MÉXICO, D.F. (apro).- La comisión federal y las autoridades sanitarias del estado de Sonora entregaron un primer reporte sobre los daños a la salud de la población causados por la minera Buenavista del Cobre con el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi el pasado 6 de agosto. El reporte establece que se detectaron 19 casos de intoxicación aguda en seis de los siete municipios rurales afectados por una falla técnica registrada en la planta del Grupo México. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), precisó que la causa de la intoxicación fue el contacto directo con el agua contaminada que se tradujo en cuadros de conjuntivitis, dermatitis y males gastrointestinales. A su vez, la Cofepris y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentaron la estrategia general para reabrir paulatinamente 19 de los 29 pozos cerrados de manera preventiva y que suministran agua a 95% de la población afectada por el derrame. Asimismo, se anunció que a partir de hoy y hasta el próximo 15 de octubre comenzarán las pruebas del agua de los pozos (dos por día) para determinar la calidad del líquido y resolver si es viable su reapertura de manera definitiva, conforme a la Norma Oficial Mexicana de seguridad del agua para consumo humano. El titular de la Cofepris, Mikel Arriola Peñalosa, destacó que las labores de saneamiento básico son permanentes en los siete municipios afectados por el derrame, y la vigilancia epidemiológica de las personas dañadas se mantendrá muy cercana. Recalcó que se ha obligado a la minera de Grupo México a controlar estrictamente sus emisiones de contaminantes y financiar los costos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Permanente, así como realizar un estudio para medir el impacto a la salud de los pobladores en el corto, mediano y largo plazo. Además, la Comisión Sonora acordó con los alcaldes de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, la construcción paulatina de plantas potabilizadoras permanentes que garanticen el abasto de agua, así como la entrega de tinacos. En su comunicado, la Segob precisó que el gobierno federal creará subcomisiones operativas en esas localidades, las cuales realizarán un diagnóstico detallado de los daños y recabarán información de la población afectada mediante la realización de un censo. De igual manera, se constituirán como ventanilla de atención del Fideicomiso de 2 mil millones de pesos creado por Grupo México. "También se propuso la posibilidad de anunciar el restablecimiento del servicio de agua entubada únicamente para uso doméstico (sanitarios, lavado etc.), pero no para consumo humano", abundó la dependencia. A la sesión del Comité de Seguridad en Salud asistieron el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rodolfo Lacy Tamayo; el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez; el coordinador general de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca de la Conagua, Oscar Pimentel González, así como el secretario de Salud de Sonora, Bernardo Campillo, y los delegados federales del IMSS e ISSSTE, entre otros. Alimentos libres de tóxicos La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) aseguró que los alimentos pecuarios procedentes de la zona del derrame en Sonora están libres de toxicidad y sin riesgo para el consumo humano. De acuerdo con el coordinador general de Ganadería de la dependencia, Francisco Gurría, todavía se realiza un monitoreo del curso del derrame de tóxicos, pero las instancias encargadas de determinar los niveles de toxicidad –añadió– ya liberaron de riesgo la zona. En conferencia de prensa, el funcionario federal manifestó que inicialmente fueron sacrificadas alrededor de 25 cabezas de ganado que abrevaron en aguas contaminadas para determinar si había niveles de riesgo en el consumo de carne y de leche. Y precisó que con el fideicomiso de 2 mil millones de pesos y a través del gobierno federal, fueron analizados 576 pozos en diferentes momentos desde que se dio el derrame y "ya se liberaron todos los pozos porque se hizo el análisis de la calidad del agua y no se encontró que hubieran contaminado de manera permanente". De esta forma, resaltó, estos pozos ya funcionan otra vez para regar los cultivos de cebolla, rábano y algunos forrajes. La afectación "ha sido realmente menor dada la condición de ese primer impacto de la calidad del derrame y estamos muy de cerca con los productores y toda la producción que pudiera ser afectada", sostuvo Gurría.