MEXICALI, B.C., (apro).- Por llamarse igual que un sujeto acusado de robo de vehículo en Tijuana, Miguel Ángel Rivas Hernández ha sido aprehendido en seis ocasiones de enero de 2012 a la fecha. Incluso, en una de las últimas aprehensiones, en septiembre de 2013, fue torturado por agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) al confundirlo con su homónimo, quien también se identifica con el nombre de Julio Torres Cortés, y cuya ficha figura en el padrón de personas vinculadas a procesos penales de Plataforma México. Originario de Sinaloa, Miguel Ángel sufrió el primer arresto en enero de 2012, meses después de cambiar su residencia de Mazatlán a Tijuana, para trabajar en la empresa Grabados de Baja California. En aquella ocasión, agentes de la PEP detuvieron al hombre de más de 1.90 metros de altura y 100 kilogramos de peso en la Vía Rápida Oriente de Tijuana, cuando viajaba en una camioneta Susuki Rodeo, en compañía de su tío, Santana Rivas, y de sus primos. Los agentes estatales solicitaron información al Centro de Control, Comando y Comunicaciones (C4) de esa ciudad fronteriza, y les informaron que un hombre con esa identidad tenía una orden de aprehensión por robo de vehículo, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), donde se comprobó que el sujeto que buscaban es originario de Tijuana, con características físicas diferentes y dos tatuajes visibles en su cuerpo. Seis meses después, el 30 de julio, el sinaloense volvió a ser aprehendido por su “aspecto sospechoso” y viajar en un vehículo con los vidrios polarizados. Esta vez lo retuvieron en el estacionamiento de la Plaza Monarcas, al oriente de Tijuana, y horas más tarde fue liberado. Exactamente un mes después, de nueva cuenta lo arrestaron porque su automóvil, un Jeep Cherokee, no tenía placas de circulación, aunque llevaba un permiso para circular. Lo retuvieron durante tres horas en el fraccionamiento Santa Fe. Tortura y amenazas policiacas La noche del 2 de septiembre de 2013, policías estatales vestidos de civil, armados y en carros particulares, detuvieron a Miguel Ángel por cuarta ocasión en el bulevar Casa Blanca, cuando circulaba en un vehículo Honda. Lo bajaron del carro y lo subieron a una camioneta RAM, donde lo sometieron en el piso y lo condujeron a un callejón, donde lo golpearon severamente, lo esposaron y cubrieron su rostro con una bolsa negra para impedir que respirara. Uno de los policías grabó la tortura en la cámara de un celular, mientras sus compañeros le exigían que se declarara vendedor de droga. No lo hizo. Le echaron agua en la nariz, le robaron una cadena y un anillo de oro, y 2 mil dólares que llevaba para legalizar un vehículo fronterizo. Cinco horas después lo trasladaron al Grupo de Aprehensiones de la PGJE, pero los agentes ministeriales rechazaron su custodia porque conocían el caso del homónimo, y cuestionaron a los policías estatales sobre la efectividad del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal. Ante la negativa para consignarlo, los agentes de la PEP condujeron a Miguel Ángel a su automóvil, le entregaron las llaves y le advirtieron que si los denunciaba iban a agredir a su familia o le sembrarían droga para inculparlo, pues conocían su domicilio, teléfono y centro de trabajo. Al llegar a su casa, su tío Santana Rivas lo convenció para que interpusiera una denuncia penal. El agente del Misterio Público solicitó que un médico legista del Hospital General le extendiera un certificado de integridad física, donde se dictaminó su estado psicológico y se describieron las lesiones que sufrió durante la golpiza de los policías y el tiempo que tardarían en sanar. El médico certificó la fractura de muñecas en ambas manos y estrés postraumático. Luego de los cuatro arrestos por la confusión de los agentes, en octubre de 2013 el sinaloense presentó el juicio de amparo 489/2013, que resolvió el Juez Tercero en Juicios Federales y Amparo en Tijuana, quien canceló la orden de aprehensión contra Miguel Ángel Rivas Hernández o Julio Torres Cortés. “Las detenciones sin investigación por parte de los agentes preventivos del estado, independientemente de ser un acto arbitrario de autoridad, representan también una falta de ética y compromiso social de las autoridades”, señaló el sinaloense en su denuncia por tortura, abuso de autoridad y discriminación, y solicitó a la SSP estatal que presentara un informe sobre las ocasiones que había sido aprehendido por confundirlo con un homónimo. La víctima justificó su solicitud de amparo al señalar que en los arrestos que sufrió fue privado de su libertad, agredido, y en la cuarta ocasión “me causaron un daño físico y mental, y temo que terminen privándome de la vida”, pese a que –dijo– la orden de aprehensión no está dirigida en su contra. El 26 de octubre del año pasado, un día después de ser sobreseído el delito cometido por su homónimo, elementos de la Policía Federal detuvieron a Miguel Ángel en la carretera Tijuana-Mexicali y lo trasladaron a sus oficinas en esta ciudad. Minutos después lo liberaron al corroborar su identidad. Tras cinco arrestos ilegales, el amparo federal y el sobreseimiento del delito al que es ajeno, la identidad de su homónimo se mantiene en la base de datos de Plataforma México. Y por sexta ocasión, el pasado 30 de junio el sinaloense fue detenido por policías municipales de San Luis Río Colorado, Sonora, una ciudad limítrofe con Mexicali, dentro de “una revisión de rutina”. Dos horas después el joven de 31 años de edad fue liberado tras corroborarse su identidad en la base de datos de la capital de Baja California. Luego de tales experiencias, Miguel Ángel sólo espera justicia y la reparación del daño.