VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Froylán Gracia Galicia, coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex, informó que empresas locales han perdido más de mil empleos por bloqueos a instalaciones petroleras y que unos 2 mil 500 sindicalizados y personal de confianza de la paraestatal se han visto impedidos de entrar a laborar a sus centros de trabajo. Además ratificó que no se dará dinero “a la mano” a quienes exigen pagos por daños y anunció 90 obras para 56 comunidades de Nacajuca y Jalpa de Méndez cuyos habitantes, desde el lunes 7, bloquean oficinas de Pemex Exploración Producción (PEP) Región Sur y el Centro Administrativo de la paraestatal en esta capital. El movimiento de protesta se reforzó el martes 8 con el cierre de accesos a 800 pozos e instalaciones petroleras en los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Centla y Cunduacán por parte de otros grupos de campesinos afectados. A cuatro días del conflicto, Gracia Galicia informó que a partir del próximo lunes 14 iniciarán unas 90 obras para 56 comunidades de Nacajuca y Jalpa de Méndez, ubicadas en los alrededores del pozo Terra 123, que explotó en octubre de 2013 y afectó el entorno. El funcionario detalló que esto incluye mil acciones, entre ellas, 40 kilómetros de bacheo y pavimentación de carreteras y caminos, 655 techos seguros, 315 baños ecológicos y 18 domos para escuelas, solicitadas expresamente, resaltó, por madres de familias, delegados, diputados locales y federales, así como alcaldes. “El dinero en mano no ha funcionado. Es un esquema que no nos ha llevado a nada. Hay gente que dice que quiere ver que las cosas vuelvan a ser como antes. Nosotros queremos ver comunidades boyantes, con mejores calidad de vida”, respondió en torno a la exigencia de que Pemex pague daños “a la mano”, además de las obras sociales a realizar. En este punto, Bernando Bosch, gerente de Desarrollo Social de Pemex, aclaro que si se demuestra que daños de casas y pérdidas de cultivos fueron a consecuencia de la explosión del pozo Terra 123, la paraestatal está dispuesta a pagar las afectaciones. Por su parte, Froylán Gracia insistió en el apoyo “histórico” que Pemex ha otorgado al gobierno perredista de Arturo Núñez, de casi mil 500 millones de pesos, en 2013 y 2014. También dijo que, en 2013, Pemex aportó casi 600 millones de pesos al gobierno del estado, de los que 108 millones fueron en efectivo para atender reclamaciones de segunda instancia, estudios ambientales y ordenamiento ecológico, apoyo al sector pesquero y acuacultura, proyectos productivos, desarrollo agropecuario, sector educativo, infraestructura hidráulica e infraestructura básica. Además, entregó 261 millones en asfalto, diesel y gasolinas para reparación de calles de Villahermosa y comunidades, además de la dotación de combustible a patrullas y ambulancias. Aparte, entregó cerca de 200 millones para obras de beneficios mutuos que incluyen construcción y reparación de puentes, caminos y carreteras. En 2014, agregó, Tabasco recibirá cerca de 900 millones de pesos, más de 40% respecto del año anterior. Estos apoyos, aclaró, no son producto de los bloqueos, más bien se deben al diálogo con el gobierno del estado y al compromiso 158 del presidente Enrique Peña Nieto, firmado en campaña, para mejorar las zonas petroleras. El subdirector de PEP Región Sur, José Luis Fong, dijo no tener el número exacto de instalaciones y pozos bloqueados en los seis municipios donde hay protestas contra Pemex, pero rechazó que sean 800, como aseguran los inconformes. Y advirtió que continúa “el riesgo” de algún accidente, debido a que las instalaciones petroleras no han recibido mantenimiento. La diputada local perredista, Verónica Pérez Rojas, cabeza de los manifestantes en Villahermosa, fijó su postura respecto de las declaraciones de los funcionarios de Pemex y exigió la creación de un “fondo especial” de la empresa para pagar daños. La legisladora leyó un documento en el que acusó a Pemex de pretender desvirtuar el reclamo de los indígenas y campesinos afectados por la explosión del pozo Terra 123. Pérez Rojas dijo que las 90 obras anunciadas son insuficientes para reparar los daños causados por Pemex y mencionó que, por ejemplo, en el ejido Lomitas, Nacajuca, se pavimentará un camino de 700 metros, "y creen que con eso el daño causado a las familias queda resarcido". También denunció que los directivos de Pemex llegaron a supuestos acuerdos para la realización de esas obras, pero nunca tomaron cuenta la participación de los delegados comunitarios y menos consultaron a los habitantes de cada lugar. La legisladora aclaró que el bloqueo a pozos e instalaciones petroleras son sólo para vehículos, maquinaria, personal de Pemex y empresas afines, pero que unidades particulares y de otras empresas tienen el acceso libre. Además, mencionó que las comunidades nunca se han opuesto a la realización de obras de impacto social, siempre y cuando éstas sean consensuadas con sus habitantes. “No es precisamente dinero a la mano lo que reclamamos, sino el reconocimiento y respeto a nuestra tierra y el resarcimiento de las afectaciones”, resumió la diputada perredista. El alcalde perredista de Nacajuca, Pedro Landero López, sostuvo que es justo que Pemex realice obras de beneficio social en comunidades afectadas, pero también debe responder y resarcir daños “que la actividad petrolera provoca en el medio ambiente, los bienes, zonas productivas y salud de la población”. Por ello propuso que para evitar malos entendidos o interpretaciones, una institución neutral debe realizar los estudios que la actividad petrolera provoca en la salud, viviendas y zonas productivas, sobre todo en siniestros como el ocurrido en el pozo Terra 123.