COLIMA, Col. (proceso.com,mx).- Después de permanecer más de dos años presa en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta capital, la sexoservidora transgénero Thalía fue puesta en libertad, luego de que el juez tercero penal de Villa de Álvarez no encontró elementos que acreditaran su responsabilidad en el homicidio de una de sus compañeras. La detención de José Alberto Torres Segura, Thalía, ocurrió el 20 de junio de 2012, dos días después de que apareció a bordo de una carretera del municipio de Comala el cadáver de José Alfredo Munguía Cibrián, Jazmín, transgénero que también ejercía el sexoservicio en la zona de tolerancia de Colima. De acuerdo con el expediente de la causa penal 300/2012-III, Thalía enfrentó cargos de homicidio calificado en los términos de autoría y participación, por su supuesto apoyo al asesino material —un cliente que se encuentra prófugo— para la identificación de la víctima. Durante el juicio, Thalía denunció haber sido torturada por los agentes que la detuvieron para que se autoinculpara de ese delito, mientras que tres sexoservidoras transgénero que habían declarado en su contra también testificaron ante el juez que fueron obligadas a firmar sus declaraciones bajo tortura. Además, el médico perito Luis Enrique Espinoza Ortega dictaminó, mediante una serie de estudios, que la detenida presentaba signos de estrés postraumático derivado de la tortura física y psicológica sufrida. Marco Antonio Pérez Gaspar, presidente de la organización Colimenses Asertivos por la Salud Sexual (CASS), informó este sábado a Proceso.com.mx que “Thalía” salió del Cereso alrededor de las 17:00 horas del viernes 11. El activista, quien a lo largo del proceso judicial acompañó a la familia de la acusada en las gestiones para demostrar su inocencia y lograr su liberación, dijo que el desenlace de este caso es un gran logro, pues se habían vulnerado los derechos humanos. Comentó que por el momento Thalía se encuentra descansando en su casa, con su familia, “tratando de recapitular esta amarga experiencia vivida y que le pudo haber sucedido a cualquier ciudadano, pues está demostrado que en muchos casos los agentes policiacos no siguen protocolos para investigar los delitos de manera profesional y prefieren recurrir a la práctica de la tortura para tratar de dar por resueltos los asuntos”. Pérez Gaspar indicó que mientras permaneció en el Cereso, la acusada trató de suicidarse en más de una ocasión por el estrés de encontrarse encerrada por un hecho que no cometió. “Esperemos a ver qué va a hacer el Estado, si va a resarcir los daños ocasionados a ella y a su familia por su encarcelamiento injusto, porque aquí la cuestión es no sólo decir ‘discúlpeme usted, nos equivocamos’, sino que deben asumirse las responsabilidades”. Desde el momento de la detención de Thalía, refirió Marco Antonio Pérez, fue notable la tenacidad y persistencia de sus familiares, quienes pese a su origen humilde y escasa instrucción escolar, jamás dejaron de luchar y de tocar puertas para demostrar su inocencia. Otro elemento que a juicio del activista contribuyó a la liberación de la sexoservidora fue el manejo de la información de su caso a través de las redes sociales, que despertó la solidaridad de diversos sectores de la población. Según Pérez Gaspar, la experiencia de Thalía demuestra la urgencia de que las autoridades realicen mayores esfuerzos en contra de la discriminación, pues ella fue estigmatizada y agredida por los policías en buena medida por su condición de mujer transgénero y de trabajadora sexual. “No sólo se trata de ir a dar una charla a los policías sobre la homofobia, sino que se debe actuar ante casos reales como éste, donde se aprecia con claridad la actuación de los agentes y del Ministerio Público”. Señaló que por lo pronto Thalía necesita apoyo psicológico para superar los efectos de la tortura y del encierro. “Después platicaremos con ella para ver si decide reclamar la reparación del daño”.