CANCÚN, Q. Roo (apro).- Distintos jueces de distrito dieron entrada hoy a cinco amparos contra la legislación que regula las manifestaciones en el estado de Quintana Roo –Ley de Ordenamiento Cívico–, promulgada por el Congreso local el pasado 2 de mayo, a instancias del gobierno de Roberto Borge. Militantes perredistas promovieron dos recursos ante los juzgados Sexto y Tercero, con sede en Chetumal y Cancún, respectivamente. Uno más fue interpuesto por un colectivo de maestros dela Universidad de Quintana Roo (Uqroo) en los juzgados Sexto y Primero de Distrito, y el último por el médico Marco Romano Quintanilla Cedillo, una víctima de la represión policiaca el pasado 1 de mayo, durante el desfile del Día del Trabajo. Julio César Lara Martínez, presidente estatal del PRD, informó también que militantes de su partido –ocho en Chetumal y siete en Cancún– solicitaron por su cuenta la suspensión provisional de los actos reclamados, pero aclaró que los jueces no concedieron la medida cautelar. Sin embargo, destacó que “lo importante es que no fueron desechados (los amparos), les dieron entrada, y los jueces van entrar al fondo”. Además, indicó que el acto reclamado es que ninguna ley puede reglamentar libertades consagradas en la Constitución, como la libre manifestación. “Quintana Roo fue el primer estado en el que se hace una ley en la que se regulan las marchas, pero también será la primera entidad en que la justicia federal las revierta”, advirtió. En Chetumal, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdhqroo) dio entrada al recurso presentado por Israel Ernesto Escobedo Díaz, militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a fin de que este organismo autónomo, a partir de sus nuevas facultades jurisdiccionales, inicie una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Ordenamiento Cívico. Sin embargo, Escobedo Díaz reconoció que el presidente de la Cdheqroo, Harley Sosa Medina, “no hará nada más”. “Sólo respondió que reciben mi petición y harán las investigaciones necesarias para dar solución al caso específico que señalé. Una respuesta genérica y equis”, previó. La Ley de Ordenamiento Cívico advierte que la administración pública “tomará las medidas necesarias” si durante las manifestaciones, marchas o plantones “se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculiza la prestación de un servicio público o se produjeran actos de violencia”. Por si fuera poco, prohíbe de llevar a cabo bloqueos en la vía pública. Esta ley se aplicó el 6 de mayo por primera ocasión para impedir que un grupo de activistas protestara contra Enrique Peña Nieto, cuando el presidente acudió a Cancún para inaugurar el 39 Tianguis Turístico 2014. Entonces, elementos de las policías municipal y estatal impidieron a un grupo de jóvenes colocar carteles en el centro de la ciudad en repudio a la presencia de Peña Nieto en Cancún. Los jóvenes fueron “encapsulados” en una calle secundaria del centro de la ciudad cuando se disponían dirigirse a la avenida Tulum, la principal del centro de la ciudad, y fueron liberados una hora después.