TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas acusó que el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno federal y de su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas trajo reforzamiento policiaco y acciones judiciales que fomentan la tortura en la entidad. En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, el Frayba presentó el informe titulado “La Tortura, mecanismo de terror”. Jorge Hernández, vocero del organismo, informó que en este documento se ofrece la actualización de los casos documentados por el Centro en el informe “De la Crueldad al Cinismo”, presentado el año pasado. El análisis demuestra que la tortura no significa sólo cifras, sino historias de hombres, mujeres, rostros, voces, dolores de las y los sobrevivientes y de sus familias. Su contenido se basa en la información entregada el 29 de abril de 2014 a Juan E. Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, durante una reunión en Tapachula que hubo en el contexto de su visita oficial a México. Hernández aclaró que la tortura en México es un “método de investigación” policial, de control y de terror. Es, dijo, producto de la violencia engendrada por el sistema político y ejercida por quienes desde el gobierno representan el poder. “La tortura como método recurrente devela un sistema de justicia corrupto y distante a la garantía de protección y seguridad jurídica. Aunque los gobiernos federal y del estado de Chiapas realizan y publicitan reformas legislativas, políticas públicas y ratifican su compromiso en instancias internacionales, la realidad rebasa los límites”, aseguró. El vocero del Centro agregó que “la tortura se oculta, es tolerada, permitida y ejercida desde quienes tienen la responsabilidad de la administración de justicia, desde las estructuras de gobierno las violaciones a los derechos humanos son la norma”. Acusó que el regreso del PRI al gobierno federal y la entrada del PVEM –su aliado-- a Chiapas con Manuel Velasco Coello, han dado continuidad a aspectos como la construcción de un enemigo interno, para justificar la restricción de derechos a la población. También se registró el aumento de la militarización en comunidades indígenas y zonas urbanas, situación que ha intensificado las violaciones a los derechos humanos. La tercera consecuencia, dijo, es la criminalización de quienes se organizan para defender los derechos humanos y a la sociedad en general. Registran 17 casos de tortura Jorge Hernández, vocero del Frayba, informó que el organismo documentó 17 eventos donde hubo tortura: seis fueron en Tuxtla Gutiérrez, dos en Tapachula, dos en Chenalhó y en las comunidades de Simojovel, Maravilla Tenejapa, Arriaga, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Sabanilla y Acala, cada una con un caso. En cuanto a las víctimas, 14 fueron hombres, uno menor de edad, y tres mujeres. Dos murieron bajo custodia policial, al parecer a causa de los golpes recibidos. Los decesos fueron en Acala y Tapachula. En el caso de las mujeres, quienes sufren violencia en razón de género, la situación es aún más vulnerable, ya que no confían en sus redes de apoyo como familia y comunidad, por el miedo a ser estigmatizadas o vueltas a violentar por denunciar lo sucedido. En los actos de tortura cometidos contra mujeres, los métodos utilizados tienen una connotación sexual. Y es que, según el Frayba, la violencia sexual es una de las armas privilegiadas y elegidas por los perpetradores para degradarlas moralmente, humillarlas y aplicar un castigo diferencial de acuerdo a su género. Entre los autores responsables de estos hechos se encuentran militares, funcionarios de la PGJE de Chiapas, específicamente de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO) y la Fiscalía de Distrito Metropolitano. También se cuentan policías municipales y ministeriales, así como la Policía Estatal Preventiva, médicos legistas de la PGJE, autoridades comunitarias tradicionales y civiles con anuencia de agentes del Estado. El Frayba informó que han tomado nota de las omisiones en los reportes del personal médico de la PGJE, quienes se limitan a realizar una revisión médica rutinaria de lesiones físicas y sólo prolongan el sufrimiento de las víctimas. Agregó que la intencionalidad de la tortura, en los eventos documentados, ha sido una forma de castigo para desalentar la denuncia y la participación en movimientos sociales críticos al gobierno. También ha funcionado como acto intimidatorio, para anular la personalidad de la víctima y para que se autoinculpe de delitos y/o inculpe a terceras personas. “Podemos concluir que los gobiernos federal y estatal se niegan a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Su doble discurso sobre la construcción de instancias de derechos humanos, promulgación de leyes de protección en lo interno, la adopción de tratados y convenios internacionales donde se compromete a cumplir ante la comunidad mundial, son parte del velo que disfraza la realidad”, dijo Hernández. Y que aunque se haga un cambio de sistema penal, “la práctica de la tortura está enraizada en el actuar de los funcionarios y servidores de gobierno y difícilmente cambiara con medidas limitadas”. Ante este panorama, el Centro impulsa la construcción de redes de apoyo entre familias, comunidades, organizaciones sociales, con las que pueden articularse las y los sobrevivientes de tortura en una acción de defensa integral.