PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).- Ante las mentiras, montajes, abusos de poder, manipulaciones y ocultamiento de información en las que ha incurrido el gobierno poblano en torno al asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, es indispensable que el gobernador Rafael Moreno Valle pida licencia para que existan condiciones de esclarecer el crimen, exigieron abogados de los pobladores de Chalchihuapan. En rueda de prensa, los representantes de Elia Tamayo -madre del niño asesinado durante el operativo del 9 de julio- y de los cuatro pobladores detenidos, mostraron fotografías de la herida que presentaba la cabeza del menor, que contradicen la versión que han defendido Moreno Valle y el procurador de Justicia del estado, Víctor Carrancá, de que fue un cohetón el que lo mató. El abogado Alejandro del Castillo dijo que decidieron sacar a la luz las fotografías, con autorización de Elia Tamayo, para exhibir las falsedades y manipulaciones en las que ha caído el gobierno de Puebla para tratar de responsabilizar a los pobladores y exculpar a los policías. “Lo que quieren los familiares y lo que buscamos nosotros es que se conozca la verdad”, apuntó. El abogado Mariano Pérez Ramírez dijo que en las fotos se puede apreciar a simple vista que el menor no presenta ningún tipo de quemaduras como lo hubiera dejado el impacto de un cohetón, como insiste Moreno Valle. En distintas entrevistas que han concedido a medios nacionales, Moreno Valle y el procurador Carrancá han tratado de inculpar a los pobladores de Chalchihuapan con argumentos inverosímiles y sin sustento, mencionaron los abogados. Mientras que el mandatario aseguró que al momento de la autopsia no se comprobó la presencia de pólvora debido a que la herida fue lavada, el procurador afirmó que lo que le costó la vida al menor fue la “onda expansiva” que provocó el cohetón. Alejandro del Castillo, otro de los abogados que llevan la defensa de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, advirtió que el gobernador no puede ser juez y parte, por lo que si de verdad tiene la voluntad de que el asesinato se resuelva de fondo, está obligado a pedir licencia. “El gobierno de Moreno Valle está en entredicho”, manifestó el abogado, “la sociedad poblana no merece estar en un baño de sangre, el señor gobernador debiera abandonar su posición de soberbia, debiera solicitar licencia para que la ley actúe con imparcialidad y se demuestre quién fue el responsable de este hecho violento”. Indicó que las condiciones actuales de Puebla no permiten que existan instancias independientes que garanticen que el caso se investigue de manera imparcial, ya que el mandatario tiene sometidos al Congreso del estado y al Poder Judicial, así como a organismos que tendrían que ser independientes como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En este marco, señaló que los abogados de la defensa tienen todo en contra, ya que además de que la Procuraduría de Justicia del estado actúa para defender los intereses del gobernador, el Tribunal de Justicia de Puebla está integrado por magistrados que fueron impuestos por Moreno Valle e igual actúan por consigna. “De por sí, los gobernadores quitan y ponen, buscan controlar los poderes, pero este gobernador, con todo respeto, avasalla y pretende tener el control de todo, pero de lo que no va a tener el control es de la vida de los poblanos, y aquí se le fue el operativo”, expresó del Castillo. Además, el abogado dijo no entender quién ha aconsejado al gobernador en este caso, ya que en lugar de disolver el asunto al dialogar con los grupos y víctimas, lo que ha hecho es criminalizar a los pobladores y a la mamá del niño o de asegurar que hubo infiltrados. A su vez, el abogado Arturo Rivera Pineda declaró que todo el aparato estatal está operando sólo tratar que el proyecto del gobernador de ser candidato presidencial en 2018 no se vea afectado por este caso. El abogado Raúl Rodríguez de la Fuente mencionó que desde un principio las investigaciones que supuestamente lleva a cabo la Procuraduría en torno al caso han estado plagadas de aberraciones, manipulaciones y falsedades, como la declaración que prefabricaron para que Elia Tamayo, madre del niño, inculpara a los manifestantes. Igual, el Gobierno de Puebla desoyó las solicitudes que hicieron para que peritos nombrados por los familiares del niño estuvieran presentes en la autopsia que se le practicó, por lo que no existe credibilidad de los estudios que se hicieron. Los abogados dijeron que es posible que pidan la exhumación del cuerpo para que se haga una nueva autopsia por un especialista independiente, que no responda a los intereses del gobierno estatal. También, adelantaron que ya trabajan en la elaboración de una demanda por parte de la madre del niño en contra del gobernador por abuso de poder, luego de la serie de injusticias que se han cometido contra la mujer como el hecho de haber sacado el cuerpo sin su autorización para practicarle la autopsia, antes de que pudiera hacer el reconocimiento del cadáver. Los defensores recalcaron que el caso se llevará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta tribunales internacionales para exigir justicia para los pobladores de Chalchihuapan y especialmente para el niño Tehuatlie Tamayo. También MAS pide renuncia de Moreno Valle El Movimiento por la Alternativa Social (MAS) anunció que este lunes entregarán un escrito en la Secretaría de Gobernación federal en la Ciudad de México para pedir su intervención para “alcanzar la paz que el estado necesita”. Para ello, la agrupación advierte que es inaplazable la renuncia de Moreno Valle, de Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad del Estado y del secretario de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. También, indica que pedirán la intervención de la Segob para que se frenen las 350 órdenes de aprehensión que actualmente existen en contra de pobladores, luchadores sociales, campesinos y presidentes subalternos de Puebla; así como para que se ponga en libertad a los presos políticos que se encuentran en los penales de Atlixco, Cholula y Puebla, principalmente. “El artero crimen del niño José Luis Tehuatlie Tamayo en San Bernardino Chalchihuapan ocurrido el pasado 9 de julio es resultado de un estado descompuesto, de una situación de violencia en la que actos represivos no son la excepción sino la regla cotidiana en Puebla”, asienta el MAS.