PUEBLA, Pue. (apro).- Diputados federales de las bancadas de PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) informaron que pidieron a la ONU y a la de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervengan en las investigaciones sobre el caso de San Bernardino Chalchihuapan, en el que resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie Tamayo. La diputada perredista Roxana Luna confirmó que este día entregaron un informe de lo ocurrido el 9 de julio ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ante la CIDH. En tanto, el partido Morena demandó que la investigación que lleva a cabo la CNDH no se limite al caso Chalchihuapan, sino que incluya otras violaciones a los derechos humanos cometidas en lo que va de la administración de Rafael Moreno Valle. René Sánchez Galindo, consejero nacional de Morena, dijo que si bien la represión policiaca contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan resulta la más grave, debido a que costó la vida al niño José Luis Tehuatlie Tamayo, desde el arranque del actual sexenio este tipo de abusos de poder han sido un “estilo de gobierno”. Además, recordó que si ahora el encargado del operativo contra los habitantes de Chalchihuapan fue Facundo Rosas Rosas, antes de él, Moreno Valle encomendó la SSP a Ardelio Vargas Fosado, ahora titular de Instituto Nacional de Migración, y quien también se distinguió por usar la fuerza pública para reprimir a grupos de pobladores que realizaron alguna manifestación. Sánchez Galindo dijo que antes del caso de Chalchihuapan ocurrieron otras represiones contra movimientos sociales que desembocaron en la detención de más de 30 habitantes, entre los cuales se encuentran activistas, campesinos, amas de casa, comisariados ejidales, mototaxistas y otros. En ese sentido, dijo que la CNDH tendría que ampliar su investigación a todos estos hechos que han marcado el gobierno morenovallista y que tienen ahora a Puebla en una crisis de gobernabilidad. El abogado acusó al gobernador de haber puesto a los poderes Legislativo y Judicial a su servicio y que es por eso que la Secretaría en Defensa de la Soberanía de Morena Puebla entregó una solicitud al Senado, el 28 de julio, en la que se pide la desaparición de poderes en el estado. Entre las peticiones que se plantearon en la demanda está la libertad y el retiro de cargos para los más de 30 “presos políticos”; el respeto y la certeza jurídica para los mototaxistas; la recontratación del personal del Hospital del Niño Poblano; el respeto a ejidatarios, propietarios y vecinos afectados del Proyecto Integral Morelos, así como la cancelación total de esa megaobra. Igual, exigen revocar la privatización del servicio de agua potable; cancelar la privatización del alumbrado público; la derogación de la jeyes de Transporte, de Expropiación y la llamada ley bala, así como la devolución del Registro Civil a las Juntas Auxiliares y la transparencia en el manejo de recursos y bienes públicos. Morena anunció que se sumará a las marchas que se llevarán a cabo este 9 y 10 de agosto, la primera para manifestar el descontento social contra la privatización del servicio de agua potable, y la segunda para pedir juicio político contra Moreno Valle. Hostiga gobierno a sindicatos Ricardo Jiménez, vocero del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), denunció que el gobierno estatal hostiga a los trabajadores sindicalizados para tratar de disuadir la participación en la caminata “Por la paz y la dignidad de los poblanos”, que se realizará este domingo 10. “Personeros del gobernador se ha reunido con líderes que tienen órdenes de aprehensión congeladas o libertades condicionadas para disuadirlos de marchar y evitar que sus agremiados participen en la Caminata por la paz y la dignidad”, reveló. En rueda de prensa, el movimiento Proyecto Nacional Ciudadano anunció que se sumará a la caminata para exigir cese la represión y la criminalización de la protesta social en Puebla. Francisco Humberto Sotelo Mendoza, integrante del Proyecto Nacional Ciudadano y de la Coalición del Centro Amplio, recordó que la caída del general Rafael Moreno Valle, abuelo del actual gobernador, fue posible con la unión de los diferentes sectores de la sociedad poblana en 1972. “Parece que la historia se repite, la tragicomedia se reedita”, expresó.