VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La mayoría perredista en el Congreso local autorizó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) investigar el destino del préstamo por 460 millones de pesos, entre otras irregularidades, que el excandidato priista a la gubernatura, Jesús Alí de la Torre, contrató en 2010, cuando fungía como alcalde del municipio de Centro, cabecera de Villahermosa. Desde la tribuna, la vicecoordinadora del PRI, Esther Alicia Dagdug Lutzow, recriminó a los legisladores perredistas tal acción, se trata, dijo, de una respuesta a las acusaciones que su partido ha enderezado contra el gobernador Arturo Núñez por presuntos actos de corrupción. Principalmente, en las millonarias compras efectuadas por el DIF-Tabasco que implican al director jurídico de esa institución, Sergio Eduardo Pulido Pérez, y a un yerno del mandatario tabasqueño, según la denuncia formulada en marzo pasado por Mario Rafael Llergo Latournerie, excoordinador de campaña de Jesús Alí. Alí de la Torre es actualmente Coordinador de Políticas Públicas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que encabeza Rosario Robles. El punto de acuerdo, aprobado como de “urgente resolución”, fue presentado por presidenta del Congreso, la perredista Ana Bertha Vidal Fócil. En él, también se exhorta a la Contraloría del Ayuntamiento de Centro informar sobre las acciones administrativas y jurisdiccionales contra exfuncionarios municipales del trienio 2010-2012, “a fin de que el quebranto no quede impune”. Vidal Fócil explicó que “este caso de corrupción” fue ampliamente documentado por el actual gobierno municipal que encabeza el expriista Humberto de los Santos Bertruy, postulado por la alianza PRD-PT-Movimiento Ciudadano, en un informe presentado el 12 de septiembre de 2013, sobre cómo encontró las finanzas del Ayuntamiento. Dijo que, de acuerdo con el referido informe, el millonario crédito - autorizado por la anterior legislatura de mayoría priista- sólo endeudó al municipio y no existen obras de drenaje, pavimentación de calles, rehabilitación de puentes, parques y el Centro Histórico, entre otras, para lo que fue solicitado. Además sostuvo que existen claras evidencias de que los 460 millones contratados fueron ejercidos de manera irregular y que de ello se derivan faltas administrativas y delitos que el OSFE debe determinar y, una vez concluida la auditoría, proceder a presentar las acciones legales contra los ex funcionarios municipales que resulten responsables. La diputada Dagdug Lutzow respondió que lo anterior se trata de una “acción represiva” del gobernador Arturo Núñez por las denuncias de corrupción contra su administración. Aclaró que su partido está de acuerdo en esta investigación, pero exigió que también indaguen los presuntos casos de corrupción en dependencias del gobierno perredista, así como de ediles y ex alcaldes de ese partido a quienes se les han reprobado cuentas públicas. “Para convencer al pueblo de su hartazgo ante tanta corrupción por compras directas a empresas cuyos dueños son familiares de funcionarios del DIF, así como en las secretarías de Salud, Educación y Seguridad Pública, es necesario que actuemos en la misma medida y se ordene investigar el presente”, expuso. A los diputados perredistas, dijo, “les dolió hasta el alma”, la postura que el pasado miércoles 7 ella, a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, fijó respecto al discurso del gobernador Arturo Núñez del pasado domingo 4 de mayo, durante el 25 aniversario del PRD-Tabasco. En ese discurso, el mandatario tabasqueño reiteró que los “corruptos” priistas son los responsables de la grave situación económica que vive Tabasco. "Los que condujeron al Estado en la lamentable situación en que se encuentra, hoy pretenden hacerse de que ellos no son responsables de que Tabasco esté como esté y nos acusan que tendemos cortinas de humo para no sacar adelante al Estado. Los que tienden cortinas de humo son ellos y eso lo saben bien los tabasqueños y no lo vamos a olvidar. Nos hacen acusación de corrupción, pero ellos son los corruptos que condujeron a Tabasco a la situación en que se encuentra”, remarcó Núñez. El miércoles 7 Dagdug Lutzow replicó y denunció que cada que vez que el PRI señala corrupción del gobierno nuñista, éste recurre “a los temas del pasado, al morbo judicial y al escándalo político para distraer la atención”. Así, dijo, tiende cortinas de humo para evitar rendición de cuentas sobre denuncias de corrupción, particularmente en el DIF-Tabasco. Sobre este caso, el pasado martes 6 el priista Llergo Latourniere responsabilizó al gobernador Arturo Núñez de lo que le pueda ocurrir a su integridad física, a su familia y patrimonio, por la denuncia de corrupción en esa institución. Reprobó que el gobierno proteja al director jurídico del DIF, Sergio Eduardo Pulido Pérez, a quien “le dieron una sanción de terciopelo por el vínculo de afinidad que tiene con el yerno del gobernador”, dijo, luego que la Contraloría del Estado lo suspendió un mes del cargo sin goce de sueldo. Pese a que se probó que Pulido Pérez incurrió en falta administrativa en los dos contratos por más de 20 millones para compra de alimentos que se asignó a la Empacadora Brissa, S.A. de C.V., en octubre de 2013, propiedad de su concuño, Juan Antonio Herrero Pérez Rioja. Llergo Latourniere dijo que la protección del gobierno al suspendido funcionario del DIF-Tabasco es por los “vínculos afectivos” que éste y su concuño Pérez Rioja tienen con Munir Chaleta, esposo de Martha Núñez, hija del gobernador Arturo Núñez y que, incluso, tiene más pruebas sobre esta relación “de cuates” que ofreció dar a conocer más adelante. Mediante un comunicado, Munir Chaleta y su esposa Martha Núñez rechazaron las acusaciones del ex coordinador de campaña de Jesús Alí. “En lo que nosotros atañe, manifestamos en forma absoluta que no tenemos ni hemos tenido relación de ninguna índole con los hechos que se indican en la denuncia presentada, así como tampoco guardamos relación familiar de ningún tipo o grado, ni mucho menos de índole profesional o comercial, con Juan Antonio Herrero Pérez Rioja y Consuelo María Caraveo, así como con socios o personas que integran la sociedad denominada Empacadora Brissa SA de CV, ni con sus subsidiarios y/o filiales, en caso de que existieren”, puntualizan y agregan: “Es importante acotar que el simple hecho de haber coincidido en un evento de orden social no genera derecho ni convicción alguna, para que de forma frívola y temeraria el C. Mario Llergo pretenda vincularnos, así sea de manera indirecta, en los supuestos actos de corrupción que alude”. Y añaden: “Como corresponde a los valores en que fuimos formados y al estado de la legalidad en el que vivimos, nos reservamos el derecho de ejercer, en tiempo y forma, las acciones de orden jurídico que se estimen pertinentes”. Para probar los “vínculos afectivos” de Munir Chaleta y Martha Núñez con los dueños de la Empacadora Brissa, el 29 de abril Llergo Latourniere mostró un suplemento de sociales del diario Olmeca-Tabasco, en el que el yerno e hija del gobernador Arturo Núñez conviven en un bautizo de la niña Luciana Pulido Mendoza, hija del director jurídico del DIF. A la fiesta también asistió el notario público Carlos Camelo Cano, que dio fe de la creación de la Empacadora Brissa y Consuelo María Caraveo Pacheco, que cuenta con poderes amplios en la referida empresa y suegra, además, por partida doble de Pulido Pérez y de Herrero Pérez Rioja, director jurídico del DIF-Tabasco y propietario de la empresa, respectivamente. El festejo familiar se realizó el 29 de octubre de 2013, una semana después de haberse asignado los dos contratos a la Empacadora Brissa por 20 millones 411 mil pesos, resaltó Llergo Latourniere.