MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que mañana se definirá la situación jurídica de Rosa Verduzco, directora del albergue “La Gran Familia”. De no encontrarse elementos en su contra, la dependencia deberá poner en libertad inmediata a Mamá Rosa, quien el pasado martes 15 fue internada en el hospital San José, en Zamora, Michoacán, después de sufrir una crisis nerviosa a raíz del operativo en la casa-hogar que dirigía y donde la policía rescató a 596 personas. De acuerdo con el doctor Alberto Sahagún, director del nosocomio donde se encuentra la octogenaria, su salud es estable y ella está de buen humor, pese a los problemas cardiacos y de arteriosclerosis que presenta, además de la diabetes que la aqueja desde hace varios años. Esta mañana el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, precisó que no hay una orden de aprehensión en contra de Mamá Rosa o La Jefa, como es conocida, y que están a la espera de tomarle su declaración. "Nadie la ha juzgado, y yo creo que no será esa la situación de que sea juzgada", precisó en entrevista con Carlos Loret de Mola para Primero Noticias. Añadió: “Lo que estamos analizando es toda la información, todas las declaraciones, y es cuando nosotros vamos a poder actuar, como vamos a poder determinar la situación de la señora". En el transcurso de las horas, dijo, “determinaremos su situación. Hoy la tenemos con vigilancia, pero si determinamos que no es culpable le retiraremos la vigilancia y se podrá ir". Subrayó: “La ley es muy clara y muy puntual con nosotros, entonces sería en cuestión de unas horas (cuando salga libre), probablemente para el día de mañana”. Respecto de las acusaciones contra Mamá Rosa por presunto maltrato psicológico y sexual en el albergue que dirigía, y cuyo caso ha dividido opiniones a favor y en contra, el funcionario federal manifestó que hasta el momento han declarado ocho personas, cuatro de las cuales ya fueron vinculadas a proceso penal. Apuntó que a pesar de que algunas de las declaraciones acusan abusos por parte de Rosa Verduzco, debido a su edad “ya no tiene la capacidad de ser encerrada”, y resaltó que de ninguna manera se le está dando trato de peligrosa. Zerón de Lucio detalló que hasta ahora se han levantado 340 muestras del albergue y 200 más ya se mandaron a laboratorios para su análisis, con el objetivo de poder fincar responsabilidades, ya que “la prioridad para nosotros son los niños”. Lo que estamos haciendo es analizar la información de la gente que está denunciando, sostuvo el funcionario. "Inicialmente, de cinco denuncias, hoy tenemos arriba de 90 declaraciones que se han hecho y algunas vienen con imputaciones ya directas", expresó. Zerón detalló que recibieron cinco denuncias por privación de la libertad de varios menores, por las cuales hicieron investigaciones. "Al momento en que nos presentamos a la casa hogar no se nos permitió el acceso. Solicitamos una orden de cateo y al momento que ingresamos la sorpresa fue mayúscula porque encontramos a más de 500 personas en el albergue en una situación de insalubridad impresionante". Y lo peor, dijo, fueron las condiciones en las que estaban viviendo los menores. “Encontramos algunos abusos físicos, maltratos, y estamos investigando, porque probablemente también haya abusos sexuales”. Según el titular de la AIC, encontraron niños golpeados y otros encerrados en cuartos de castigo. "Realmente eran unas prisiones las que encontramos ahí. Ahí los metían días, castigados. No les daban de comer. Los mismos compañeros del albergue son los que les pasaban comida". Descartó además que hayan encontrado algún cadáver dentro, y que no los están buscando, sino que están en búsqueda de todos los elementos. "Y si dentro de eso hay algo, lo daremos a conocer", ofreció. Por separado, el comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, señaló que los niños que habitan el albergue “La Gran Familia” son censados para determinar de qué entidad son originarios y buscar a sus padres para que les sean entregados. Durante un recorrido que hizo por la casa-hogar, el funcionario federal explicó que los menores que no sean originarios de Michoacán y no tengan familiares serán canalizados al DIF en sus respectivos estados. En tanto, fuentes de la PGR revelaron que se investiga al notario público número dos de Zamora, Michoacán, Luis Fernando Alcocer, porque otorgaba a la directora del albergue la patria potestad de los niños que los padres dejaban bajo su tutela. También señalaron que entre las 40 denuncias que los padres de familia presentaron ante esa dependencia en los últimos días, hay otra en contra del contador de la casa-hogar, Felipe Serrano, el cual se negaba a entregar a los niños a sus padres si no pagaban entre ocho y 40 mil pesos, bajo la amenaza de que ellos habían firmado un documento de que no serían devueltos hasta los 18 años. CEAV atiende a menores rescatados La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dio a conocer que desde el pasado martes 15, personal jurídico, médico y de psicología brinda atención a los niños rescatados de la casa-hogar “La Gran Familia”. En un comunicado, detalló que los menores son acompañados “de manera integral” por la Delegación Regional en Michoacán, “conforme al Principio del Interés Superior del Niño y la Niña, para ayudar a mitigar el daño que, de acuerdo con sus testimonios, les fue causado”. Precisó que el equipo de la CEAV ha brindado atención médica a 43 víctimas directas; psicológica a 49, y jurídica a 38, y se han realizado dos sesiones grupales de contención de crisis a menores de edad, además de que se otorgaron asesorías jurídicas a padres, madres y abuelas de los infantes que fueron rescatados. Según el texto, hasta la fecha 48 víctimas indirectas han solicitado el apoyo de la institución. Luego de darse a conocer el caso, personal de la CEAV se puso en contacto con la agente del Ministerio Público federal que radicó la investigación, para conocer el estado de las víctimas directas, e inició tareas de asistencia coordinadas con las directoras de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Mercedes Peláez; Enlace de Atención a Víctimas de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Gail Aguilar Castañón; del Sistema DIF estatal, Ana Compeán, y de la Asociación Quién Habla por Mí, Areli Rojas Rivera. Ayer, la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Laura Vargas Carrillo, informó que ese organismo asumió la custodia de los 458 niños que se encontraban en condiciones infrahumanas en el albergue cateado el martes 15. En rueda de prensa, Vargas Carrillo dijo que se buscarán opciones múltiples, como la adaptación o ingresarlos a albergues certificados en Michoacán, con la finalidad de que los menores tengan una vida digna. Durante la visita que realizó a las instalaciones del albergue "La Gran familia", la funcionaria reveló que el operativo y la atención a los niños rescatados se diseñaron desde hace algunas semanas. "Para proteger, cuidar a estos niños, tenerlos bajo custodia, nosotros estuvimos trabajando en coordinación con la Procuraduría desde hace unas semanas para poder llegar al día del operativo. Estuvimos aquí desde un principio con todo el equipo del DIF Nacional, muy coordinadas con el DIF Estatal y el DIF también de Zamora con los que hemos estado trabajando", apuntó. También mencionó que habrá niños que vuelvan a sus estados de origen y que el DIF se hará cargo en diversos albergues de quienes no tengan familia. "Vamos a estar muy pendientes de llevar a todos los niños que sean de otros estados a sus estados de origen, vamos a buscar a los niños que tienen familia como aquí ya lo están viendo coordinados con la Procuraduría para poder ser entregados a sus padres, y los niños que no, serán resguardados en albergues y en instituciones tanto del DIF nacional como el estado", agregó.