MÉXICALI, B.C. (apro).- Luego de darse a conocer una serie de irregularidades administrativas y financieras, diputados del Congreso local ejercen presión para forzar la renuncia del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de esta entidad (PDHPCBC), Arnulfo de León Lavenant, cuya gestión concluye formalmente el próximo año. De no hacerlo de manera voluntaria, advierten con asumir medidas más drásticas como iniciar un juicio político en su contra o denunciarlo administrativa y penalmente por las anomalías y el uso discrecional del presupuesto asignado al organismo que dirige desde el 2 de junio de 2012 y al que llegó impulsado por el PRI. Las acusaciones contra el ombudsman bajacaliforniano datan de diciembre de 2013, cuando la Comisión de Fiscalización auditó sus cuentas después de una serie de quejas presentadas por un grupo de exempleados del organismo que incluso demandaron que fuera sometido a juicio político. Organizaciones civiles de derechos humanos se sumaron a esa petición por considerar que De León Lavenant convirtió al organismo autónomo en una extensión de los partidos políticos al dar cabida a puros “recomendados” de la clase política local. En una carta dirigida a los integrantes del Consejo Consultivo de la PDHPCBC, Sergio Hernández Zinzún pidió en 2013 a los legisladores el inicio de un procedimiento de juicio político contra el ombudsman por faltas graves, como la utilización en beneficio propio de los recursos públicos y de los bienes muebles e inmuebles, la discrecionalidad para decidir los sueldos de los empleados y otorgar préstamos, la comprobación de gastos, la contratación de asesorías y servicios profesionales externos, entre otras. De León Lavennat, dijo, “trasgrede los valores humanos más elementales, como la justicia y la equidad y los derechos constitucionales y humanos de las personas que han sido despedidas sin ofrecer ningún tipo de explicación, razones o motivos justificados”. En la actualidad, existen al menos 20 demandas laborales por despidos injustificados. Según Hernández Zinzún, el titular de la PDHPC también asignó plazas a recomendados de servidores públicos y diputados “con el propósito de obtener favores futuros”, por lo que desde entonces solicitó su destitución, el fincamiento de responsabilidades legales y su inhabilitación. La denuncia pública trajo consigo que diputados locales citaran a De León Lavenant para que explicara el uso discrecional de los recursos del organismo y que el ente estatal fiscalizador pusiera la lupa sobre el gasto ejercido. Con los resultados de las auditorías, que arrojaron un desorden financiero en el organismo, los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PEBC y PANAL se pronunciaron por la destitución de León Lavenant. A esa petición se sumó luego el PRI. Incluso, trascendió que el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, René Mendivil, se reunió con De León para exigirle su renuncia, mientras que la presidenta de la Comisión de Hacienda Rosalba López Regalado anunció la procedencia de denuncia penal a partir de auditorías del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. La panista dijo que en las comparecencias para que explicara lo que sucede al interior de la PDHPC, “él asumió la responsabilidad de las irregularidades”, comentó al tiempo de señalar que se cuentan con los elementos documentales suficientes para un proceso penal.