VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El PRI y Nueva Alianza (Panal) interpondrán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la “ilegal” aprobación de las leyes secundarias de la reforma política local por parte de los diputados perredistas. Las leyes secundarias fueron aprobadas anoche con 19 votos del PRD, dos abstenciones y la ausencia de la bancada del PRI y del Panal. El coordinador parlamentario del PRI, Carlos Mario de la Cruz, y la coordinadora del Panal, Mileidy Aracely Quevedo, anunciaron que acudirán ante el máximo tribunal del país para revertir las reformas que se aprobaron “en medio de la ilegalidad". Los priistas argumentaron que la Comisión Permanente –integrada por tres diputados de PRD, dos de PRI y uno del Panal-- sesionó sin quórum, ya que los legisladores priista y de Nueva Alianza se retiraron en protesta porque los perredistas aprobarían, sin reglamentación, las candidaturas comunes. Lo anterior, acusaron, para supuestamente beneficiar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Andrés Manuel López y a la agrupación Política José María Pino Suárez, fundada por Arturo Núñez, luego de perder la candidatura del PRI al gobierno del estado en el año 2000. Sin embargo, para completar el quórum de la Permanente, la diputada Neyda García habilitó como miembro del colegiado al también legislador perredista Noé Herrera Torruco, y así se pudo abrir el segundo periodo extra, donde se aprobaron las leyes secundarias de la reforma electoral. Con base en esa “ilegalidad”, denunció el diputado Carlos Mario de la Cruz, los perredistas modificaron el dictamen consensuado sobre las leyes reglamentarias y aprobaron las candidaturas comunes, sin reglamentación, “lo que es una ventaja para el PRD, Morena y la agrupación José María Pino Suárez". También dijo que las candidaturas comunes se debieron plasmar en la reforma constitucional y no delegarlas a una ley secundaria, “por lo tanto existe inconstitucionalidad”. La vicecoordinadora priista Esther Alicia Dagdug mencionó como ejemplo que si un candidato del PRI a diputado local o alcalde va adelante en las encuestas, a 15 días de las elecciones los partidos de izquierda se pueden unir en torno a un candidato común y restarle la ventaja, pues no hay reglamentación sobre los tiempos de inscripción de los abanderados comunes. Quevedo del Panal advirtió que "lo que mal inicia, mal acaba" y que la aprobación de las candidaturas comunes sin reglamentación “es presagio de que las próximas elecciones serán las más inequitativas, antidemocráticas e infames de la historia de Tabasco”. El gobernador Arturo Núñez salió al paso y aseguró que la reforma política “no tiene dedicatoria alguna” y busca lograr reglas “que satisfagan las exigencias de un proceso electoral democrático”. También negó que las candidaturas comunes busquen beneficiar a algún partido o agrupación política en especial y que esa figura se introdujo a través de algunos diputados, “incluso del PRI”, dado que originalmente la iniciativa de reforma, propuesta por el Ejecutivo, “no consideraba el tema”. Luego aseguró que en la entidad “no se hace nada que no haya sido ya permitido en la legislación federal”, y rechazó que las candidaturas comunes signifiquen un “agandalle”. “El periodo de registro es el mismo para todos. No es cuestión de acomodar en función de quién va ganando o quién va rezagándose”, aclaró. Los diputados priistas replicaron y tacharon de “dolosa y engañosa” la postura del mandatario tabasqueño y denunciaron que sólo “trata de echar la culpa a otros en su desesperación de justificar su actuación y quedar bien con López Obrador”. Además, acusaron a Núñez Jiménez de mentir y lo emplazaron a que señale en qué artículos están previstas las candidaturas comunes en la reforma electoral federal, ya que, anotaron, es facultad de cada entidad introducirlas o no en la legislación local. Y reforzaron su dicho al citar el artículo 85 párrafo quinto de la Ley General de los Partidos Políticos federal, que establece que “será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos”. Sin embargo, PRI y Panal argumentaron en un posicionamiento que “al no quedar establecida esta figura en las reformas y adiciones a la Constitución del estado publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 21 de junio del presente año, es claro que el gobernador miente, y además su inclusión en la reciente Ley Electoral aprobada el día de ayer es contraria a la Constitución local”. El dirigente estatal de Morena, Javier May Rodríguez, se subió al ring y calificó de “retroceso” la reforma electoral local y, de paso, acusó de “traidores”, sin mencionarlos expresamente, a los diputados perredistas. La reforma electoral, sostuvo, en nada beneficia a los tabasqueños y sobre todo a Morena, como se pretende manejar, pues al fin de cuentas “quienes están participando en la aprobación de dicha reforma son quienes han traicionado a los tabasqueños”, en clara referencia a los diputados del PRD. May Rodríguez aclaró que Morena está en contra de la reforma electoral, sobre todo en el tema de las reelecciones, pues ahora los diputados locales podrán reelegirse hasta por cuatro periodos, y por dos los alcaldes. “Lo que están impulsando es un retroceso al país, quieren tener el control de todo, eso es lo que están impulsando y en ese sentido estamos en contra”, subrayó. Acerca de las candidaturas comunes, a las que opone el PRI, reiteró que Morena no irá en alianza con algún partido o agrupación política, ya que sólo hará coalición “con la sociedad, obreros, profesionistas, campesinos y amas de casa”. Por mandato del Consejo de Morena, argumentó, “no podemos ir en alianzas. Vamos con candidatos propios, pero insistimos, no estamos de acuerdo con la reforma electoral porque significa un retroceso; es un traje que hicieron a la medida de quienes ostentan el poder, y no de los ciudadanos”, arremetió. También aseguró que cuando Morena gane la mayoría del Congreso estatal buscará revertir la reforma electoral, así como impulsar la revocación de mandato de gobernador, presidentes municipales y diputados locales, “y que todos los funcionarios puedan ser evaluados por el pueblo”.