico es el antecedente inmediato de la Ley de Ordenamiento Social que el gobernador Borge Angulo, con la ayuda del grupo parlamentario del PRI y de su aliado, el PVEM, pretendían sacar adelante en marzo pasado. Dicha legislación prohibía las protestas en zonas históricas o turísticas y marchar en vías primarias. Incluso obligaba a quienes pretendían manifestarse a pedir permiso con 48 horas de anticipación. Y en caso de obtener el aval de la autoridad, los inconformes no podrían “proferir injurias” en las protestas y mucho menos realizar bloqueos en avenidas o carreteras. Ante las airadas protestas que generó la legislación, Borge Angulo no publicó la ley en el Periódico Oficial y ofreció someterla a revisión. A final de cuentas, el PRI la sustituyó por la Ley de Ordenamiento Cívico en la que el gobierno estatal se compromete a “garantizar el orden, la paz y la tranquilidad pública y proteger a las personas que realicen manifestaciones, marchas y plantones en espacios públicos”. De igual forma autoriza a los manifestantes a hacer uso de las vías públicas. No obstante, deja en claro que la administración pública “tomara las medidas necesarias” si durante las manifestaciones, marchas o plantones “se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculiza la prestación de un servicio público o se produjeran actos de violencia”.