Nestora Salgado purga una condena anticipada

viernes, 22 de agosto de 2014
OLINALÁ, Gro, (apro-cimac).- El pasado jueves 21 Nestora Salgado García La Comandanta cumplió un año en prisión, luego de ser detenida por elementos del Ejército, la Marina y la policía estatal en la zona de La Montaña de Guerrero, en un aparatoso operativo en el que se utilizaron tanquetas, camionetas Hummer y un helicóptero. La entonces coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá (PCO) fue trasladada al penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, a 100 kilómetros de su lugar de origen. A pesar de que un juez federal revocó el auto de formal prisión por los presuntos delitos de secuestro y secuestro agravado, la líder comunitaria de 43 años de edad vive una condena anticipada al continuar enclaustrada, sin ver la luz del sol, sin sentencia y obligada a tomar medicamentos cuyo nombre y origen desconoce. Activistas nacionales e internacionales no pierden la esperanza y ejercen presión para lograr su libertad a través de la campaña en redes sociales bajo el título: “#NestoraLibre”. Su vida Al municipio de Olinalá se puede llegar por la carretera que viene del municipio de Chilapa o por la del municipio de Cualac, con punto de origen en Puebla. Ambos caminos sortean la imponente región de La Montaña guerrerense en una vía llena de curvas y deslaves en época de lluvias. Es un pueblo pintoresco con aroma a lináloe, una esencia con la que se impregna la madera de los coloridos baúles artesanales típicos del lugar. --¿Ahí se reunía la Policía Comunitaria?, pregunta la reportera mientras señala una construcción de tres plantas, terraza y ventanas doradas que destaca entre las demás. –Sí, aquella es la casa de Gestora, responde Cleotilde Salgado García, hermana mayor de La Comandanta. “La fue haciendo poco a poco con lo que mandaba del norte. Se fue muy chamaca”, agrega. Nestora emigró a Estados Unidos cuando tenía 19 años. Se fue en busca de mejores condiciones de vida, sobre todo para su hija que entonces tenía tres años. Trabajó de pastelera, mesera y en labores de limpieza en Washington. Pasaron más de 10 años para que volviera a Guerrero. En 2002, ya con la ciudadana estadunidense Nestora Salgado García dio la sorpresa a su familia. “Llegó manejando un Spirit y trajo mucha ropa. Ese día celebramos, comimos mole, su comida favorita”, recuerda su hermana. Sus sobrinas la describen como “muy alegre y sincera”. Su música preferida: la norteña y la banda. En 2004, ya con tres hijas adolescentes, la guerrerense y su esposo, José Luis Ávila Báez, decidieron vivir en Olinalá para que su familia experimentara la vida en el pueblo. “La lección fue para nosotros”, relata vía telefónica desde Renton, Washington, su esposo, originario de Michoacán. “La gente diario llegaba a pedir trabajo a la casa. Vimos la pobreza y el abuso hacia los indígenas. A veces los sentábamos en la mesa a comer, les dábamos ropa”. A partir de entonces, Nestora mostró interés por la problemática social de su pueblo. El 27 de octubre de 2012 las campanas de la iglesia sonaron de forma especial. Cientos de pobladores se reunieron en la plaza principal de Olinalá. Nestora acudió al llamado. Su vecino, un joven comerciante de teléfonos celulares fue secuestrado. El pueblo apenas había enterrado a un taxista que apareció muerto. Los delincuentes merodeaban el centro de la localidad. Ya eran conocidos. Incluso un par de ocasiones los detuvieron, pero salieron rápido por órdenes superiores. El hartazgo se organizó. Ese día nació el Concejo Social Olinalteco que organizaría la Policía Comunitaria. Nestora tomó el micrófono y llamó a la unidad; luego fue electa coordinadora. “La gente estaba furiosa, desarmaron a los municipales y se fueron a buscar a los delincuentes. Yo andaba fuera, venía en el transporte desde Cualac y escuché que decían que había un alzamiento en Olinalá. Me preocupé por mi familia”, cuenta Cleotilde. Al llegar a casa se enteró que su hermana era la protagonista de la naciente organización. De acuerdo con un testigo --que pidió reservar su identidad por seguridad--, el presidente municipal, Eusebio González Rodríguez, hizo alianzas con narcotraficantes de Chilapa durante su campaña a la alcaldía de Olinalá. En los últimos años aumentaron de forma alarmante los robos de ganado y al transporte, además de los secuestros a pequeños comerciantes. Los responsables eran apresados y al poco tiempo, liberados. Después, se paseaban impunemente. Justicia verdadera “A Nestora de por sí la gente la buscaba mucho para pedirle ayuda. Sólo cursó hasta el segundo año de secundaria, pero es una líder nata. Con su franqueza se ganó el respeto de los hombres”, relata su esposo José Luis Ávila Báez. Justo antes de encabezar la seguridad de su pueblo, la guerrerense buscaba justicia para unas estudiantes de secundaria, presuntamente víctimas de abuso sexual por parte de su profesor. También consiguió un terreno para impulsar la construcción de una preparatoria. “Mi hermana no sabía nada de la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias), nada de política”, dice Cleotilde. Y a pesar de que no tenía experiencia en “el arte de gobernar”, Nestora escuchaba pacientemente, tenía capacidad de convocatoria y un profundo sentido de la justicia. Los hombres y las mujeres la obedecían. Al frente de la Policía Comunitaria de Olinalá (PCO), en pocos meses los crímenes de alto impacto se redujeron 90%. El pueblo se sentía seguro y la gente, empoderada. Incluso, pobladores de otras comunidades la buscaban para que los organizara. Los gobiernos sobraban. El 25 de marzo de 2013, inspirada en las experiencias exitosas de los pueblos na’savi, nahuas, me’pahaa y ñomda’a, organizados en la CRAC-PC, la población de Olinalá hizo lo propio y constituyó formalmente la Policía Comunitaria, misma que pronto obtuvo reconocimiento de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso. Legalmente, los sistemas de justicia comunitarios son reconocidos por la Ley 701 de Guerrero, que respalda los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad. La PCO operaba bajo los principios de los pueblos originarios: Toma de decisiones en asamblea, servicio voluntario y gratuito, reparación del daño y proceso de reeducación. Estrategia de desgaste Guerrero es una entidad que le hace honor a su nombre. Sus cuatro regiones --Montaña, Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente-- han sido cuna de revolucionarios e independentistas. El siglo pasado, decenas de organizaciones magisteriales, campesinas e indígenas se armaron en guerrillas rurales y fueron brutalmente perseguidas. Frente a los liderazgos comunitarios, la cooptación estatal ha operado históricamente con mentiras y recursos económicos. A meses del levantamiento de Olinalá, el gobernador Ángel Aguirre Rivero --originario de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque electo en 2011 bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD)--, reconoció públicamente la labor de Nestora y simuló apoyarla. En marzo del año pasado “se reunieron más de cuatro mil firmas para respaldar la creación de la Policía Comunitaria”, señala el esposo de Nestora. Entonces, el gobernador puso a disposición de la PCO dos camionetas a nombre de Nestora y le expidió un cheque por 300 mil pesos para comprar radios, armas de bajo calibre y uniformes. Sin embargo, en poco tiempo Aguirre Rivero develó sus verdaderas intenciones: Llamadas desde la oficina del gobernador intentaban convencerla de irse a trabajar para él a Chilpancingo, la capital. “Ella siempre se negó, quería trabajar para su pueblo”, aclara su marido. Entonces, las invitaciones se volvieron advertencias para que “se aplacara”. El mercado, la vaca… la crisis “Nestora no tiene pelos en la lengua; lo que dice lo cumple”, asegura su esposo José Luis, quien confiesa que en ocasiones no entendía la importancia de la labor de su pareja. “A veces ni me podía contestar el teléfono porque estaba en reunión... Nestora vivía cuatro meses allá y cuatro acá (Estados Unidos). Después del alzamiento ya estaba de lleno en Olinalá... La cosa es que no se vendió y comenzó a tocar los intereses de los amigos del presidente municipal y del gobernador”. “El precio del chile, de los materiales, del mercado, todo lo controlaba el grupo cercano al presidente municipal”, cuenta la fuente anónima. En una entrevista en agosto de 2013, la propia Nestora Salgado dio los nombres de funcionarios del ayuntamiento que pretendían monopolizar la venta de materiales de construcción en Olinalá. El jueves 15 de agosto de ese año, mientras la PCO hacía un rondín, le informaron que cerca del poblado de Huamuxtitlán había una balacera. Al llegar al lugar, los comunitarios descubrieron al síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, intentando subir una vaca a su camioneta particular. Al parecer, la res fue robada a un hombre de la PCO. Era evidencia de un crimen: dos personas murieron en la balacera. “Nestora ya había detenido a un comerciante de carne clandestina. Aquella vez detuvo al síndico que se estaba quedando con la vaca sin investigar los asesinatos”, cuenta la fuente que se reserva su identidad. Patrón Jiménez fue trasladado a la Casa de Justicia de El Paraíso. Esa acción no se la perdonó a la coordinadora. Esa misma tarde, enviados estatales la presionaron para que liberaran al síndico. La PCO dijo que lo juzgaría a través de sus usos y costumbres. “La Comandanta sabía que había muertos de por medio. No lo iba a liberar hasta que se investigara bien”, agrega la fuente. La tensión creció. Dos días después, el alcalde Eusebio González Rodríguez acordó con el procurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera, denunciar penalmente a Nestora Salgado y a policías comunitarios de Ayutla, donde se encuentra la Casa de Justicia El Paraíso, por “privación de la libertad”. La mujer quiso ir hasta el fondo, así que desenmascaró los nexos del ayuntamiento olinalense con la delincuencia organizada. Sin embargo, la misoginia y la corrupción se aliaron en su contra. Desde la llegada del Ejército en noviembre de 2012, los uniformados buscaron amedrentar a la organización comunitaria y a su lideresa. “El Ejército vino a cuidar a Eusebio (el presidente municipal). Se paseaba en los restaurantes con él, prácticamente era su guardaespaldas. A cada rato paraban a los comunitarios. El hostigamiento aumentó: en las noches golpeaban la puerta de la casa de Nestora”, cuenta el testigo. Represión Desde julio de 2013, La Comandanta denunció la prepotencia del “teniente Sierra”, de la Marina, por amenazarla con detenerla, junto con varios de los integrantes de la PCO por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Al mismo tiempo, el presidente municipal convocó a un registro de armas. Reunió a mucha gente armada en la plaza y anunció su intención de ir, en ese momento, a desarmar a la Policía Comunitaria. El 20 de agosto la Casa de Justicia de El Paraíso alertó sobre un posible derramamiento de sangre en Olinalá, pues el ayuntamiento estaba armando “grupos de sicarios” para enfrentar a la PCO. La tarde del miércoles 21, Nestora fue detenida cerca de su domicilio por elementos de la Marina y la Sedena. De inmediato, pueblos solidarios con la PCO y una parte de la CRAC-Montaña bloquearon la carretera que conecta con el municipio de Tlapa: Exigieron libertad de Salgado García. Al mismo tiempo, se realizaron operativos en Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, y en El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres. Diez comunitarios fueron detenidos y llevados al puerto de Acapulco. Días después, el Ejército desarmó a más de 200 comunitarios del municipio de Tixtla y detuvo a algunos de sus miembros, la mayoría pobladores de las etnias na’savi, nahuas y me’phaas. Durante el resto de 2013 se acrecentó la represión contra integrantes de la CRAC de La Montaña. En prisión continúan los comunitarios Eleuterio García Carmen, Gonzalo Molina Leobardo Maximino, Arturo Campos Herrera, Abad Francisco Ambrosio, Cano Morales Antonia, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Benito Morales Justo, Florentino García Castro, Rafael García Guadalupe y Samuel Ramírez Gálvez. Privada de todo contacto humano, sin poder ejercitarse, leer periódicos, revistas o cartas, Nestora Salgado García permanece en la prisión de máxima seguridad en Tepic. Hasta hace poco, no tenía acceso a los medicamentos necesarios por las secuelas de un accidente automovilístico que le dejó una neuropatía en las vértebras cervicales. Una de sus tres hijas, Saira Rodríguez Salgado, la única que ha podido visitarla en el penal de máxima seguridad, reveló que sin su consentimiento, su madre estaba recibiendo un cóctel de 10 píldoras de las que no ha podido averiguar sus nombres ni dosis. “Es muy probable que la quieran sedar, aunque ella se negaba a tomar las pastillas que no conoce”, revela el esposo de Nestora. El congresista estadounidense Adam Smith manifestó su preocupación por la sistemática violación a los derechos humanos de La Comandanta y demandó al cónsul de EU en México exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto la aplicación del debido proceso para la ciudadana norteamericana. Sin embargo, su situación jurídica no avanza. A pesar de que desde el pasado 1 de abril el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito le dictó auto de libertad por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada, un juez de Tlapa, Guerrero, deberá analizar tal resolución. Hasta ahora ningún juez local se ha pronunciado. Mientras tanto, activistas de Costa Rica, Australia, Argentina, Nueva York, Seattle, País de Gales, Inglaterra y Brasil, junto con familiares, amigos, grupos defensores de Derechos Humanos, sindicalistas, artistas, feministas, académicas y periodistas, se han pronunciado por la libertad de la líder comunitaria a través de la campaña #NestoraLibre.

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