CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó al Estado mexicano por no garantizar la vida, seguridad y trabajo de las mujeres en el país; además, exigió una disculpa pública, así como el reconocimiento de la deuda moral que tienen las autoridades con las mujeres. Además, las autoridades deberán dar protección a las defensoras de casos de violencia contra mujeres, contra indígenas, contra el medio ambiente y campesinos, así como a periodistas y sus familias. Frente a Palacio de Gobierno, que permaneció con las puertas cerradas, las cinco juezas internacionales, Mireille Fanon, Rosa Linda Fregoso, Sylvia Marcos, Cynthia Bejarano y Rita Segato, conminaron a las instancias internacionales a dar seguimiento a las recomendaciones que ha recibido México. Asimismo, consideraron que fiscales, jueces y otras autoridades llevan a la esfera pública los prejuicios con los que fueron formados en el medio familiar. El gobierno estatal y los locales, acusaron, han establecido un marco legal y constitucional que permite las violaciones graves y generalizadas contra las mujeres, pese a la firma y aval de tratados internacionales. Además, denunciaron, las autoridades participan directamente, por omisión o comisión, en los feminicidios, trata de personas y desapariciones, lo que impide a las mujeres tener una vida libre y digna. También señalaron que hay graves violaciones de derechos humanos en el país por el incumplimiento de la persecución del feminicidio y los otros delitos señalados, así como en contra de comunidades indígenas y campesinas, porque no hay investigación ni persecución; aparte de que permiten el encubrimiento y silenciamiento, lo que genera escenas de impunidad generalizada. Las autoridades criminalizan también el trabajo de las defensoras, han incumplido las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y las empresas transnacionales como mineras, compañías energéticas y bancos han contribuido también a la violencia contra las mujeres, debido a que no respetan sus derechos humanos. Alma Gómez Caballero, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), dio la bienvenida a las juezas, quienes estuvieron durante dos días en la ciudad de Chihuahua para escuchar a mujeres de cinco estados, víctimas de feminicidio, desaparición forzada, trata de personas y despojo, entre otros. Gómez Caballero explicó que el lugar donde dieron a conocer el dictamen del TPP, al pie de la Cruz de Clavos o Cruz de la Impunidad, frente a palacio de gobierno, es un lugar emblemático porque ha recogido durante los últimos años las masacres y crímenes más fuertes contra la sociedad chihuahuense y que permanecen impunes. Cuando colocaron la primera cruz, ésta tenía 97 clavos que representaban a cada una de las mujeres asesinadas hasta el momento, pero actualmente son más de 2 mil las mujeres masacradas en la entidad. Durante dos días expusieron testimonios de dolor e impunidad en el Teatro de Cámara de esta capital, a donde acudieron activistas y víctimas de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Distrito Federal, Chiapas y Chihuahua. Miles de mujeres mexicanas han asumido roles de investigadoras, defensoras de derechos humanos, de sus propias familias, luego de la violencia generalizada que se desató en el marco de la lucha contra el narcotráfico.