MÉXICO, D.F., (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado de San Luis Potosí acusó hoy a la arquidiócesis de encubrir al exsacerdote Eduardo Córdova Bautista, acusado de abusar sexualmente de aproximadamente 100 menores de edad. Miguel Ángel García Covarrubias, titular de la dependencia, detalló que el abogado de la arquidiócesis potosina, Armando Martínez, no ha querido incriminar al excura porque su nombre no aparece en su querella. De acuerdo con información publicada hoy en el diario Pulso de San Luis, García Covarrubias aseguró que tanto el abogado como miembros de la arquidiócesis de San Luis Potosí son renuentes a aportar más datos incriminatorios en contra de Córdova Bautista. Ante ello, dijo, la PGJE va a requerir datos a las autoridades superiores del arzobispado potosino en el Distrito Federal e incluso hasta Roma. Por lo pronto, añadió, ordenarán la presentación del arzobispo Carlos Cabrero para cuestionarlo por qué el abogado Armando Martínez no denunció directamente a Eduardo Córdova ni entregó los datos de la denuncia. Si no lo hizo, eso implica encubrimiento, advirtió el procurador, y explicó que el abogado de la Arquidiócesis potosina falsamente dice que sí denunció, confundiendo a la sociedad. “Lleva a la Iglesia a un callejón sin salida”, remató. El pasado miércoles 4, el Vaticano halló culpable del delito de abuso sexual contra menor a Eduardo Córdova Mendoza y lo retiró definitivamente del sacerdocio católico. Luego de analizar los testimonios y las pruebas aportadas, la Congregación para la Doctrina de la Fe impuso al clérigo la “dimisión del estado clerical”, pena reservada a los casos más graves. La sanción “ex officio” (según su nombre técnico) no requirió la aprobación del Papa, ya que fue dictada después de un proceso administrativo durante el cual el sacerdote prefirió no defenderse, mientras la víctima aportó material suficiente para probar la culpabilidad. El 23 de abril la Arquidiócesis de San Luis Potosí impuso a Córdova Mendoza la suspensión de sus funciones y atribuciones ministeriales, a instancias del propio Vaticano. Esta noticia trascendió a finales de mayo. Dicha suspensión no fue más que una medida cautelar –impuesta porque las acusaciones contra el clérigo tenían fuertes indicios de verosimilitud– aplicada por los tribunales de la Santa Sede mientras concluía el procedimiento. La conclusión del proceso contra el inculpado se dio pocos días después de la visita “ad limina apostolorum” que los obispos mexicanos realizaron a Roma y en cuyo último grupo estuvo justamente Cabrero Romero. El arzobispo potosino fue recibido por el Papa Francisco el sábado 31 de mayo en el Palacio Apostólico. De la reunión participaron otros prelados de México. Menos de una semana antes, el mismo pontífice lanzó una dura condena a los abusos sexuales contra menores, actos que comparó con los sacrilegios de las “misas negras” (satánicas) y ratificó su apoyo a la política de “tolerancia cero”.