Mexicali, B.C., (apro).- El pasado jueves 4 en la sesión del Congreso local, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Rodolfo Olimpo Hernández, subió a la tribuna para denunciar el ilegal proceder de las autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) al especular con los recursos públicos otorgados a la institución. Con los resultados de la Cuenta Pública de 2012 elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) del estado, el legislador del partido Encuentro Social demostró que el rector Felipe Cuamea Velázquez invirtió en ese año 150 millones de pesos del presupuesto universitario en la Bolsa Mexicana de Valores que le dejaron productos financieros por 10 millones de pesos. El funcionario universitario hizo dicho movimiento amparado en una modificación a los estatutos internos de la universidad realizada durante la gestión del exrector Alejandro Mungaray que facultan al Patronato para invertir los recursos en donde se puedan obtener mayores utilidades, salvo prácticas mercantiles, como es el caso. Sin embargo, el diputado local aclaró que la ley orgánica de la UABC establece claramente que los recursos públicos "no pueden ser sujetos a estas prácticas mercantiles". Además, subrayó que el propio órgano fiscalizador hizo una observación en ese sentido en la Cuenta Pública de 2012. En la sesión de ese día, Olimpo Hernández solicitó al rector Cuamea Velázquez una aclaración sobre las inversiones bursátiles realizadas durante su gestión. Hasta ahora, el rector de la UABC, quien en cinco meses más concluirá una gestión marcada por los escándalos, no se ha pronunciado al respecto. Identificado con el grupo político del exrector Alejandro Mungaray, quien fungió como secretario de Desarrollo Económico del gobierno panista de Baja California, hasta noviembre de 2013, Cuamea Velázquez ha destituido a catedráticos que denunciaron ilegalidades y corrupción en la casa de estudios. En los últimos tres años, la UABC ha enfrentado un centenar de demandas laborales por despido injustificado de maestros de diversas escuelas y facultades, la mayoría de los cuales fueron indemnizados con 100 mil pesos al ganar los juicios. Un caso que se encuentra en tribunales es el del maestro Daniel Solorio --exapoderado legal de la UABC y candidato a rector en diversas ocasiones-- que en 2012 fue dado de baja por supuestas ausencias a dar clases, a pesar de encontrarse en actividades con sus alumnos. Con 35 años de servicio en la UABC, Solorio se convirtió en uno de los críticos del proceso de selección del rector por las anomalías legales que antecedieron a la imposición del actual rector. Cuamea Velázquez se ha negado de manera reiterada a responder los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre la investigación del ORFIS y se ha limitado a ponderar la transparencia de "todo proceso" en la universidad estatal y que sólo emitirá declaraciones a través de los canales adecuados. "Prefiero guardar la línea de comunicación formal que tenemos con el Congreso y en este momento no les puedo decir ni sí ni no" expreso a reporteros al tiempo de advertir que "si hay alguna inconformidad que quiera hacer valer la comisión (de fiscalización) del congreso nos la tiene que hacer llegar por la vía formal, que es a través del ORFIS y dirigido al patronato y al rector". Sin embargo, la solicitud de información ya estaba hecha desde principios de semana. El presidente de la comisión parlamentaria dijo en entrevista telefónica a Síntesis Televisión que está en espera de que la universidad conteste "la petición que se le ha hecho al rector y con base en lo que responda ya tomaremos las decisiones conducentes". Con 60 mil alumnos y una planta laboral de 5 mil maestros y empleados, la UABC obtiene un presupuesto anual del orden de los 5 mil millones de pesos, cantidad similar a la que percibe el ayuntamiento de Tijuana.