Denuncias desde el 2010 contra "Mamá Rosa" por abusos, tortura y encierro

jueves, 17 de julio de 2014
GUANAJUATO, Gto. (apro).- Cinco menores originarios del municipio de Cortazar ingresaron hace algunos años al albergue La Gran Familia de Rosa Verduzco, Mamá Rosa, por intervención de una trabajadora social del DIF municipal que recomendaba el lugar, e incluso acompañaba personalmente a los padres para entregar a los niños. En el 2010, después de que se dieron cuenta de que sus hijos no se encontraban en buenas condiciones y en algunos casos se les impedía verlos, los padres denunciaron penalmente a Verduzco en el Ministerio Público de Zamora, Michoacán, donde los guanajuatenses fueron informados de que la mujer “estaba muy amparada”. Sólo uno de los menores fue devuelto a su hogar. El vicepresidente de la fracción del PRD en San Lázaro, el diputado Miguel Alonso Raya, hizo la denuncia de lo que calificó como una privación de la libertad de los menores en el 2010, cuando era presidente estatal del PRD y abogados del partido asesoraban a los padres de familia. Este jueves, el legislador federal recordó que hizo del conocimiento público las irregularidades en la operación del albergue y, en contraste, el apoyo que éste recibía de los gobiernos, incluyendo al de la República. Recordó un acto público de Felipe Calderón en una gira por Michoacán en 2008, cuando éste entregó apoyos económicos a la casa manejada por Mamá Rosa. En ese entonces, Alonso Raya reveló que una empleada del DIF de Cortazar, de nombre Beatriz (quien en el 2010 dejó de laborar en la dependencia y cuyos apellidos se desconocían), era quien canalizaba a los niños al albergue de Mamá Rosa, bajo cualquier pretexto. Para el ingreso de los menores se hacía firmar documentos a los padres en una notaría de Zamora, sin que éstos conocieran a cabalidad el contenido y sin la presencia del notario, sólo con intervención de Mamá Rosa. Después, cuando los padres intentaban sacar a sus hijos del albergue, se les había saber que tenían que pagar una suma de dinero (alrededor de 40 mil pesos) para que les fueran devueltos, tras lo cual dejaban de tener contacto con ellos o ya no se les permitía verlos. Esto ocurrió en los casos de Marcos Francisco, Luis, José Jacob y Enrique, todos originarios de Cortazar. Un quinto menor de este municipio sí fue devuelto a su madre, Martha Inés López. “Allá su hijo va a estar bien” Marcos Francisco ingresó al albergue en febrero del 2006, cuando tenía 12 años. Sus padres acudieron a pedir ayuda a DIF municipal porque Marcos comenzó a fumar y a tomar y se salía de su casa sin permiso. Una trabajadora social de la dependencia, de nombre Beatriz, les sugirió internarlo en una casa hogar en Zamora. “Allá va a estar bien”, les dijo a sus padres, Maricela Campos y Ramón Rodríguez, quienes aceptaron. El 20 de febrero de 2006 viajaron a Zamora y fueron recibidos personalmente por Mamá Rosa, quien les dijo que necesitaba por lo menos cuatro años para atenderlo “y quitarle la adicción”, tras lo cual los condujo a la oficina de un notario para hacerlos firmar un documento que, según les dijo entonces, serviría para el momento en que fueran a recoger a su hijo. La primera vez que lo visitaron –cuatro meses después de su ingreso-- los padres se llevaron una sorpresa: Marcos no estaba en el albergue porque “lo habían llevado a la playa”. Le dejaron ropa y calzado deportivo que, según constataron en una siguiente visita, nunca le fue entregada. En las visitas, los padres no podían reunirse solos con sus hijos; permanentemente había una empleada presente, vigilando las conversaciones. Los padres debían pagar una cuota de 30 pesos mensuales y entregar una despensa, así como relojes, mochilas y calzado deportivo de determinadas marcas. En el 2009, Marcos comenzó a pedirles a sus papás que lo sacaran del albergue porque no estaba a gusto. Sus padres lo comenzaron a ver cada vez más delgado, pero el adolescente, siempre bajo la mirada de la empleada que vigilaba las visitas, no se atrevía a decirles más, de acuerdo con los testimonios en su momento recabados por los abogados perredistas y posteriormente entregados al MP en Zamora. En las siguientes ocasiones en que Maricela y Ramón viajaron a Zamora para ver a su hijo, éste les insistió en que lo sacaran, por lo que ambos se entrevistaron con Rosa Verduzco y le pidieron que se los entregara. La mujer se negó alegando que Marcos había reprobado el año escolar y debía quedarse otro año más. Por su parte, la trabajadora social del DIF municipal en Cortazar que los contactó con el albergue les advirtió que, si querían sacar a su hijo, tendrían que pagarle a Mamá Rosa unos 40 mil pesos, que ellos no tenían. Los padres de Marcos conocieron a Marta Inés López, otra cortazarense que tenía a su hijo en la casa de Mamá Rosa. Ella les contó que su hijo le había narrado los maltratos y vejaciones que sufrían en el lugar, y les sugirió unirse para rescatar a sus vástagos. Marta Inés prosiguió sola con sus gestiones y su hijo le fue devuelto. En una reunión con los padres de los otros menores que permanecían recluidos, el niño les dijo que en el albergue “les daban toques eléctricos en el pene y los testículos; les embarraban chile y les partían palos en la cara; los alimentaban con comida echada a perder, carne de puerco o jamón con gusanos, además de hacerlos levantarse a las seis de la mañana y bañarse con agua fría”. Poco después, Maricela conoció a Verónica, una poblana residente en Cortazar y mamá de Enrique, otro menor recluido en la casa-hogar. Ella le había tomado fotografías a su hijo golpeado y lleno de piojos, imágenes que presentó cuando acudió a denunciar a Mamá Rosa ante la Procuraduría de Justicia de Michoacán. Fue entonces cuando Maricela y Ramón decidieron interponer una denuncia por la privación ilegal de la libertad de Marcos Francisco, misma que quedó asentada en la Agencia 3ª Investigadora, con el número 82/10-III. Al mismo tiempo, ambos interpusieron una queja ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos en Guanajuato por la intervención de la trabajadora social del DIF municipal en Cortazar, misma que dio lugar al expediente 137/2010/C-II. Verónica Montiel, madre de Enrique, llevó al menor al DIF de Cortazar en el 2009 (cuando éste tenía 13 años), luego de ingresarlo en un anexo para que fuera desintoxicado del consumo de drogas, establecimiento donde el adolescente fue violado. Luego de que la denuncia penal en contra del agresor no prosperó, la situación emocional de Enrique empeoró y ella pidió ayuda a la institución, donde la misma trabajadora social referida en los casos anteriores, Beatriz, le recomendó el albergue de Zamora, a donde llevó a Enrique el 3 de diciembre de ese año. Mamá Rosa recomendó a Verónica dejar a su hijo hasta los 18 años, y visitarlo cada cuatro meses. En la primera visita, Enrique se presentó ante su madre con huellas de golpes en el rostro. Ella lo fotografió y le preguntó qué le había ocurrido, pero fue la empleada vigilante quien respondió en lugar del muchacho, al asegurar que éste había sufrido una caída durante un partido de futbol. “(Enrique) se la pasaba llorando y no podía hablar… todos los niños están mugrosos y descalzos. Le llevé tenis, zapatos, objetos de aseo y ropa interior, le di 50 pesos y pagué otros 30 pesos mensuales”, narró entonces la mujer, quien casi tres meses después decidió acudir al MP de Zamora junto con las madres de los otros cuatro menores guanajuatenses. “Me atendió el licenciado Alejandro Tabarez Montero… ahí me dijeron que era muy difícil que Mamá Rosa nos entregara a los niños porque estaba muy amparada. El mismo agente me dijo que ella tiene licenciados y tiene gente que la ayuda”. La denuncia por la privación ilegal de este menor quedó registrada bajo el número 081/10-II en la Agencia 2ª Investigadora. La PEDH de Guanajuato, por su parte, inició el expediente 137/2010/C-II. El hijo de Alicia Becerra y Ramón García, José Jacob, era atendido por un psicólogo del DIF de Cortazar, debido a que “era muy agresivo y nos decían que tenía algún problema y necesitaba un estudio”, del que resultó que el menor había sufrido un trauma craneal y necesitaría atención especializada. En octubre de 2009, Beatriz –la trabajadora social-- les informa a los padres que lo canalizará a la casa-hogar La Gran Familia, pues “allá lo iban a atender mejor”. Alicia y Beatriz viajaron a Zamora y, tal como ocurrió en el caso de Enrique, Mamá Rosa le advirtió a la primera que José Jacob tendría que quedarse hasta que cumpliera la mayoría de edad. Desde la primera visita Alicia se dio cuenta de que su hijo no estaba bien. Lloraba y no quería hablar. “No le pasa nada”, le comentó la vigilante. Era la una de la tarde y su hijo no había probado bocado. Le dejó un pijama, dos pares de zapatos, una caja de galletas y 220 pesos. Alicia volvió a su casa y le contó la situación a su esposo. Después se enteró de los casos similares de otros niños del municipio guanajuatense y decidió presentar la denuncia 122/2010-IV contra Rosa Verduzco, en la Agencia 4ª Investigadora de Zamora. La cuarta denuncia en contra de Mamá Rosa por parte de los cortazarenses la presentaron Isabel Pérez y Felipe Patiño, cuyo hijo Luis ingresó en junio de 2007 a La Gran Familia. Tenía 15 años y ya inhalaba resistol; se juntaba con otros jóvenes para robar y se había desaparecido de casa de sus padres por varios meses. Éstos lo habían internado en algunos anexos para su rehabilitación, sin conseguirlo, así que acudieron a pedir apoyo al DIF municipal… donde se encontraron con Beatriz. Fue así como Luis fue llevado también a Zamora y sus padres condicionados a autorizar su permanencia hasta los 18 años. A los cuatro meses, para la segunda visita, sólo pudo viajar el papá. Pasaron otros cuatro meses y ya ninguno de los dos pudo ir. Tiempo después conocieron a Marta Inés y se entrevistaron con el hijo de ésta –al que había logrado recuperar del albergue--, quien les contó que había conocido a Luis en el lugar, donde era golpeado y torturado con toques eléctricos en los testículos. La denuncia penal contra Rosa Verduzco por la privación ilegal de Luis fue presentada en la misma investigadora de Zamora, en agosto del 2010, con el número 116/2010-IV.

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