SALAMANCA, Gto. (apro).- Un grupo de ciudadanos de esta ciudad presentó una denuncia ante el Órgano de Fiscalización del Congreso local por el presunto desvío de aproximadamente 17 millones de pesos en la compra de un terreno para construir el edificio de seguridad C4. De acuerdo con la denuncia, en noviembre pasado el alcalde panista Justino Arriaga autorizó la adquisición del predio a un precio más alto de su valor real,  así como la “gestoría” de un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico, a quien se le habría pagado una comisión de 12 millones de pesos. Según los denunciantes –apoyados por las organizaciones “Ciudadanos Hartos” y “Fuerza Salmantina”–, la transacción fue aprobada en una sesión del Ayuntamiento “en lo oscurito” y con el rechazo de varios regidores de la oposición, quienes hasta enero se enteraron que el terreno de tres hectáreas costó 42 millones de pesos. El predio vendido al ayuntamiento era propiedad del empresario Alejandro Herrera, hermano de Franco Herrera, subsecretario de Atracción de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien presuntamente fungió como corredor en la compraventa. La construcción del C4, donde también operaría la policía municipal y otras instancias de la administración municipal, fue impugnada no sólo por la opacidad en el proceso de adquisición y el valor del terreno, sino por la inconformidad de vecinos y autoridades de dos institutos educativos que colindan con el lugar, cuyos directivos pidieron al gobernador Miguel Márquez frenar el proyecto. En conferencia de prensa, uno de los inconformes, Javier Ramírez, dio a conocer la presentación de la denuncia formal ante el Órgano de Fiscalización, que incluye el resultado de un avalúo practicado por un perito, mismo que arrojó un precio real de 24 millones 469 mil pesos por el predio de tres hectáreas, es decir, 17 millones de pesos menos de lo que pagó el gobierno municipal. La denuncia es contra el alcalde Justino Arriaga Rojas, la síndico María Soledad Moreno y el exsecretario del Ayuntamiento, Antonio Ramírez Rangel, a quienes se acusa de incurrir en irregularidades en el manejo, aplicación y custodia de los recursos públicos. En ella se plantea que el proceso se efectuó sin la participación del Comité de Adquisiciones municipal, además de que se cobró IVA por un predio clasificado como rústico y la compraventa se formalizó en una notaría de Celaya, no de esta ciudad. El presidente municipal desestimó la acusación al asegurar que carece de sustento, y exigió pruebas. “En respuesta a su petición de aportar pruebas, en días pasados se mandó a realizar un avalúo a cargo de un perito federal en evaluación inmobiliaria, que determina que el valor real del predio adquirido es solamente de 24 millones 469 mil 187 pesos, contra los 41 millones 953.533 pesos más IVA que pagó”, señalaron los quejosos, quienes pidieron al Órgano de Fiscalización que audite el proceso de compraventa. Javier Ramírez exigió que se devuelva al erario municipal los 17 millones de pesos que supuestamente fueron desviados, y reveló que el copropietario del predio, Gabriel Benavides, le informó que el subsecretario de Atracción de Inversiones, Franco Herrera, fue quien cobró la comisión de 30% por la transacción.