OAXACA, Oax. (apro).- El pasado 4 de julio tres empleadas de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (COTAIPO) de esta entidad presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo (DDHPO) en contra del titular del organismo, Esteban López José, por violencia, intimidación, discriminación por razones de género y acoso laboral. En el expediente DDHPO/CA/0751(01)/OAX/2014, tres empleadas del área de Comunicación cuyos nombres se omiten a petición expresa, acusan también a López José de acosarlas laboralmente y de despido injustificado por negarse a incurrir en presuntos actos de corrupción. Refieren que el titular de la COTAIPO les pidió “justificar” un millón 200 mil pesos en el rubro de gastos de prensa y propaganda para cuadrar las cifras del egresos de 2013, a pesar de que le hicieron saber a su jefe que no había forma de justificar la cantidad que les pedía porque únicamente su techo autorizado en el presupuesto era de 470 mil pesos y las facturas que entregaron cubrían esa cantidad. En su queja, relatan que a raíz de ese hecho comenzaron las presiones en su contra. Les restringieron publicar la información generada en la COTAIPO para “no molestar” a los servidores públicos del gobierno estatal y la Contraloría Interna del organismo inició un procedimiento administrativo en su contra por negarse a recibir documentación oficial emitida por la directora de Administración, Luz María Romero Margarito. El procedimiento administrativo disciplinario fue aprobado por “unanimidad” del Consejo General en su sesión ordinaria número S.O./013/2014 del siete de mayo de 2014. El contralor interna de la COTAIPO, Oliverio Suárez Gómez, adelantó que “seguirá su procedimiento porque e conflicto de fondo es que no quieren o no pueden justificar el ejercicio del presupuesto púbico de esa comisión”. Cansadas del hostigamiento, las quejosas recurrieron inicialmente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, el organismo se negó a recibir la queja porque debían agotar primero las instancias locales, por lo que acudieron ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que inició la queja. Las afectadas están dispuestas a renunciar a la COTAIPO, pero no en las condiciones actuales porque manchan su expediente laboral. Por ello pidieron al ombudsman estatal, Arturo Peimbert Calvo, que actúe en forma imparcial para evitar posible “conflicto de intereses”, debido a que el titular de la COTAIPO argumenta que su amistad con él puede inclinar la balanza a su favor.