Piden ONG a juez que conceda prisión domiciliaria a la activista Enedina Rosas

lunes, 29 de septiembre de 2014
PUEBLA, Pue. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Frente Nacional de Organizaciones y Pueblos en Lucha y habitantes del ejido San Felipe Xonacayucan pidieron al juzgado de Atlixco otorgar a la líder campesina Enedina Rosas Vélez el derecho a la prisión domiciliaria por su precario estado de salud. Además, responsabilizaron al gobernador Rafael Moreno Valle de lo que pueda sucederle a la mujer presa en el penal de Atlixco desde el pasado 6 de abril por oponerse a la construcción del gasoducto Morelos. “Su deterioro se ha dado como consecuencia de su ilegal y arbitraria detención”, denunciaron. En rueda de prensa, Simón Hernández León, abogado del Centro Prodh, dijo que la prisión domiciliaria de Enedina no sería una concesión por parte del juez de Atlixco, Elmo Mayoral Bello, sino un derecho que le otorgan las leyes por su delicado estado de salud. Sostuvo que las condiciones de hacinamiento y de humedad que persisten el penal de Atlixco podrían ser de consecuencias “lamentables” para la salud de Enedina Rosas, cuyo “único delito” es, subrayó, representar la voluntad de su pueblo para no permitir el paso por sus tierras ejidales de la obra del gasoducto. A Rosas Vélez se le fincaron cargos por el supuesto robo “con violencia” de dos celulares a José Alí Reyes Méndez, ejecutivo de la empresa italiana Bonatti, subcontratada para construir el gasoducto, pero tanto él, como las otras cuatro personas que sirvieron como testigos para encarcelarla, dieron domicilios falsos, por lo que no han podido ser citadas para seguir el juicio. Asimismo ya quedó demostrado Reyes Méndez mintió en sus señalamientos ante el  juez, pues además de Enedina, responsabiliza del robo de los celulares al activista Juan Carlos Flores Solís, quien, con documentos oficiales, ya demostró que justo ese día y a esa hora se encontraba en una reunión con funcionarios del gobierno estatal. Aunque no hay sustento para mantener a Enedina Rosas en prisión, la mujer no puede ser liberada porque el caso se encuentra entrampado luego de quienes la acusan no han podido ser localizados para el desahogo de diligencias y careos. Las organizaciones recordaron que desde su detención por parte de supuestos policías estatales vestidos de civiles, quienes con armas largas la encañonaron y con lujo de violencia la detuvieron, Enedina ha sufrido una serie de vejaciones en contra de su integridad y dignidad humana. En un pronunciamiento, indicaron que en su estancia en el Cereso de Atlixco, la líder campesina ha sufrido violaciones graves a su integridad tanto emocional como física, ha sido presa de amenazas por parte de personal del juzgado, del reclusorio, incluso de gente que dice trabajar para el gobierno del Estado. “…le dicen que si siguen en su pueblo oponiéndose a la construcción del gasoducto nunca va a salir de allí. Incluso ha recibido amenazas en contra de su familia”, denunciaron. Por las condiciones “deplorables” del Cereso de Atlixco, al ingresar la mujer sufrió un golpe en la cabeza que la dejó inconsciente por unos minutos. Además, tuvo que ser saturada, sin que recibiera la atención adecuada pese a sus 65 años de edad. El pasado 5 de agosto empezó con una tos que al no ser atendida como debe ser se complicó, pese a que su hija, Lucina Quintero, hizo todo lo humanamente posible para que ingresara un médico o le permitieran atender a su madre. “Como consecuencia de los ataques de tos tan intensos que le daban, que no le permitían respirar hasta el día 11 de septiembre, fue hospitalizada con un cuadro grave de neumonía permaneciendo ahí hasta la fecha”, refieren las organizaciones. El pasado 22, Rosas Vélez fue diagnosticada con una enfermedad crónica grave en las vías respiratorias conocida como EPOC, la que por recomendaciones del médico requiere un tratamiento especial con la finalidad de que pueda controlarse y “no tener consecuencias mayores”. Los abogados explicaron que la semana pasada la defensa interpuso un escrito para solicitar al juez que le conceda a la mujer la prisión preventiva domiciliaria en base a su precario estado de salud. “Para que pueda tener la oportunidad de llevar a cabo el tratamiento diagnosticado y tener esperanza de vida, de lo contrario, advirtieron, las consecuencias podrían ser lamentables”.  

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