TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Frente Campesino y Popular de Chiapas exigió a la exsecretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias Lillo, “sacar las manos” de la Selva Lacandona, y además pidió al gobierno estatal y a la PGJ frenar la persecución judicial contra indígenas que reclaman tierras en la entidad. En conferencia de prensa, Enrique Pérez López, integrante del Frente formado por una decena de organizaciones sociales de la entidad, denunció que con el tráfico de influencias de la exfuncionaria en el sexenio de Ernesto Zedillo, se inició una persecución judicial en Chiapas que llevó a la cárcel al maestro Gabriel Fernando Montoya Oseguera y a 22 indígenas que pasaron 24 horas presos el pasado fin de semana. Agregó que Carabias Lillo “se hizo pasar por secuestrada” en los últimos días de abril y aunque públicamente nunca acusó a nadie ni pudo identificar quiénes fueron sus captores que supuestamente la tuvieron dos días amarrada a un árbol, el grupo antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) detuvo el 14 de mayo a Montoya Oseguera, asesor de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona. Montoya Oseguera es asesor de los indígenas lacandones que acordaron con la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente y Democrática (ARIC-ID) regularizar tres poblados asentados en la Selva Lacandona: Ranchería Corozal, Salvador Allende y Nuevo San Gregorio. Sin embargo, la administración de Manuel Velasco y el gobierno federal, así como el grupo de activistas que encabeza Carabias Lillo con su organización Natura Mexicana, están en contra de esa regularización y han amenazado a los lugareños con el desalojo. Enrique Pérez López dijo que se acusa a los indígenas de depredar la selva, “pero lo que no saben es que viven ahí desde hace más de 30 años y desde hace 15 años no tiran un solo árbol, ni deforestan para sembrar, ni viven de la ganadería extensiva”. Todo lo contrario, dijo, los indígenas han aprendido a convivir con la Selva Lacandona y se han dedicado a actividades que son compatibles con la conservación y cuidado de los recursos naturales. “Ellos han hecho conciencia de que si talan, queman o contaminan sus ríos, es como si destruyeran su propia casa que habitan, por lo que el discurso gubernamental de que están acabando con la Selva Lacandona, es un discurso demagógico, pues son otros los intereses nacionales e internacionales que quieren sin gente la Selva, que la quieren toda para ellos nada más y están dispuestos a permitir a los indígenas que ahora se resisten”, dijo Pérez López. El integrante del Frente Campesino y Popular de Chiapas acusó a Julia Carabias de estar tras la campaña contra los indígenas que, sin necesidad de intervención gubernamental o de grupos ambientales oficiales han llegado a acuerdos, como el del pasado 23 de abril, para vivir en armonía y sin conflictos. Natura Mexicana, o Natura y Ecosistemas Mexicanos, A.C., como se le conoce legalmente, se declara como “una organización no gubernamental, sin fines de lucro, comprometida con el rescate y protección del patrimonio natural de México”. Y asegura que los proyectos que realizan los hacen dentro de la Selva Lacandona, en la Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. En un artículo publicado en el diario Reforma el pasado 24 de mayo, Carabias Lillo dijo que “el conflicto en la Selva Lacandona es porque la ley no se respeta. Quienes persiguen intereses personales en contra del interés público alientan las invasiones, para luego exigir la regularización y por tanto la expropiación. Esta situación se ha vivido en varios momentos”. Agregó que ahora se padece una situación semejante, “con el agravante de que muchos actores locales, afectados en sus intereses económicos y políticos, se han dedicado a la calumnia y a confundir a los pobladores y a la opinión pública”.