GUANAJUATO, Gto. (apro).- Pese a reconocer que en la entidad existe un contexto de agresiones extremas contra las mujeres, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia se abstuvo de declarar la alerta de género, así como de proponer medidas cautelares de urgencia al gobierno del panista Miguel Márquez. En lugar de ello, determinó emitir 13 recomendaciones que el gobierno de Márquez Márquez deberá cumplir --si las acepta--, en los próximos seis meses. Una de las recomendaciones llevaría a reformar el Código Penal estatal “para que la violencia contra las mujeres sea sancionada de acuerdo con su gravedad, y con ello evitar la impunidad”, a través de la modificación de tipos penales como los abusos erótico-sexuales y la violencia intrafamiliar, así como las penas previstas en la ley. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entregó este jueves al gobierno estatal el reporte del grupo de trabajo integrado para atender la solicitud de alerta presentada por el Centro Las Libres en marzo pasado, al reportar 73 feminicidios en el 2013 en diversos municipios. El informe concluye: “En el estado de Guanajuato existe un conjunto de conductas misóginas que producen violencia extrema contra las mujeres, principalmente en el ámbito familiar, las cuales en muchas ocasiones son reproducidas por las autoridades estatales al minimizar la gravedad del fenómeno de violencia familiar, reduciéndolo al ámbito privado e incumpliendo con su obligación de prevenir la perpetuación de esta modalidad de violencia, permitiendo, además, que se repliquen las violaciones a los derechos humanos de las mujeres”. Peor aún, Guanajuato ha registrado un incremento en las muertes violentas (homicidios dolosos) de mujeres y, en algunos de estos casos, en condiciones de crueldad e inhumanidad que podría constituir violencia feminicida. En el equipo de especialistas que elaboró el reporte destacan representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, CNDH, Universidad de Guanajuato, El Colegio de México y el Instituto de la Mujer Guanajuatense. Este grupo concluyó que se ha mejorado la atención proporcionada por diversas instancias del gobierno estatal al tema y se han realizado varias campañas publicitarias contra la violencia de género, aspecto que se resalta en el reporte. Sin embargo, ha fallado la capacitación con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres entre el personal dedicado a ello, así como también la coordinación con las instancias municipales, particularmente con las policías preventivas, que carecen de protocolos para detectar y dar la atención primaria a los reportes de violencia, por lo que se propuso aplicar una capacitación más profesional y cuyos contenidos y resultados sean reportados al Conavim. También se concluyó que no se ha dado un cumplimiento cabal del personal de los servicios de salud en reportar al MP los casos de mujeres agredidas, sobre todo cuando son reiteradas las agresiones. Guanajuato está posicionado por debajo de la media nacional en homicidios dolosos de mujeres y, particularmente, de feminicidios, pero mientras en la estadística nacional disminuyeron en 13% el año pasado, en la entidad aumentaron en 10 %. Mientras el medio más usado a escala nacional para cometer estos homicidios es el arma de fuego, en el caso de Guanajuato, y particularmente de los municipios donde se da la mayor incidencia, las mujeres fueron ahorcadas, estranguladas o ahogadas, entre otras formas que reflejan una saña extrema. “Llama la atención del grupo el hecho de que en la mayor parte de los presuntos casos de homicidios cometidos en contra de mujeres, la causa de muerte se debe al uso excesivo de la fuerza física mediante métodos que pueden considerarse evidencia del odio hacia las víctimas y, en muchos casos, llegar a constituir conductas misóginas”, advierte el reporte, publicado en el portal de Internet de Conavim y el Instituto Nacional de las Mujeres posteriormente a su entrega al gobierno de Guanajuato. Además, la estadística de los servicios de salud indica que Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en atención a mujeres agredidas por violencia intrafamiliar. Una de las conclusiones, derivadas de los datos consultados por el grupo de trabajo para elaborar este informe, refiere precisamente que en la entidad no se ha procurado un sistema de diagnóstico e información que permita conocer a detalle la problemática, por lo que se tuvo que recurrir a las estadísticas nacionales, y es por ello que se recomendó elaborar un diagnóstico con la participación de especialistas y que éste se haga público. “No existen cifras consistentes respecto de la muerte de mujeres en la entidad… esta falta de información por parte de la entidad constituye un incumplimiento a su obligación de debida diligencia en cuanto a la prevención”, señala el documento. Una de las medidas prioritarias que deberá acatar el gobierno estatal es llevar a cabo todas las adecuaciones administrativas y normativas para cumplir la Ley General de Víctimas, en los términos de la reparación del daño, acompañamiento jurídico y asistencia social en casos de violencia contra la mujer, y que esto se otorgue bajo una perspectiva de género. Otras medidas planteadas al gobierno son: establecer una instancia permanente de seguimiento de la violencia feminicida, en la que participen organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema, y generar protocolos de actuación especializados para los cuerpos policiacos municipales y estatales que incorporen la perspectiva de género. Asimismo, entregar más presupuesto al Instituto de la Mujer y reestructurarlo para fortalecerlo; especializar los servicios a mujeres en situación de violencia; crear un programa de atención a hombres generadores de violencia, y difundir las sentencias del Poder Judicial emitidas con perspectiva de género.