PUEBLA, Pue. (apro).- El gobierno de Puebla admitió la totalidad de las recomendaciones emitidas este jueves por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno al Caso Chalchihuapan. En un comunicado --emitido a pocas horas de que la Comisión hizo pública la Recomendación--, el gobierno de Rafael Moreno Valle anunció que nombró a José Antonio Pérez Bravo como fiscal especial para llevar a cabo las investigaciones de los hechos. Se trata de quien fuera subprocurador Jurídico de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) en el sexenio de Felipe Calderón. También nombró a Juan Pablo Piña Kurczyn, jefe de la Oficina del Ejecutivo --y autor de los peritajes con cabezas de cerdo que supuestamente sustentaban que el niño José Luis Tehuatlie Tamayo falleció a causa de la “onda expansiva de un cohetón”--, como el responsable de verificar el cumplimiento de las recomendaciones por parte de las dependencias responsables. Piña Kurczyn, hijo del exgobernador Mariano Piña Olaya y exvisitador de la CNDH, fue señalado como el cabildero del gobernador Moreno Valle ante el ombudsman nacional Raúl Plascencia. Luego de que desde el operativo de desalojo el gobierno poblano insistió en que el menor de 13 años murió a causa de un cohetón que lanzaron los manifestantes, que promovió campañas para responsabilizar a la madre del niño por llevarlo a la manifestación e insistió en adjudicar la violencia a infiltrados, este jueves en el comunicado lamentó los hechos y ofreció condolencias: “A dos meses de los hechos en San Bernardino Chalchihuapan, el Gobierno del Estado de Puebla lamenta que hayan resultado lesionados civiles y policías y reitera sus condolencias a la señora Elia Tamayo y su familia por la muerte del menor José Luis Tehuatle (sic) Tamayo”. No obstante, la administración de Moreno Valle volvió a defender las supuestas investigaciones que realizó en torno a los hechos del pasado 9 de julio, mismas que siempre responsabilizaron a los manifestantes por la violencia. “El dictamen correspondiente (de la CNDH), publicado el día de hoy, enriquece la información sobre los lamentables acontecimientos y se suma a las investigaciones sobre el caso, conducidas por la División Científica de la Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla las cuales ofrecen distintas conclusiones sobre la causa directa de la muerte de José Luis Tehuatle Tamayo”, sostuvo. Sin embargo, agregó, “lo que es claro e irrefutable, es que el hecho mismo obliga al Gobierno del Estado de Puebla a tomar las medidas necesarias para asegurar que las fuerzas de seguridad cumplan en todo momento con la tarea de respetar los derechos humanos y mantener el orden garantizando la seguridad y la integridad de la ciudadanía”. “Este lamentable acontecimiento obliga a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la importancia de convivir en armonía y conducir las diferencias por la vía del diálogo y dentro del marco de la ley”, concluyó el gobierno poblano. La recomendación emitida por la CNDH determinó que el niño José Luis murió a causa de la lesión producida por uno de los 64 proyectiles de largo alcance lanzados el 9 de julio por policías estatales que desalojaron una manifestación en la Autopista Puebla-Atlixco. A pesar de que el gobierno fue evidenciado por falsear los hechos, la CNDH dejó limpio de responsabilidad al gobernador Moreno Valle.