GUANAJUATO, Gto., (proceso.com.mx).- Integrantes de un movimiento ultraderechista leonés al que pertenece la exdirectora del Instituto de la Mujer en el estado Luz María Ramírez Villalpando exigen al gobernador panista Miguel Márquez Márquez cancelar la firma del convenio con la ONU-PNUD para realizar un trabajo conjunto en materia de derechos de las mujeres, pues consideran que esta alianza impulsa políticas públicas a favor del aborto legal. En este mismo tenor, criticaron la contratación de la académica Marta Lamas para impartir un taller en materia de equidad de género al propio gobernador y miembros de su gabinete, en febrero pasado. Luz María Ramírez Villalpando fue directora del Instituto de la Mujer en el sexenio de Juan Manuel Oliva, periodo en el cual fue polémica por su desempeño por su línea ultraconservadora y favorecer a organizaciones de esta tendencia, además de haber recibido una recomendación de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos por expresiones discriminatorias hacia las personas que usan perforaciones y tatuajes. El domingo, el movimiento “Sumando Vida” –que encabeza la exfuncionaria y familiares- divulgó una carta en la que exigió al gobernador Márquez rescindir el convenio firmado a principios del año con la ONU-PNUD para la realización de un mapeo del panorama de los derechos de las mujeres y niñas en el estado, a fin de proponer políticas públicas para garantizar su plena vigencia. El convenio fue firmado en febrero y la revisión por parte del PNUD duraría cuatro meses. El movimiento calificó de incongruente la conducción del gobernador en este tema, al señalar que como panista defiende la vida, puesto que según su visión, el convenio lo obligará a aprobar la interrupción legal del embarazo (ILE) en el estado. Además, el movimiento reclamó al gobernador la contratación de la antropóloga Marta Lamas, también colaboradora de Proceso, para la impartición de un taller de género y derechos de la mujer a los funcionarios del primer nivel del gabinete. Lamas “es reconocida públicamente como una de las principales promotoras del aborto en México…nos indigna que por esa conferencia se pagaran 112 mil 520 pesos del dinero de todos los guanajuatenses”, expresó la organización de ultraderecha. En otra carta pública firmada por Carlos Alberto Ramírez como representante del movimiento, se expresa una “grave preocupación” por las decisiones del gobierno de Márquez en materia de equidad de género y derechos de las mujeres. “Recordamos que el aborto no es un derecho, pues se priva de la vida a un ser humano. Hacemos público nuestro total apoyo para que se trabaje en el reconocimiento pleno de los derechos de la mujer guanajuatense y para que, en cuestión de salud, se den a conocer las nefastas consecuencias físicas, psicológicas y emocionales que ocasiona el aborto”, señalaron.