CANCÚN, Q. Roo (apro).- El diputado perredista Jorge Carlos Aguilar Osorio presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las acciones que ha instrumentado la Policía Turística Municipal (PTM) para impedir el acceso de ciudadanos a las playas  públicas de la entidad. De acuerdo con el legislador, el pasado 5 de agosto elementos de la PTM ordenaron a Cristel Pérez Vázquez y Rocío Sánchez Valdez abandonar la zona de playas de Chac Mool “por ser propiedad privada” y porque no estaba permitido el acceso a quienes no fueran huéspedes de los hoteles. Según Aguilar Osorio, además de los testimonios de las dos mujeres, obtuvo los de otros ciudadanos que pidieron se dé a conocer la prohibición para acceder a las playas de este municipio. Precisó que la sistemática negativa para que los ciudadanos tengan acceso a las playas “son actos de discriminación y de no igualdad de derechos”. Dentro del marco legal, destacó, no hay mandato que funde y motive la restricción a las playas públicas de la entidad, y responsabilizó a la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de no aplicar medidas para garantizar que las familias tengan libre acceso. El perredista refirió que en el plan maestro del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de Cancún de 1970 incluía 15 playas públicas, pero actualmente “ya casi no hay, y en las pocas que quedan abiertas hay severas restricciones para su acceso”. Por ello, dijo, espera que el recurso que interpuso detone más quejas de ciudadanos por los actos discriminatorios contra la población local. Por su parte, la regidora del municipio de Solidaridad (Playa del Carmen), Laura Beristaín, denunció que el hotel Paradisus pretende instalar  una cerca que bloquearía el acceso a la playa de Punta Esmeralda en esa ciudad de la Riviera Maya. “Existe una política de entreguismo al servicio de los intereses de hoteleros extranjeros por encima de los propios habitantes de este lugar”,  manifestó la perredista, y exigió al presidente municipal, el priista Mauricio Góngora, que atienda los reclamos. Beristaín afirmó  que el caso de Punta Esmeralda es sólo un ejemplo de muchos que existen en el estado, y por ello –subrayó– es necesario que la sociedad civil se movilice con el objetivo de no permitir el cierre de las pocas playas que quedan para ser disfrutadas por los habitantes del lugar.